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La tortura y la política estadounidense
El más allá de la tortura
Lisa Hajjar
Middle East Research and Information Proyect (MERIP)
27 de marzo de 2018
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Donald J. Trump se postuló para presidente con una plataforma electoral que incluía la promesa de volver a
instaurar la técnica de tortura del submarino [simulación de ahogamiento] y
“muchísimas cosas más”. Durante la campaña, Trump dijo a sus seguidores:
“Tenemos que luchar de forma tan brutal y violenta porque estamos lidiando con
gente violenta… Tenemos que combatir el fuego con el fuego… o no va a quedar
gran cosa de nuestro país” [1]. Actuaba, claramente, a partir de la premisa de
que esas técnicas funcionan, de que el tipo de personas sometidas al submarino
y otras formas de violencia cuando están privadas de libertad en la “guerra
contra el terrorismo” –es decir, los musulmanes- se las merecen y que fue un
gran error que Barack Obama, en 2009, cancelara el programa de torturas de la
administración George W. Bush. Las masas que aplauden la retórica a favor de la
tortura de Trump son un reflejo de cómo el apoyo popular a la tortura se ha
convertido en la prueba de fuego de un tipo de patriotismo de marca dura en el
que el principio universal de la dignidad humana se desprecia como ficción
liberal políticamente correcta.
El día después de ganar las elecciones, Trump enumeró la resurrección del submarino
como una de sus cinco principales prioridades políticas. En una entrevista de
finales de noviembre de 2016 con The New York Times, informó
de una conversación que tuvo con la persona que había elegido para secretario
de Defensa, el general James Mattis. Según Trump, el general Mattis consideraba
que [el submarino] era mucho menos importante de lo que yo creía. “Ya saben, se
le conoce como Perro Loco Mattis, ¿verdad? Y eso de Perro Loco es por algo.
Creí que diría: `Es algo estupendo, no debemos suprimirlo’. En realidad dijo:
‘No, dame unos cuantos cigarrillos y bebidas y lo haremos aún mejor’”. Y
entonces Trump añadió: “No estoy queriendo decir que eso me hiciera cambiar de
idea” [2].
En esa entrevista del Times, Trump dijo algo más sobre el submarino,
que actúa retóricamente como sustituto de la tortura en un sentido más amplio:
“Si es tan importante para el pueblo estadounidense, iría a por ello. Me
guiaría por eso”. Esta declaración revela al menos dos rasgos del enfoque de
Trump sobre el poder que ahora ejerce como presidente. Primero, que ha cultivado
una forma de llamamiento populista –al que algunos se refieren como trumpismo-
que no sólo alimenta los prejuicios populares y la ignorancia sino que se apoya
en ellos y los eleva como justificación de algunas de sus políticas. Si la
gente quiere tortura, entonces él se la dará. Segundo, al decir que se guiará
por el sentimiento popular en esta cuestión, está implicando que no va a
guiarse por la ley, que categóricamente la tortura. Ni que tampoco va a dejarse
influir por una opinión experta ni por las abundantes pruebas de que la tortura
es ineficaz para producir una “inteligencia justiciable” precisa, como el
Comité Electo del Senado de Inteligencia concluyó en su informe sobre el
programa de la CIA. De hecho, el presidente Trump parece estar desinformado o
ser indiferente ante el hecho de que el programa de torturas que se puso en
práctica tras el 11 de septiembre de 2001, fue un desastre a nivel estratégico
para los intereses de la seguridad nacional de EE. UU. [3].
¿Por qué el presidente Trump y las personas a las que apela quieren resucitar el
submarino? Ese deseo y posibilidad sugieren que la tortura obsesiona en estos
momentos a la política estadounidense. El deseo de practicar el submarino
denota unas actitudes públicas que en los últimos años se están decantando
hacia una postura favorable a la tortura, así como las razones de ese cambio.
