ICE transfiere 1,600 inmigrantes indocumentados a cinco
prisiones federales
El traslado a gran escala será temporal, según informó el Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas. Son cinco las prisiones a las que serán llevados quienes
estén esperando sus audiencias. El mayor número de estos detenidos irá a una
prisión en California.
Mariana Rambaldi, Patricia Clarembaux y Jorge Cancino
Univision Noticias
7 de junio de 2018
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este jueves que trasladará a
1,600 indocumentados en custodia del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) a cinco prisiones federales de forma temporal, según confirmó la
agencia a Univision Noticias.
El primer reporte sobre este tema se conoció a través de Reuters, que explicó que
se trata de personas que esperan una audiencia en las cortes de inmigración,
incluyendo a solicitantes de asilo.
“Debido a la actual emergencia de cruces fronterizos
ilegales e implementación de la política de ‘tolerancia cero’
del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas está trabajando para cubrir la demanda de espacio
adicional de detención, tanto a corto como a largo plazo”, indicó a
Univision Noticias Danielle Bennett, vocera de ICE.
“Para cumplir con esta necesidad, ICE está colaborando con los US Marshals (USMS), el
Buró Federal de Prisiones (BOP), operadores privados de centros de detención y
agencias de gobiernos locales”, añadió.
Este miércoles se conocieron las estadísticas de detenciones en la frontera.
Mayo es el tercer mes consecutivo del año en el que el número continuó en
ascenso: superó los 50,000 arrestos, según cifras de la
Patrulla Fronteriza (CBP). Esto demuestra que la crisis de
inmigrantes llegando por la frontera sur de Estados Unidos continúa a pesar del
recrudecimiento de las medidas del gobierno de Donald Trump.
En total, son cinco las prisiones que recibirán a los detenidos. La Victorville,
en California, será la que reciba el mayor número, unos 1,000. También se
cuentan la FDC SeaTac, en Washington, que albergará a 209; La
Tuna, en Texas, a 230; la Sheridan, en Oregon, a 130; y
FCI Phoenix, en Arizona, a otros 102. Todas son operadas por el BOP.
"El uso de las instalaciones de BOP pretende ser una medida temporal hasta
que ICE pueda obtener contratos adicionales a largo plazo para nuevos centros
de detención o hasta que esta ola de cruces fronterizos ilegales
disminuya", agregó al explicar que con la medida pretenden
garantizar "suficiente espacio de detención para retener a los extranjeros
antes de su remoción o adjudicación por un juez de inmigración".
Es la primera vez que el gobierno de Donald Trump hace un traslado a gran escala de
detenidos por temas migratorios a prisiones federales. Con esto refuerza su
política orientada a criminalizar la estadía indocumentada, una falta de
carácter civil y no criminal.
Recién en abril, el presidente firmó un memorando en el que informó que utilizarían instalaciones
militares para ampliar su capacidad de detener a inmigrantes. El presidente le
pidió entonces a los departamentos de Seguridad Nacional, Defensa, Justicia y
Salud que le entregaran en los siguientes 45 días una lista con todos los
espacios gubernamentales disponibles. Hasta el momento, el gobierno no ha dado
más detalles sobre este tema.
Desde que asumió el cargo en enero de 2017, Trump ha
insistido en eliminar la política conocida como 'catch and release',
una práctica que permitía dejar en libertad a inmigrantes indocumentados
detenidos mientras se resolvían sus casos en suelo estadounidense.
Este memorando de abril busca evitar a toda costa que los menores y adultos
detenidos en la frontera tengan la opción de ser liberados dentro del
debido proceso migratorio.
Además de utilizar cárceles federales, están buscando espacios tales como pequeños
aeropuertos que no se utilizan en el estado de Texas, por ejemplo, para
construir albergues y trasladar a personas que están deteniendo en la frontera,
dijo el abogado Álex Galvez a Univision Noticias.
Gálvez señaló además que existe el temor de que el gobierno también utilice las cortes
federales para procesar casos de violación a las leyes de inmigración que
normalmente son atendidos en tribunales migratorios.
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