Los indocumentados detenidos en EEUU tienen pocos derechos
15 de marzo de 2009
(AP) - El programa de detención de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos ha crecido en el último decenio,
dando lugar a un sistema costoso que se suponía debía atrapar delincuentes y
asegurarse de que los indocumentados fuesen expulsados rápidamente.
No obstante, un análisis por computadora de The Associated Press de cada uno de los detenidos en un domingo reciente
muestra en lugar de ello que la mayoría de los arrestados no tienen
antecedentes delictivos y que muchos no estaban a punto de salir del país, ni
voluntariamente ni por deportación.
La noche del 25 de junio pasado había 32.000 personas en centros de detención de inmigrantes, según una base de datos
oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas
en inglés), obtenida bajo la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.
Los datos revelaron que más de la mitad, 18.690, no tenían antecedentes penales, ni siquiera por ingreso ilegal al país
u otros delitos menores. Más de 400 de aquellas sin historial delictivo
llevaban encarceladas más de un año. Una decena llevaban presos tres o más
años. Un hombre procedente de China tenía más de cinco años de estar detenido.
Casi 10.000 habían estado bajo custodia más de 31 días, el tiempo promedio de permanencia entre rejas que según el ICE
demuestra su manejo eficiente de las detenciones.
Las condiciones para obtener una fianza, que son excepcionalmente duras, se ven exacerbadas por la violación de las reglas
sobre cuánto tiempo pueden estar detenidos los inmigrantes.
Con base en un dictamen del 2001 de la Corte Suprema, el ICE tiene unos seis meses para deportar o dejar en libertad a los
inmigrantes cuyos casos hayan sido decididos, pero los abogados de inmigración
dicen que usualmente se hace caso omiso de ese plazo. En los datos del sistema
obtenidos por la AP, 950 personas estaban en esa categoría.
La acumulación de detenidos comenzó en la década de 1990, mucho antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre del
2001.
Desde 2003, no obstante, el Congreso ha duplicado a 1.700 millones de dólares la suma asignada para encarcelar a
indocumentados, cuando el furor sobre "extranjeros delincuentes" se
mezcló con los temores dejados por los ataques y una encendida retórica de los
sectores que promueven mano dura contra los indocumentados.
Los documentos judiciales muestran que la red ha atrapado no solamente a los sospechosos de terrorismo y asesinos de
policías, sino también a un estudiante destacado que se crió en Orlando,
Florida; al empleado de una tienda que ruega por que simplemente lo dejen
regresar a Canadá; y un sacerdote pentecostal que fue drogado a la fuerza por
agentes de inmigración luego que pidiese hablar con su esposa.
Los abogados de inmigración subrayan que una cifra sustancial de detenidos, de 177 países en los datos suministrados, no son
indocumentados.
Muchos de ellos, que no han cometido delitos y que llevan más tiempo, son solicitantes de asilo que están luchando por
quedarse en Estados Unidos por temor a ser asesinados en sus países de origen.
Otros son residentes desde hace tiempo que podrían tener derecho a quedarse bajo otros criterios o cuyas solicitudes de
residencia permanente fueron perdidas o mal procesadas, dicen los abogados.
Otros detenidos desde hace mucho tiempo son personas que no pueden ser deportadas porque sus países no las aceptan y
algunas otras al parecer han sido olvidadas en medio de un sistema caótico
donde 58% de los procesados no tienen abogados o alguien que los defienda.
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El ICE sostiene que la detención de los presuntos inmigrantes sin papeles es la mejor garantía de que asistan a las
audiencias en la corte y salgan del país cuando se les ordene.
"Asegura el cumplimiento de la ley y si usted mira las estadísticas, en los casos de la gente que está detenida, las
cifras son muy altas", afirmó la portavoz del ICE Cori Bassett.
Los sospechosos de haber cometido delitos graves, en cambio, tienen derecho a libertad bajo fianza.
En los tribunales de inmigración, los agentes deciden si alguien puede salir en libertad bajo fianza. Las leyes federales
estipulan que deben permanecer detenidos la mayoría de los criminales, algunas
personas que piden asilo, los inmigrantes que tienen problemas de papeles y los
que tienen orden de deportación.