La posibilidad de resucitar el submarino refleja cambios en la forma de
entender y ejercer el poder ejecutivo, así como las reinterpretaciones de la
ley para racionalizar, excusar o inmunizar estrategias y prácticas que se
desvíen de las normas internacionales e incluso de las normas constitucionales
fundamentales. La resurrección sugiere que algo que vino y se fue, amenaza con
volver, lo que podría denominarse el más allá de la tortura. No obstante, para
establecer el “después” “de la otra vida”, ayuda iniciar una cronología de
eventos relevantes en la historia estadounidense de la tortura dentro del
contexto de la guerra y el conflicto. Esto excluye la tortura dentro del
contexto nacional interno, desde la esclavitud hasta el encarcelamiento masivo.
La tortura en el contexto de la guerra y el conflicto
A principios del siglo XX, las leyes prohibieron la tortura en muchos países,
considerándose como algo moralmente inaceptable a niveles muy amplios, incluso
antes de los importantes desarrollos que se produjeron en el derecho
internacional tras el final de la II Guerra Mundial. Sin embargo, el uso de la
tortura se extendió por todo el mundo durante el siglo XX. ¿Por qué? La
respuesta tiene que ver con el aumento del Estado de seguridad nacional y la
prevalencia de guerras no convencionales o asimétricas que enfrentan a los
Estados con grupos no estatales. Torturar a la gente para obtener información o
como castigo era habitual en las guerras anticoloniales por todo el sur global,
también en las guerras civiles que enfrentan a Estados represivos con grupos
domésticos rebeldes o ideológicamente sospechosos.
De hecho, EE.UU. entró en el siglo XX involucrado en una guerra asimétrica en
Filipinas, durante la cual se documentó que soldados estadounidenses utilizaron
el submarino. Un comandante estadounidense fue suspendido y multado por
utilizar “la cura del agua”, como se describía entonces, pero el presidente
Theodore Roosevelt defendió la práctica en una carta escrita en 1902 en la que
manifestaba: “Nadie resultó gravemente dañado” [4]. En el Tribunal de Tokio,
establecido tras la II Guerra Mundial, EE.UU. acusó a un oficial japonés de
crímenes de guerra por haber sometido a un civil estadounidense al submarino.
Fue sentenciado a quince años de trabajos forzosos [5]. Durante la guerra de
Vietnam, The Washington Post publicó en primera página una
foto de soldados estadounidenses sometiendo a esa práctica a un soldado norvietnamita
en 1968. La foto provocó una investigación del ejército que llevó al soldado
ante un tribunal militar. Esos tres sucesos señalan el reconocimiento oficial
de que la práctica del submarino específicamente, y la tortura en sentido
amplio, no sólo eran inaceptables sino criminales.
Pero hay otra historia de la tortura que empieza con la guerra de Corea, el
conflicto que marcó el inicio de la era de la Guerra Fría. Un soldado
estadounidense fue capturado cuatro días después del inicio de la injerencia estadounidense,
y dos días después pronunció un discurso en la radio en el que se adhería a la
propaganda norcoreana [6]. La rapidez de su adoctrinamiento resultó alarmante
para las autoridades de EE.UU., y esta alarma se vio acrecentada por el hecho
de que miles de prisioneros de guerra estadounidenses resultaron “quebrantados”
durante su cautiverio, a menudo en intervalos de tiempo igualmente apresurados.
Ese comportamiento sin precedentes entre los prisioneros de guerra parecía
indicar que los comunistas habían desarrollado técnicas muy efectivas y de
rápido efecto que podían aplicarse con éxito para “lavar el cerebro” a los
estadounidenses. Tras la guerra, se estimó que uno de cada diez de los 4.428
prisioneros de guerra estadounidenses había “colaborado con el enemigo”, de los
cuales aproximadamente el 13% fueron considerados “culpables de colaboración
grave” [7]. Lo que hizo que esta forma de desmoronarse tan veloz fuera tan
desconcertante, fue que el trato al que se sometió a los prisioneros de guerra no
parecía tortura convencional. De hecho, las autoridades estadounidenses
reconocieron que la tortura física de los presos de guerra fue un hecho raro.
