Ido pero no olvidado por fiscales españoles
José de la Isla
Hispanic Link
HOUSTON, Texas – el 20 de mayo, Ari Shapiro, de National Public Radio, reveló que en el año 2002, un
interrogador había recibido autorización de sus superiores para torturar a Abu
Zubaydah. Esto ocurrió antes que el Departamento de Justicia hubiera emitido un
memorando de John Yoo sobre los interrogatorios “severos”.
Las técnicas aplicadas contra Zubaydah, a quien se detuviera el 28 de marzo del 2002, recibieron autorización
cada día. Durante los primeros dos meses, el psicólogo James Mitchell,
contratista de la CIA, se sentaría frente a una computadora para enviar un
cable al centro contraterrorista de la CIA pidiendo permiso para aplicar
técnicas más intensas. Ali Soufan, ex interrogador de la FBI, quien estuvo
presente, este mes testificó que Mitchell continuamente pedía “autorización”
para aplicar métodos cada vez más intensos.
Ya que la primera guía legal del Departamento de Justicia no se emitió sino hasta el primero
de agosto, ¿quién era la persona del otro lado del teléfono que autorizaba el
permiso?
La CIA reconoció que sí, Mitchell sí pidió permiso pero la agencia se negó a describir
la guía legal.
Una fuente, con conocimiento de lo ocurrido, le reveló a Shapiro bajo condiciones de anonimato que la CIA envió
el pedido a la Casa Blanca, donde consejero legal de la Casa Blanca, Alberto
Gonzáles, dio su autorización, permitiendo aplicación de la técnica.
Otra persona, Bradford Barenson, ex consejero legal de la Casa Blanca, le dijo a Shapiro que
“normalmente la oficina del consejero legal de la Casa Blanca no entra en el
tema de aconsejar a nadie más allá de la misma Casa Blanca”.
Barenson formó parte del personal legal con la tendencia ideológica que fomentara la Sociedad
Federalista que pobló la Casa Blanca bajo Bush.
La “relación de Gonzáles con el presidente era muy cercana, muy confidencial”, al punto que
tenían un intercambio por teléfono, “una guía informal”, que dejaba en claro
que lo que el presidente quería se realizara “sin tener que entrar en
decisiones formales”. Esta descripción de la cultura de la oficina se la dio a
Bill Minutaglio para una biografía de Gonzáles titulada, The President’s
Counselor, y publicada en el 2006.
Justo antes del 11 de septiembre, 2001, la prioridad era hacer muchos nombramientos
judiciales (consistentes con la perspectiva de la Sociedad Federalista) y
fortalecer las prerrogativas de la presidencia.
El 14 de septiembre del 2001, una resolución conjunta del Congreso le otorgó a Bush la
autorización de responder al ataque del 11/9 con fuerza militar. Minutaglio
escribió que le dio a “Bush el músculo para pelear la guerra de cualquier
manera necesaria”, embarcando a Gonzáles y a otros consejeros “en un sendero
clandestino y controvertido”.
Dentro de la Casa Blanca, Gonzáles argüía a favor de procesar y extraer “toda información
concebible” de o sobre personas sospechadas de ser terroristas. Esto implicaba
recoger “toda miga de evidencia posible”, y de desafiar limitaciones
establecidas anteriormente. La resolución del 14 de septiembre le permitió a
Bush “a usar toda fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones,
organizaciones o personas” involucradas en el 11 de septiembre.
La noción de “fuerza necesaria y apropiada” es la que ha respaldado las controversias de
interceptación de líneas telefónicas y de tortura. Al ofrecerle latitud a la
administración de Bush, las situaciones se convirtieron en excesos de algunas
leyes estadounidenses y algunos tratados internacionales.
Cada nueva clave, como las que develó Shapiro sobre lo ocurrido, justifica aun más la
necesidad de una comisión nacional que estipule descubrimiento absoluto.
Existe, claro está, interés intenso de parte del público por tener una
comprensión sin rodeos sobre lo que ocurrió.
Con el tiempo, la claridad y la sencillez han de surgir de los detalles laberínticos, muchos
de los cuales se hallan ocultos todavía, para enterarnos el por qué se optó por
cierto curso político. De lo contrario, se volverán a repetir los mismos
errores.
Pero hasta el momento, el descubrimiento absoluto y la comprensión están a la zaga de lo que
son los detalles embarazosos, hasta los detalles perjudiciales, de las personas
que sobrepasaron la raya.
El 17 de marzo en una reunión en la embajada de los Estados Unidos en Madrid, el fiscal jefe
de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, les dijo a las autoridades que
suspendería su investigación en curso del ex fiscal de la Nación, Alberto
Gonzáles, y sus cinco asociados en cuanto al papel que jugaron en la tortura de
seis ciudadanos españoles detenidos en Guantánamo, con tal que los Estados
Unidos realizara su propia investigación del tema, informó en su blog,The Daily
Beast, Scott Horton, profesor de derecho y escritor.
Los cinco asociados son ex subfiscal (ahora juez federal) Jay Bybee, ex fiscal diputado
John Yoo, ex consejero general del Departamento de Defensa William J. Haynes,
II, ex jefe de personal del vicepresidente Cheney, David Addington, y ex
subsecretario de Defensa, Douglas J. Feith.
Zaragoza no recibió respuesta alguna. Ahora se anticipa los fiscales españoles anunciarán
pronto que proseguirán con su investigación.
[José de la Isla, cuyo último libro Day Night Life Death Hope, lo distribuye la Fundación Ford, redacta un
comentario semanal para Hispanic Link News Service. También es autor de The
Rise of Hispanic Political Power (2003). Comuníquese con él a: joseisla3@yahoo.com Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam,
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