ICE sufre revés en la redada de Van Nuys
Jueza dice que violó normas y actuó con prejuicio
Los operativos de ICE deben seguir lineamientos legales. [Foto: Ciro
Cesar La Opinión] |
Una jueza de inmigración dictaminó que la redada llevada a cabo el 7 de febrero de 2008, en la empresa Micro Solutions
Enterprises de Van Nuys, violó las propias normas de operación de la Oficina de
Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y por ello ordenó que uno de los
detenidos fuera liberado del proceso de deportación al que estaba sometido.
El fallo judicial fue emitido el pasado 10 de febrero y los abogados
representantes del caso lo darían a conocer hoy por la mañana en conferencia de
prensa.
La Opinión obtuvo los documentos de la Corte Federal de Inmigración en Los Ángeles
sobre el caso A95-748-837, donde se exponen los motivos que culminaron en la
decisión a favor de Gregorio Pérez Cruz, un joven de 23 años de edad,
originario de Puebla, México, quien fue uno de los más de 130 detenidos aquella
tarde de redada.
La decisión de la jueza Ashley Tabaddor fue considerada como un precedente legal
para los casos de personas detenidas en redadas y que enfrentarían procesos de
deportación por parte de ICE.
"Que la forma fue ilegal, fuera de las mismas normas de inmigración, que la forma en
que se llevó a cabo esa redada fue en violación de sus propias regulaciones,
por ello se ordenó cancelar la deportación", comentó una fuente
relacionada con el caso y que pidió no ser identificada.
Aunque el joven Gregorio Pérez Cruz no podrá obtener una solución a su situación
migratoria, al menos por el momento evitará ser expulsado a México.
En la redada de Micro Solutions Enterprises oficialmente fueron 138 los detenidos,
de los cuales 130 estaban en la misma situación de Gregorio, según comentó un
abogado de ellos.
Este caso, confiaron algunos abogados, pudiera beneficiar a muchos inmigrantes que
han sido detenidos en redadas en todo el país y que están en procesos de
deportación, incluyendo a los trabajadores de Micro Solutions.
La jueza Tabaddor precisó que en el operativo de ICE se actuó con prejuicio, que
la detención fue ilegal y que las declaraciones obtenidas fueron mediante
interrogatorio también fuera de la ley.
Los documentos de la Corte de Inmigración señalan que ese día de la redada
alrededor de 100 agentes de ICE armados irrumpieron en la fábrica, en
cumplimiento de una orden de inspección girada por el juez magistrado Jeffrey
W. Johnson para revisar la documentación de los empleados contratados a partir
del 1 de enero de 2000, así como en la búsqueda de tres individuos que estaban
acusados de falsificar documentos para conseguir empleo.
Luego de que los agentes ordenaron a los trabajadores que dejaran de trabajar, según
dice el expediente del caso, los colocaron en un pasillo y separaron a los
hombres de las mujeres.
Después a los hombres les indicaron que hicieran dos filas, una en la que se formaran
los ciudadanos o residentes permanentes y en la otra quienes no tuvieran
permiso para trabajar en el país. Quienes dijeron ser ciudadanos o residentes
fueron desalojados y los demás esposados, sin que los agentes obedecieran los
lineamientos para un arresto de informar sobre los derechos del detenido.
Ya detenidos no se les permitió hacer llamadas telefónicas y fueron interrogados
sin la presencia de un representante legal.
El fallo judicial se dio luego de que organizaciones como el National Immigration
Law Center (NILC), la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) en el
Sur de California y el National Lawyers Guild de Los Ángeles presionaran a ICE
para que revelara los documentos sobre cuál fue el protocolo y la logística que
sus agentes siguieron al realizar esa redada.
La petición de esas organizaciones estaba encaminada a determinar si violaron los
derechos civiles de las decenas de trabajadores de esa empresa cuando fueron
arrestados.
De acuerdo con la decisión de la jueza Tabaddor, ICE no cumplió con el protocolo
del Worksite Enforcement Policy Memorandum, una guía que la agencia federal
debe cumplir al realizar sus operativos.
Sin embargo, esta sentencia no determina si se violentaron los derechos
constitucionales de los detenidos.
Tras el litigio que emprendieron organizaciones defensoras de los inmigrantes encabezadas por la Coalición por los Derechos
Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) y ACLU, en junio pasado ICE
llegó a un acuerdo con esos grupos para asegurar que a los detenidos en redadas
se les facilitara el acceso a defensores legales.
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