Los métodos clave del proceso tan sorprendentemente exitoso para quebrantar a
las personas se componían de una combinación de vigilancia, aislamiento
prolongado, privaciones físicas y agotamiento, humillaciones psicológicas y
coerción e incesantes demandas de minucias autobiográficas.
El ejército estadounidense aprendió una lección de la guerra de Corea y en 1955
estableció un programa titulado Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape
(SERE). El objetivo del SERE era entrenar a unidades de elite de la fuerza
aérea para que se resistieran a las prácticas de malos tratos, incluyendo el
submarino, en caso de que fueran capturados por enemigos que no respetaran los
Convenios de Ginebra de 1949, que prohíben la tortura y los tratos crueles y
degradantes. Este programa de entrenamiento antitortura se extendió a las otras
tres ramas del ejército durante la guerra de Vietnam. Después de los ataques
del 11-S, estas técnicas de entrenamiento SERE fueron “rediseñadas” para el
programa de torturas de la administración Bush.
La CIA aprendió una lección diferente de la guerra de Corea. En 1953, la Agencia
empezó a invertir en la investigación para el control de la mente en virtud del
programa MK-ULTRA. La primera fase implicó experimentos con hipnosis,
electroshock y drogas alucinógenas, evolucionando hacia experimentos en tortura
psicológica que adaptaron elementos de los modelos comunistas. El programa
secreto de la CIA se convirtió pronto en una “ciencia” aplicada en la Guerra
Fría [8]. Los laboratorios incluyeron centros de interrogatorio en varias
guerras calientes donde EE.UU. intervenía directamente y lugares donde apoyaban
o colaboraban con regímenes de extrema derecha.
En 1963, la CIA, que actuaba bajo el nombre en clave Kubark, produjo un manual
titulado “Interrogatorio de Contrainteligencia Kubark” para orientar a agentes
y aliados en el arte de extraer información de supuestas fuentes resistentes.
En Vietnam, estas técnicas fueron probadas sobre el terreno en el programa
Phoenix de la CIA, que combinaba la tortura psicológica con interrogatorios
brutales, experimentación humana y ejecuciones extrajudiciales. La CIA entrenó
a más de 85.000 policías sudvietnamitas, que operaban en una red de lugares por
todo el país donde más de 26.000 prisioneros fueron o torturados hasta la
muerte o ejecutados sumariamente tras su interrogatorio.
El programa Phoenix fue un fracaso a la hora de conseguir información de
inteligencia y EE.UU. perdió la guerra de Vietnam. Sin embargo, el modelo se
transportó después a Latinoamérica en la década de 1960 a través del Proyecto
X, un programa secreto para entrenar a las fuerzas de seguridad de los
regímenes y dictaduras aliados de EE.UU. Las técnicas del manual Kubark se
incorporaron al plan de estudios de la Escuela de las Américas, una institución
de entrenamiento militar y refuerzo ideológico para los aliados de EE.UU. en el
hemisferio occidental. En el contexto de la era de la Guerra Fría contra el
comunismo, como Alfred McCoy y otros han sostenido, EE.UU. fue una fuerza
importante en la propagación de la tortura a nivel mundial.
A mediados de la década de 1980, las actividades de la CIA se convirtieron en
objeto de las investigaciones del Congreso respecto a las atrocidades apoyadas
por EE. UU. en Centroamérica. En 1997, el original manual Kubark y una
posterior edición superviviente se hicieron públicos como resultado del litigio
presentado por The Baltimore Sun en virtud del Acta de
Libertad de Información. En aquel momento, la Guerra Fría había terminado y los
principales métodos de la CIA para recoger información de inteligencia se
habían desplazado de la inteligencia humana (HUMINT) a las señales electrónicas
de inteligencia (SIGNIT). Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, revelaron que la falta de inteligencia humana sobre
al-Qaida fue una debilidad monumental, y adquirirla se convirtió en un
imperativo impulsor durante los primeros años de la guerra contra el terrorismo.
