Impunidad legal
El Senado de los EE.UU. aprobó ayer un proyecto que le permitiría a las
empresas de telecomunicaciones quebrantadoras de la ley, obtener un pase de
salida libre de la cárcel.
El Senado aprobó una la revisada Ley de Vigilancia a Inteligencia Extranjera
(FISA por sus siglas en inglés). Una nueva autorización de FISA se ha retrasado
debido a la oposición que hay a la protección de encause contra empresas de
telecomunicaciones por su cooperación con el gobierno de Bush en las intrusiones
ilícitas de correos electrónicos y de llamadas telefónicas de los
estadounidenses.
Algunos de los partidarios del proyecto de ley afirman que la Casa Blanca, no
las empresas de telecomunicaciones, es la culpable por las intrusiones ilícitas.
Pero eso es como decir que la persona que le abre una ventana a un ladrón no
tiene responsabilidad alguna en el delito.
Las telecomunicadoras se escudarán tras las garantías que les dio la Casa
Blanca asegurándoles que su cooperación era legal. Esto las excusa de ignorar la
ausencia de una orden judicial mandatoria para realizar intrusiones de
comunicaciones.
Lo que es preocupante también es que la mayoría de los senadores apoyaron
este proyecto de ley, entre ellos el senador Barack Obama. Él se equivocó al
cambiar su posición sobre el tema en cuestión.
Lo que es peor aún, se dice que los representantes en la Cámara que votaron a
favor de que el proyecto de ley el mes pasado recibieron casi el doble más en
donaciones de parte de las empresas de telecomunicaciones que los que votaron en
contra.
El senador Christopher Bond comentó que los estadounidenses no tenían nada de
que preocuparse a menos que tuvieran una conexión con Al Qaeda. Sin embargo, la
inclusión de activistas y académicos en listas de terroristas, la violación de
los derechos humanos de los detenidos sin acusaciones de crímenes, y la gran
facilidad con que se conciben fundamentos jurídicos para justificar la tortura,
ponen de manifiesto que los ciudadanos respetuosos de la ley tienen que
preocuparse no sólo de que se les violen sus derechos, sino de que los políticos
endosen dichas violaciones.
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