"Somos inmigrantes y nos pintan como si fuésemos peor que un delincuente", sostuvo Sarjina Emy, una estudiante
brillante de 20 años que pasó casi dos años presa en la Florida porque a sus
padres les negaron un pedido de asilo cuando ella tenía cinco años.
Algunos abogados y defensores de los extranjeros que tienen problemas de papeles dicen que el ICE a menudo comete
excesos al determinar quien puede salir en libertad bajo fianza, porque el
objetivo es mantener a los reos detenidos.
Los presos pueden apelar la decisión, pero el proceso toma tiempo y, mientras tanto, siguen detrás de las rejas.
Zoubir Bouchikhi, un imán argelino que vivió legalmente 11 años en Estados Unidos, dijo por teléfono desde un centro de
detención en Houston que a su regreso al país a comienzos de año lo catalogaron
como un "extranjero que llega" al país, lo que le impide salir libre
bajo fianza.
Bouchikhi es propietario de su vivienda y tiene varios hijos nacidos en Estados Unidos. Dice que había residido
legalmente en el país por última vez en 2006.
Mantener presos a los extranjeros para asegurarse que acudan a audiencias judiciales cuesta 141 dólares por noche,
comparado con los 13 dólares que cuesta colocarles un brazalete electrónico en
el tobillo y liberarlos. Según el propio ICE, las personas que llevan esos
monitores se presentan casi siempre a las audiencias.
Los detractores del sistema afirman que, dado que los tribunales del sistema de inmigración no ofrecen las protecciones
constitucionales conferidas a asesinos y violadores, el contribuyente paga
mucho más de lo necesario por mantener un sistema injusto e inhumano.
"Esta no es una forma racional desde un punto de vista económico de garantizar que la gente se presente y no hace nada
por la justicia", expresó Judy Rabinovitz, del Proyecto Derechos de los
Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles.
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El predecesor del ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización, no tenía camas para alojar a la gente y la
opinión pública tampoco lo pedía. Millones de extranjeros sin papeles vivían
sin problemas en Estados Unidos.
En 1996, el Congreso dispuso que todo indocumentado que cometiese un delito debía ser arrestado. Un sistema que en
1994 tenía 6.785 presuntos indocumentados presos, tiene hoy cinco veces esa
cifra. Los arrestados permanecen en 260 centros de detención en todo Estados
Unidos.
Las agrupaciones que promueven mano dura hacia la inmigración ilegal dicen que los arrestos funcionan como medida
disuasiva.
"El hecho de que no haya cometido un delito no quiere decir que no debe permanecer detenido hasta que sea
deportado", señaló Ira Mehlman, de la Federación por una Reforma
Migratoria.
Emy no opina lo mismo. Pasó 20 meses en la cárcel pese a no tener antecedentes penales. ¿Su delito? Sus padres, temerosos
de que su filiación política pusiese en peligro sus vidas en Bangladesh,
vinieron a Estados Unidos con ella y sus dos hermanos en septiembre de 1993,
cuando ella tenía cinco años, según los documentos de la corte. Solicitaron
asilo político, que fue denengado, pero el padre consiguió un permiso de
trabajo.
Emy no habla bengalí y jamás imaginó que no podría ir a la universidad. Su familia dice que no sabía que el permiso de
trabajo que le dio el Departamento de Trabajo a su padre no equivalía a un
permiso de residencia.
La familia entera fue arrestada en julio de 2007. Sus padres fueron deportados, mientras ella permanecía presa, decidida a
dar pelea en los tribunales.
Dado que el pedido de asilo fue hecho a nombre de la familia entera, solo los padres pudieron acudir a una vista
judicial. Emy jamás vio a un juez, según su abogado.
En enero, un tribunal de apelaciones le negó permiso de permanecer en Estados Unidos. Emy no quiso festejar otro cumpleaños
en la cárcel y aceptó ser deportada. Se fue del país el 18 de febrero.
Las leyes de inmigración "son las únicas leyes de Estados Unidos en donde se castiga a los hijos por las acciones de sus
padres", sostuvo la abogada de Emy, Petia Vimitrova Knowles.