Tortura y guerra contra el terror
Cinco días después de los ataques del 11-S, el presidente Bush firmó un memorando
secreto que sirvió para paramilitarizar la CIA, dotándola de autoridad para
“matar o capturar”, y establecer operaciones secretas de detención e
interrogatorio en el extranjero. El programa de entregas de la era Clinton, que
implicaba el traslado de los sospechosos de terrorismo capturados a terceros
países para su procesamiento, se renovó como programa denominado de “entregas
extraordinarias”, para permitir que la CIA secuestrara a personas de países
extranjeros y las hiciera desaparecer en los agujeros negros (prisiones
secretas) donde podían mantenerlos incomunicados, como los llamados
detenidos-fantasma, o trasladados extrajudicialmente a los servicios de
seguridad de otros Estados para que procedieran a su interrogatorio.
En la división del trabajo de interrogatorio entre el ejército y la CIA, a esta se le
asignó la principal responsabilidad de los detenidos de alto valor (DAV),
personas que se asumía que eran dirigentes terroristas o planificadores de los
ataques del 11-S, o que tenían conocimientos de operaciones y complots
terroristas. En 28 de marzo de 2002, el primer DAV, Abu Zubaydah, fue capturado
en Pakistán y trasladado a un agujero negro en Tailandia, el primero de varios
en los que estuvo detenido durante los años que pasó bajo vigilancia de la CIA.
La dureza creciente del trato que se aplicó a Abu Zubaydah se debió a dos
factores. Primero, los altos oficiales asumieron, de forma incorrecta, que era
una personalidad importante de al-Qaida (ni siquiera era miembro del grupo
cuando se produjeron los ataques del 11-S) y se le exigió que aportara
inteligencia procesable. Segundo, la CIA contrató a dos contratistas
psicólogos, James Mitchell y Bruce Jessen, para que dirigieran el programa de
los DAV, a pesar de no tener ni experiencia destacable en los interrogatorios
ni conocimientos sobre terrorismo. Su experiencia anterior había sido con el
programa SERE, y por tanto con su contratación para dirigir el programa DAV se
inició la reingeniería del proceso. Los métodos brutales y deshumanizados
autorizados para Abu Zubaydah, que supusieron someterle durante 83 veces a simulación
de ahogamiento y colocarle en una “caja de confinamiento” similar a un ataúd,
prepararon el escenario para el nuevo programa de torturas de la CIA, diseñado
para crear y explotar condiciones de “discapacidad, desorientación y pavor”
[9]. La teoría rectora, si es que puede llamársela así, se derivaba de los
experimentos con perros y trataba de producir “indefensión aprendida” [10]. Este enfoque se aplicó a las personas que la CIA tenía en cautiverio bajo la
presunción de que una vez que se vinieran abajo revelarían gran cantidad de
inteligencia procesable. En este sentido, el programa de torturas de la CIA fue
otro capítulo en la historia de la experimentación con seres humanos apoyada
por el gobierno.
A mediados de 2002, algunos agentes de la CIA estaban cada vez más ansiosos
respecto a su vulnerabilidad ante posibles futuros procesamientos en virtud de
las leyes federales antitortura. En respuesta, los juristas de la Oficina de
Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés)
elaboraron dos memorandos con fecha 1 de agosto de 2002. Uno de ellos reducía
la definición de tortura para excluir todo menos las formas más extremadas de
dolor físico y sufrimiento mental prolongado; el otro memorando proporcionaba
cobertura legal para las tácticas ya en uso, incluyendo el submarino. Los
memorandos articulaban también una teoría del poder presidencial denominada
"tesis unitaria ejecutiva", que ya funcionaba como principio rector
de la guerra contra el terrorismo de la administración Bush. Esta tesis afirma
que el presidente, como comandante en jefe, no puede verse limitado por ley
alguna ni sujeto a la supervisión de la separación de poderes en su búsqueda de
la seguridad nacional. La tesis ejecutiva unitaria era descaradamente hipersoberanista
en su concepción e imperial en su intención. La tesis también podría
interpretarse como un intento de regresar a una era anterior a las principales
reformas y desarrollos del derecho internacional después de la II Guerra
Mundial.
