ICE sufre revés en la redada de Van Nuys
Jueza dice que violó normas y actuó con prejuicio
Los operativos de ICE deben seguir lineamientos legales. [Foto: Ciro Cesar La
Opinión] |
Una jueza de inmigración dictaminó que la redada llevada a cabo el 7 de
febrero de 2008, en la empresa Micro Solutions Enterprises de Van Nuys, violó
las propias normas de operación de la Oficina de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE), y por ello ordenó que uno de los detenidos fuera liberado del
proceso de deportación al que estaba sometido.
El fallo judicial fue emitido el pasado 10 de febrero y los abogados
representantes del caso lo darían a conocer hoy por la mañana en conferencia de
prensa.
La Opinión obtuvo los documentos de la Corte Federal de Inmigración en Los
Ángeles sobre el caso A95-748-837, donde se exponen los motivos que culminaron
en la decisión a favor de Gregorio Pérez Cruz, un joven de 23 años de edad,
originario de Puebla, México, quien fue uno de los más de 130 detenidos aquella
tarde de redada.
La decisión de la jueza Ashley Tabaddor fue considerada como un precedente
legal para los casos de personas detenidas en redadas y que enfrentarían
procesos de deportación por parte de ICE.
"Que la forma fue ilegal, fuera de las mismas normas de inmigración, que la
forma en que se llevó a cabo esa redada fue en violación de sus propias
regulaciones, por ello se ordenó cancelar la deportación", comentó una fuente
relacionada con el caso y que pidió no ser identificada.
Aunque el joven Gregorio Pérez Cruz no podrá obtener una solución a su
situación migratoria, al menos por el momento evitará ser expulsado a
México.
En la redada de Micro Solutions Enterprises oficialmente fueron 138 los
detenidos, de los cuales 130 estaban en la misma situación de Gregorio, según
comentó un abogado de ellos.
Este caso, confiaron algunos abogados, pudiera beneficiar a muchos
inmigrantes que han sido detenidos en redadas en todo el país y que están en
procesos de deportación, incluyendo a los trabajadores de Micro Solutions.
La jueza Tabaddor precisó que en el operativo de ICE se actuó con prejuicio,
que la detención fue ilegal y que las declaraciones obtenidas fueron mediante
interrogatorio también fuera de la ley.
Los documentos de la Corte de Inmigración señalan que ese día de la redada
alrededor de 100 agentes de ICE armados irrumpieron en la fábrica, en
cumplimiento de una orden de inspección girada por el juez magistrado Jeffrey W.
Johnson para revisar la documentación de los empleados contratados a partir del
1 de enero de 2000, así como en la búsqueda de tres individuos que estaban
acusados de falsificar documentos para conseguir empleo.
Luego de que los agentes ordenaron a los trabajadores que dejaran de
trabajar, según dice el expediente del caso, los colocaron en un pasillo y
separaron a los hombres de las mujeres.
Después a los hombres les indicaron que hicieran dos filas, una en la que se
formaran los ciudadanos o residentes permanentes y en la otra quienes no
tuvieran permiso para trabajar en el país. Quienes dijeron ser ciudadanos o
residentes fueron desalojados y los demás esposados, sin que los agentes
obedecieran los lineamientos para un arresto de informar sobre los derechos del
detenido.
Ya detenidos no se les permitió hacer llamadas telefónicas y fueron
interrogados sin la presencia de un representante legal.
El fallo judicial se dio luego de que organizaciones como el National
Immigration Law Center (NILC), la Unión Americana para las Libertades Civiles
(ACLU) en el Sur de California y el National Lawyers Guild de Los Ángeles
presionaran a ICE para que revelara los documentos sobre cuál fue el protocolo y
la logística que sus agentes siguieron al realizar esa redada.
La petición de esas organizaciones estaba encaminada a determinar si violaron
los derechos civiles de las decenas de trabajadores de esa empresa cuando fueron
arrestados.
De acuerdo con la decisión de la jueza Tabaddor, ICE no cumplió con el
protocolo del Worksite Enforcement Policy Memorandum, una guía que la agencia
federal debe cumplir al realizar sus operativos.
Sin embargo, esta sentencia no determina si se violentaron los derechos
constitucionales de los detenidos.
Tras el litigio que emprendieron organizaciones defensoras de los inmigrantes
encabezadas por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los
Ángeles (CHIRLA) y ACLU, en junio pasado ICE llegó a un acuerdo con esos grupos
para asegurar que a los detenidos en redadas se les facilitara el acceso a
defensores legales.
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