Justicia de ganado en Iowa
Inmigración
El mismo día que The New York Times dio a conocer la relación confortable entre
los fiscales y los jueces en Iowa, el canal de cable TNT sacó en reestreno un
episodio de Law & Order con una trama similar.
Durante el drama de una hora de duración, Sam Waterson, en el papel del fiscal de
distrito, Jack McCoy, presenta el caso contra un acusado que tiene larga
historia de conducir ebrio, quien había matado a tres personas con un auto. La
cuestión legal era el grado de culpabilidad que tenía —pena de muerte u
homicidio no premeditado, que lleva una condena de cinco a 15 años. Todo se
reducía a la manera en que se reunió la evidencia, que si hubiera habido
interferencia por algún testigo. ¿Infringió McCoy la ética legal, e intentó un
juez con ambiciones políticas hacer de lado el equilibrio de la justicia?
Mientras tanto, en la vida real, la reportera de The New York Times Julia Preston reveló
el 9 de agosto lo atónitos que quedaron algunos abogados defensores en mayo
cuando se declaró culpable de cargos criminales a unos 300 inmigrantes
indocumentados, sentenciados a condena carcelaria a sólo cuatro días de una
redada en Agriprocessor, una planta procesadora de carne en Postville, Iowa.
Resulta que en los meses previos a la redada se preparó un proyecto detallado de 117
páginas mostrando paso-por-paso cómo se llevarían a cabo las audiencias.
El grupo de defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha puesto
en línea el documento, el cual los fiscales dicen que no fue obligatorio
seguir, sino que se preparó para asistir a los abogados de defensa con un
repentino amontonamiento de casos. La mayoría de los inmigrantes
—principalmente oriundos de Guatemala— se declaró culpable. Vienen de un lugar
en el que se presupone en el tribunal que el acusado es culpable, y es poco
probable que comprendieran la transformación en la jurisprudencia ocurrida en
los tribunales aquí sin haber tenido de sus abogados suficientes consultas y
explicaciones.
Fueron detenidos sin vacilar, denunciados y sentenciados a cinco meses de cárcel en
una sala de justicia improvisada en los campos de feria del Congreso Nacional
de Ganado, en Waterloo, Iowa.
Algunos de los abogados no tuvieron ninguna queja. No obstante, hubo otros que dijeron
que el guión del proyecto detallado sugiere que el tribunal había concedido a
la campaña de los fiscales la posibilidad de obtener declaraciones de
culpabilidad antes de que se presentaran los casos ante un tribunal. No sólo se
incluyó en los guiones un modelo del alegato de culpabilidad que los fiscales
pensaban ofrecer, sino también declaraciones que hicieran los jueces cuando
aceptaran los alegatos y determinaran las sentencias.
Todo sonaba a justicia hecha para la televisión, pero sin cámaras.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración protestó porque a los
trabajadores les negaron reunirse con sus abogados y porque se puso de lado sus
peticiones de migración a favor de acuerdos poco vistos de alegato. Los
abogados de defensa criminal advirtieron de la presentación de acusaciones de
violaciones al proceso legal correspondiente al caso.
Si los inmigrantes intentaban defenderse, les amenazaban con un mínimo de dos años
de cárcel. Con las manos y los tobillos en grilletes, a los acusados los
hicieron entrar en filas a las salas de justicia improvisadas en grupos de a
10, en los que uno por uno, mediante un intérprete, se declararon culpables por
haber tomado empleos usando tarjetas falsas del Seguro Social o de inmigración.
A continuación los movían a otra sala para ser sentenciados.
Linda R. Reade, nominada por Bush la juez principal del distrito norte de Iowa,
supervisó las audiencias, para las que había empezado a prepararse en
diciembre. No se sabe si contribuyó o no a la elaboración del proyecto
detallado. No obstante, la juez Reade tendría que haber ejercido mejor
criterio, ya que dictó cursos de técnicas de derecho procesal en la escuela de
derecho de la Universidad Drake, en Iowa y en la escuela de derecho de la
Universidad Emory, en Georgia, durante la década de los años 90.
El abogado defensor Rockne Cole, quien se negara a representar a ninguno de los
inmigrantes detenidos y quien "saliera de la sala indignado",
solicitó al subcomité del Congreso que investigara la redada y los procesos
legales del caso, alegando que las audiencias se organizaron para producir
alegatos de culpabilidad a favor de los fiscales.
Cole le dijo a The New York Times que lo que más le asombró fue que la juez Reade
por lo visto ya había ratificado el arreglo antes de que un abogado se reuniera
siquiera con su cliente.
En el caso por televisión, McCoy permite que el acusado presente alegato a un
cargo menor para evitar que el juez salga con la suya y corrompa el proceso,
inyectándole su prejuicio. El subcomité del Congreso tendría que ver este
episodio del programa para entender que lo que en realidad se procesaba era la
posible corrupción de nuestra jurisprudencia por las acciones de una juez.
José de la Isla, autor de "The Rise of Hispanic Political Power" (Archer
Books, 2003), redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service.
joseisla3@yahoo.com.
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