Aunque los memorandos de la OLC habían sido redactados por la CIA, la Casa Blanca los
envió al Pentágono. En diciembre de 2002, el secretario de defensa Ronald
Rumsfeld autorizó un menú de tres platos de tácticas SERE de ingeniería inversa
para su uso con los detenidos recluidos en la Bahía de Guantánamo. Los altos
funcionarios judiciales de las cuatro ramas del ejército protestaron, pero
fueron ignorados por los líderes civiles. El enfoque permisivo de la tortura
autorizada para la CIA se extendió a los militares en Guantánamo y
posteriormente emigró hasta Iraq en 2003.
El programa de torturas
Varios sucesos sirvieron para expulsar a los militares del programa de torturas. El
primero fue la publicación, en abril de 2004, de las fotos en la prisión de Abu
Ghraib de los prisioneros iraquíes desnudos humillados y agredidos por soldados
estadounidenses. Las fotos crearon un escándalo de proporciones globales. Otro
punto clave de inflexión fue instigado por el senador John McCain, él mismo
superviviente de la tortura en la guerra de Vietnam. En 2005, impulsó una
legislación conocida como la Enmienda McCain para volver a prohibir las
tácticas que violaban las normas de la Convención de Ginebra. McCain quería
incluir también a la CIA, pero el vicepresidente Dick Cheney –el principal autor
intelectual del programa de torturas- presionó en un Congreso dominado por los
republicanos para incorporar una “excepción a la CIA” en la prohibición de la
tortura, algo que consiguió. Otro documento legislativo, el Acta de Trato a los
Detenidos (DTA, por sus siglas en inglés), confirmó además la prohibición de la
tortura por parte del ejército, pero también prohibió que cualquier prisionero
de Guantánamo pudiera impugnar su detención o tratamiento en los tribunales
estadounidenses. Cuando el presidente Bush firmó la DTA, firmó también una
declaración en el sentido de que no necesariamente se iba a considerar que él
estaba sometido a la prohibición. Una de las personas que impulsaron esa
aclaración al firmar fue Neil Gorusch, entonces alto funcionario del
Departamento de Justicia, convertido ahora en el miembro más reciente del
Tribunal Supremo.
El comienzo del fin del programa de torturas de la CIA podría datar de noviembre
de 2005, cuando The Washington Post informó que la Agencia
estaba implicada en secuestros y que dirigía agujeros negros en Europa
(posteriormente revelados por Human Rights Watch y ubicados en Polonia, Rumanía
y Lituania). Pero fue el Tribunal Supremo quien le asestó un golpe más decisivo
en junio de 2006. En Hamdan vs. Rumsfeld, el Tribunal
dictaminó que el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra –la denominada
línea base humanitaria- se aplica a todas las personas bajo vigilancia
estadounidense. En una conferencia de prensa en septiembre, el presidente Bush
se burló de la decisión y se quejó de la vaguedad de la prohibición del
Artículo 3 común respecto a las “afrentas a la dignidad personal”, afirmando
que las técnicas de interrogatorio alternativas mejoradas (eufemismos para la
tortura) habían resultado eficaces para mantener seguros a los estadounidenses.
Sin embargo, los agujeros negros se vaciaron y 14 DAV fueron reubicados en
Guantánamo, incluyendo a Jalid Sheij Mohammed, supuesto cerebro de los ataques
del 11-S, que había sido sometido al submarino en 183 ocasiones.
En octubre de 2006, el Congreso aprobó y el presidente Bush firmó el Acta de las
Comisiones Militares (MCA, por sus siglas en inglés), que permitía que las
comisiones militares de Guantánamo hicieran uso de las confesiones y otras
pruebas obtenidas por medios coercitivos. Otra de las características de la MCA
de 2006 fue la provisión de inmunidad ex post facto para cualquiera
de los crímenes de guerra perpetrados, incitados u ordenados por oficiales
estadounidenses desde 1997, un año después de que el Congreso aprobase el Acta
de Crímenes de Guerra. Según el experto jurista en seguridad nacional Scott
Horton, la MCA de 2006 es un “documento legislativo que permanecerá en la
historia junto a las Actas de Sedición y Alienación y el Acta de Esclavos
Fugitivos como un recuerdo del tipo de vandalismo constitucional de que el
Congreso es capaz cuando se pone realmente a ello” [11].
