La pista de la tortura
El hecho de que la Casa Blanca autorizó el 'submarino' es preocupante. Que, al parecer, no
le importa a ningún político importante de Estados Unidos es peor
Andy Worthington
guardian.co.uk,
Jueves 16 de octubre 2008
La revelación en el Washington Post ayer de
que la administración Bush "en 2003 y 2004 dictó un par de memos secretos
de la CIA que explícitamente respaldan la utilización de técnicas de
interrogatorio, tales como el submarino, contra sospechosos de pertenecer a
Al-Qaida " aumentará las demandas que el gobierno rinda cuentas de sus
acciones.
Es poco probable, sin embargo, que esta revelación suscitará una actividad
significativa, más allá de añadir más voces a las campañas de demandar un
juicio de destitución en Estados Unidos - aunque puede conducir al fortalecimiento de los planes en varios países
europeos de acusar a altos funcionarios estadounidenses de crímenes de guerra.
Como el profesor de derecho Scott Horton explicó
en junio, lo mejor que los opositores del régimen pueden esperar es que los "funcionarios del gobierno de Bush que
abogaban por la tortura tengan que cuidarse al hacer planes de viaje."
El problema para todas las partes interesadas es que el gobierno todavía se
niega a reconocer que haya aplicado la tortura, y les permiten salirse con la
suya las dos entidades cuya oposición podría tener un efecto: el Senado y la
Cámara de Representantes. En lugar de perseguir a los altos funcionarios, la
líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi declaró que el
juicio de destitución estaba "fuera del debate" después de que los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara
de Representantes hace dos años. Un mes antes, esos políticos habían respaldado
el intento del Ejecutivo de proteger a sí mismo y a sus empleados de toda
responsabilidad por sus acciones, mediante la aprobación de la Ley de
Comisiones Militares, de la cual algunas partes tenían la clara intención
de eximir a los funcionarios de EE.UU. de cualquier proceso por crímenes de guerra.
Estando libre de todo desafío directo, el gobierno ha tratado de contener
cualquier mención de la tortura en sus relaciones con los presos capturados en
la "guerra contra el terror".
Un ejemplo es el residente británico Binyam Mohamed.
De acuerdo a sus abogados, de la organización legal benéfica retirar los cargos
relativos a la "conspiración de bomba", presumiblemente porque los altos
funcionarios eran conscientes de que todas las pistas respecto a la rendición
extraordinaria del señor Mohamed a Marruecos conducían a los niveles más altos
del gobierno, y al tipo de discusión entre la CIA y los altos funcionarios –
como el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld -
que el artículo del Washington Post reveló ayer.
Aun así, es posible todavía que el señor Mohamed enfrente a las mismas
acusaciones en un juicio de comisión militar, porque el Departamento de
Defensa, ahora a salvo del escrutinio judicial, cree que todavía puede realizar
juicios en un sistema que es tan amañado que, cuando el fiscal teniente coronel
Darrel Vandeveld renunció hace dos semanas,
expresó su profunda duda de que el sistema sea "capaz de hacer justicia".
El hecho de que unos de esos casos – como el de Mohamed - implican la
presunta utilización de rendición extraordinaria y tortura por, o en nombre de,
la CIA sólo sirve para confirmar que incluso los firmes críticos y opositores
de la política oficial sobre la detención y los interrogatorios en la "
guerra contra el terror" tienen un largo trecho que caminar para hacer que
los altos funcionarios rindan cuentas. Quizás la mayor vergüenza, sin embargo,
es que en la campaña presidencial, donde esas cuestiones deben contar para
algo, no se mencionan en absoluto.
·© guardian.co.uk Guardián de Noticias y Medios Limitada 2008
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