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Las violaciones a las leyes de inmigración son consideradas delitos comunes, equivalentes a una infracción de tránsito,
por lo que el gobierno puede detener a los indocumentados sin que éstos tengan
la protección de muchos de los derechos conferidos a los delincuentes: no hay
abogados de oficio para los que no tienen medios, no hay habeas corpus _el
derecho de un preso a comparecer de manera inmediata ante un juez o tribunal
para que resuelva si su arresto fue legal_ y pueden ser juzgados más de una vez
por el mismo delito después de haber sido hallados inocentes.
"Se detiene a la gente sin siquiera una audiencia judicial", dijo Rabinovitz. "Para mí, eso es un escándalo
¿Desde cuándo permitimos que se encarcele a alguien sin hacerle siguiera una
audiencia para determinar si puede salir en libertad bajo fianza?".
La mayoría de los inmigrantes detenidos enfrentan el complejo sistema legal estadounidense sin un abogado. El 58% de
los extranjeros que sobrellevaron procesos con el sistema de inmigración en el
año fiscal 2007 lo hicieron sin asesoría legal, según la Oficina Ejecutiva para
la Revisión de la Inmigración, una rama del Departamento de Justicia.
Aún quienes cuentan con un abogado, no pueden hacer mucho si es incompetente. En una de sus últimas medidas como secretario
de Justicia del gobierno de George W. Bush, Michael Mukasey puso fin a un viejo
precedente y determinó que los extranjeros, a diferencia de los delincuentes,
no pueden apelar los fallos con el argumento de que no recibieron buena
asesoría legal.
El ICE arguye que los indocumentados son quienes deciden si permanecen presos o no, pues quedan libres si aceptan ser
devueltos a sus países. "Ellos deciden apelar, lo que es su derecho"
y seguir entre rejas, afirmó Bassett.
El ICE tiene poderes absolutos. Puede demorar la deportación de alguien, incluso si ya hay una orden, y mantener detenidos a
extranjeros que ganaron sus casos, mientras apela el fallo.
En 2007, un juez de inmigración dictaminó que Samuel Kambo, un ex ministro de Energía de Sierra Leone que tenía maestría y
ningún antecedente penal, debía recibir la residencia permanente tras estar
preso ocho meses. El ICE, sin embargo, lo mantuvo detenido mientras apelaba el
fallo. Kambo fue liberado finalmente cuando sus abogados arguyeron que la
posición del ICE violaba la constitución.
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Los defensores de los inmigrantes dicen que el ICE encarcela a los extranjeros que no han cometido delitos a pesar de que
hay otras alternativas, por una simple razón: intimidar a la gente.
"Cuando pasas semanas y meses preso, disminuye tu determinación a pelear los cargos", dijo Judy Green, de
Estrategias para la Justicia, organismo independiente especializado en temas
carcelarios. El objetivo es "ejercer una presión intensa sobre los presos
para que acepten ser deportados".
El ICE afirma que los indocumentados no se presentan a las audiencias ni se van del país cuando son expulsados si no son
encarcelados. Aproximadamente un tercio de los indocumentados liberados que no
portaban brazaletes electrónicos no se presentaron a los tribunales en el año
fiscal 2007, según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración.
Entre 95% y 97% de los que tenían orden de deportación y no portaban monitores no se presentaron para ser trasladados a
sus países. Por ello los partidarios de mano dura dicen que es importante
meterlos presos.
Los brazaletes, sin embargo, han demostrado ser muy efectivos. El 99% de quienes los usan se presentan a sus audiencias
judiciales. Sólo 5% de los que enfrentan la deportación no aparecen en la
audiencia final, según estadísticas del ICE.
El organismo dice que el 94% de las personas expulsadas que usan brazaletes se van del país cuando han agotado todas las
instancias legales.
El Instituto de Políticas Migratorias recomienda el uso de brazaletes electrónicos en lugar de la detención de
indocumentados que no tienen antecedentes delictivos o que han cometido
infracciones menores y no son considerados un riesgo para la comunidad.
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