En 2006, el Consejo de Europa informó que unas cien personas habían sido
secuestradas en el continente. El informe de investigación del Parlamento
Europeo de 2007 expuso la amplia colusión de algunos servicios de seguridad
europeos con el programa de entregas extraordinarias de la CIA. En 2005, un
tribunal italiano imputó a 23 agentes de la CIA implicados en el secuestro de
Hassan Mustafa Osama Nasr (aka Abu Omar) en Milán en febrero de
2003, desde donde fue trasladado a Egipto para someterle a brutales torturas.
En 2007, un tribunal alemán emitió órdenes de búsqueda y arresto de trece
agentes de la CIA implicados en el secuestro en 2003 de Jaled El-Masri, un
ciudadano alemán, desde Macedonia. El-Masri fue transportado a Afganistán,
donde fue torturado y mantenido en régimen de incomunicación durante meses
antes de abandonarlo en un lugar remoto de Albania sin papeles ni dinero. El
caso alemán se desbarató finalmente como consecuencia de las presiones
políticas [12].
El más allá de la tortura
Aunque se puso fin al programa de la tortura de la CIA cuando el presidente Bush
estaba aún en el poder, se canceló decisivamente en enero de 2009, cuando el presidente
Barack Obama firmó una orden ejecutiva en su segundo día en el cargo. Es en
esta coyuntura cuando el “más allá de la tortura” adquiere toda su importancia.
Cheney, famoso por su secretismo, salió de entre las sombras para montar una
campaña pública burlándose de la orden de cancelación del presidente Obama,
alegando que era una demostración de que el nuevo presidente era “blando con el
terrorismo”. Cheney, que describió el submarino como “una puesta en remojo” y
que, para él, su utilización era algo “obvio” [13], vio en el repudio de la
tortura una especie de reversión a las intrusiones que él y sus aliados
ideológicos habían llevado a cabo al construir una presidencia imperial sin
restricciones legales. Afirmó repetidamente, desde el púlpito intimidante de
la Fox News y varios think tanks de extrema
derecha, que las técnicas mejoradas de interrogatorio se habían utilizado sólo
como último recurso –una flagrante falsedad- y que habían sido
sorprendentemente eficaces, otra flagrante falsedad. Otros políticos y expertos
de extrema derecha siguieron el ejemplo y apoyo público de Cheney a la tortura,
que había venido lentamente incrementándose desde 2004, superando la marca del
50% después de que se cancelara el programa. Entre los republicanos, el apoyo
fluctuó al alza [14] indicando que los seguidores partidistas se dejan guiar en
esos asuntos por las elites políticas y mediáticas.
En esta era posterior a la tortura, pueden dividirse las actitudes estadounidenses
a favor de la tortura en dos categorías generales: Una, puesta de manifiesto
por Cheney y otros campeones de la tesis ejecutiva unitaria, es el
proyecto quasi intelectual para legalizar lo ilegal, por
ejemplo, negando que el submarino es tortura cuando son los estadounidenses los
que lo practican, e incluso si lo fuera, afirmar que la búsqueda de la
seguridad nacional por parte del gobierno de EE. UU. no debería verse
constreñida por el derecho internacional. La segunda categoría, que el
presidente Trump ejemplifica, es la posición agresivamente antiintelectual
caracterizada por la ignorancia sobre la tortura y la ley, y la indiferencia
ante el principio de la dignidad humana. Según Darius Rejali, que ha
investigado extensamente respecto a las actitudes públicas sobre la tortura:
Descubrimos que, en lo que se refiere a la tortura, parece que lo que motiva a
la gente son las indicaciones sociales, la superstición, el resentimiento y la
indecisión por encima de la filosofía, la moralidad o los resultados
racionales… En… nuestros experimentos de investigación controlada, hasta ahora
hemos hallado que quienes se decantan a favor de la tortura no les preocupa si
produce un resultado positivo o negativo en la seguridad [15].
