Afganistán, crímenes de lesa humanidad
Editorial La Jornada
28 de julio de 2010
En pleno escándalo por el descubrimiento de los esfuerzos de los mandos de la ocupación
militar occidental para ocultar atrocidades cometidas contra la población civil
de Afganistán, el gobernante de ese país, Hamid Karzai, informó de la muerte de
52 personas no combatientes –incluidos mujeres y niños– en la población de
Helmand, a consecuencia de disparos de misiles desde helicópteros de los
ocupantes.
Este hecho, atroz pero de ninguna manera excepcional, se inscribe en una pauta sostenida de
mortíferos ataques contra grupos de civiles por las fuerzas aéreas y la
artillería de Estados Unidos, Alemania y Francia, y se agrega a comportamientos
bárbaros documentados por el sitio Wikileaks, que hizo públicos unos 90
mil documentos secretos de la coalición invasora: ataques con bombas de una
tonelada a viviendas repletas, asesinatos de individuos ajenos al conflicto
–incluso discapacitados– por tiros de soldados nerviosos, ocultamiento regular
–por soldados de la coalición– de bajas civiles, y pifias mayúsculas del
espionaje occidental –que busca desde hace nueve años a Osama Bin Laden,
cabecilla de Al Qaeda, en extensas regiones del país ocupado–, de la
administración extranjera –que en la provincia de Farrah nombró jefe de policía
a un notorio criminal– y de los esfuerzos de las tropas estadunidenses por
ganarse, pese a todo, los corazones y las mentes de los afganos.
Por si hiciera falta, los hechos referidos refuerzan la certeza de que la guerra en Afganistán
se encuentra en un callejón sin salida tan sangriento como contraproducente
para todas las partes, excepto para los accionistas de la industria militar
estadounidense y europea: la población afgana está siendo diezmada por ataques
con sistemas de armas inteligentes y de alta tecnología, el régimen de Karzai
naufraga en su propia corrupción, su debilidad y sus vínculos inocultables con
la producción de drogas ilícitas, y la administración de Barack Obama enfrenta,
por decisión propia, un conflicto externo de perspectivas inciertas y costos
políticos crecientes.
Si en 2001 las fuerzas occidentales lideradas por Washington invadieron, ocuparon y sometieron
a su control la casi totalidad del territorio afgano, con un esfuerzo militar moderado
y bajas que podían parecer justificables, nueve años más tarde la situación ha
empeorado en forma significativa: no existe un gobierno nacional propiamente
dicho, la descomposición y el narcotráfico campean por sus fueros, el extenso
sur del país ha vuelto a ser dominado por el talibán, mientras otras zonas se
encuentran bajo el mando de señores de horca y cuchillo ajenos a cualquier
noción de legalidad y, para colmo, la situación de las mujeres no ha mejorado
en forma apreciable.
El presidente Obama enfrenta en Afganistán una disyuntiva nada envidiable: persistir en la
ocupación de Afganistán le implica un grave desgaste y la perspectiva de
convertir a su gobierno en responsable de crímenes de lesa humanidad tan
condenables como los que perpetró su antecesor en Irak; ordenar la retirada le
significaría un inmediato linchamiento político por los halcones de
Washington –republicanos y demócratas– y por el extendido chovinismo social que
persiste en Estados Unidos. La ética elemental, sin embargo, hace recomendable,
y aun imperioso, poner fin a una guerra que no tiene posibilidades de ser
ganada y en la que se establece una relación causal directa e inocultable entre
el sufrimiento de la población afgana y los dividendos de la industria bélica.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/27/index.php?section=opinion&article=002a1edi
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