Decir que la tortura atormenta la política estadounidense como si de un fantasma se
tratara, implica poner de relieve que la tortura sigue existiendo pero que se
esconde, se reprime, se niega y se miente sobre ella. El concepto de lo
fantasmal de Avery Gordon en Ghostly Matters ayuda a ilustrar
esta idea. Como ella explica: Lo fantasmal es la forma en la cual los sistemas
de poder abusivo se dan a conocer, así como la forma en la que sus impactos se
sienten en la vida diaria, especialmente cuando supuestamente se les ha puesto
fin o se han olvidado… o cuando se niega su naturaleza opresiva… Lo fantasmal
incrementa los espectros y altera la experiencia de ser en el tiempo, la forma
en que separamos el pasado, el presente y el futuro. Estos espectros o
fantasmas aparecen cuando el problema que representan o indican ya no puede
contenerse, ni reprimirse, ni bloquearse de la vista 16.
Muchos de esos espectros atormentan la política estadounidense. Cuando el presidente
Obama adoptó la decisión de no procesar a los responsables del programa de
tortura, racionalizó tal negativa como una modalidad de justicia restaurativa
bipartidista, diciéndole a la nación que ya era hora de mirar hacia adelante y
no hacia atrás. Sin embargo, esa medida fue “un asunto fantasmal” en la noción
de Gordon, porque esa cancelación oficial no podía negar la existencia del
programa de tortura. Asimismo, los memorandos sobre la tortura –aunque la
mayoría habían sido retirados o cancelados- fueron clave para que el presidente
Obama racionalizara que los agentes del Estado que la instigaron o la llevaron
a cabo habían actuado de buena fe, otorgando así a dichos memorandos su
intencionado poder de “escudo dorado”. En una orden ejecutiva firmada en enero
de 2009, prometió cerrar Guantánamo en un año, pero en mayo de ese mismo año ya
estaba volviéndose atrás de su promesa. Ese octubre firmó el Acta revisada de
las Comisiones Militares que, aunque reforzaba las normas probatorias sobre
confesiones forzadas, no hizo nada para retirar la inmunidad ex post
facto para la cláusula de crímenes de guerra de la versión de 2006.
Además, la administración Obama se apoyó en la tesis de la administración Bush respecto
al poder ejecutivo y la guerra territorial ilimitada para justificar el
programa de drones, que sustituyó al programa de interrogatorios y detención
para convertirse en la piedra angular estratégica del modelo de guerra
contraterrorista de su administración. La guerra con drones y las ejecuciones
extrajudiciales se basan en la misma lógica ilegítima de que EE.UU. puede
perseguir sus intereses de seguridad nacional a nivel mundial sin que el
derecho internacional pueda ponerle límites.
Secretismo, impunidad, mentiras
Hay tres razones principales para decir que las otras vidas de la tortura
atormentan la política estadounidense hoy en día. La primera razón es el
secretismo. Aunque el programa de la CIA se canceló, toda la información sobre
el mismo sigue siendo clasificada excepto un resumen ejecutivo redactado en
términos duros del informe autorizado del SSCI (siglas en inglés de Comité
Selecto del Senado sobre Inteligencia). La clasificación de la información la
convierte en conocimiento subyugado, escondida pero no desaparecida. Algunas
personas saben que existe, pero otras no creen lo que no pueden ver. Debido a
que el informe del SSCI contiene la verdad de esa historia secreta, los
defensores de la CIA y los entusiastas de la tortura en el Congreso trataron de
hacerse con todas las copias de ese informe destruido. Fracasaron en el
intento, pero sólo porque el presidente Obama, durante sus últimos días en el
cargo, ordenó que su copia quedara preservada en los archivos presidenciales.
No obstante, también ordenó que permaneciera clasificada y con un acceso
restringido durante doce años, el tiempo máximo permitido por la ley.
La cuestión del secretismo incluye a las personas que encarnan el conocimiento de
la tortura: los individuos que fueron torturados por la CIA, algunos de los
cuales siguen encarcelados en Guantánamo como fantasmas vivientes. La
administración Obama clasificó como secretos de Estado sus recuerdos de las
torturas sufridas. No se les permite comunicar sus experiencias a nadie que no
tenga la máxima autorización de seguridad y alguna relación directa y
autorizada con las comisiones militares. Incluso los que cuentan con esa
habilitación, como sus abogados, están amordazados para hablar de ello
públicamente. Los juicios de las comisiones militares para los acusados de ser
responsables de los ataques del 11-S, se han prolongado durante años en la fase
previa al juicio porque el gobierno se ha comprometido a preservar los secretos
de la CIA. En consecuencia, debe litigarse cada testigo y cada prueba
pertinente sobre el interrogatorio y la detención, lo que exige que los jueces
se encarguen de averiguar cómo reconciliar la voluntad del gobierno de opacidad
con una apariencia de proceso debido. En términos generales, este régimen de
secretismo crea oportunidades para promover la falsa narrativa de dominio
público de que la tortura funcionó, que “mantuvo seguros a los estadounidenses”
y que cancelarla hubiera disminuido nuestra capacidad de combatir el
terrorismo.
La segunda forma en el que las otras vidas de la tortura atormentan la política
estadounidense hoy en día es la ausencia de rendición de cuentas. La tortura es
un crimen federal y un crimen muy grave en virtud del derecho internacional.
Según Kathryn Sikking, que ha hecho investigaciones trasnacionales comparativas
sobre el procesamiento de funcionarios responsables de violaciones de los
derechos humanos, la región latinoamericana es líder mundial en lo que denomina
justicia en cascada [17], porque docenas de exdirigentes han sido procesados y
condenados. Averiguó que los efectos de los procesamientos incluyen niveles
menores de represión y mejores registros de los derechos humanos en esos
países. Sin embargo, el test real, como ella y otros han indicado, es si el
derecho internacional y las normas asociadas con la justicia retributiva por
crímenes graves influyen o podrían influir en un Estado poderoso como EE.UU. A
ninguno de los funcionarios estadounidenses responsables del programa de
torturas se le ha hecho rendir cuentas. Y debido al poder e influencia de
EE.UU., esta falta de rendición de cuentas socava el poder del derecho
internacional y la fortaleza de las normas contra la tortura a nivel mundial.
Además, permitir que los funcionarios de las administraciones del pasado se
vayan de rositas respecto a la tortura no ayuda a desalentar la posibilidad de
que alguna administración futura trate de hacerlo de nuevo, y ahí es donde la
posibilidad de resucitar la tortura en el futuro tiene un efecto perturbador
sobre el presente.
La tercera forma en la que el más allá de la tortura atormenta la política
estadounidense en la actualidad es que el fracaso a la hora de reconocer la
verdad tiene un efecto distorsionador sobre la realidad. Aunque Obama canceló
el programa de torturas de la CIA en 2009, su administración hizo cuanto estuvo
en su mano para frustrar cualquier justicia hacia las víctimas en tribunales
nacionales o extranjeros, y la mayor parte de esos esfuerzos tuvieron éxito. No
fue hasta agosto de 2014, cuando reconoció oficialmente la tortura no sólo como
una política que había cancelado sino como las acciones intencionadas de un
grupo de personas. Pero incluso este reconocimiento se hizo de forma ineficaz y
anodina, con el presidente Obama diciendo: “Hicimos un montón de cosas que eran
justas [tras los ataques del 11 de septiembre de 2001]. Pero torturamos a
alguna gente”. Así pues, si bien la actitud de Obama no es protortura en sí,
tampoco es claramente antitortura. No hizo uso de su poder para matar al
fantasma mediante alguna de las tres posibilidades de que disponía:
desclasificación, rendición de cuentas o reconocimiento. Los secretos siguen
siendo secretos y las mentiras y los inventos sobre la eficacia de la tortura o
su compatibilidad con la ley siguen comprándose y vendiéndose en el discurso
público.
En EE.UU. no sólo no ha habido rendición de cuentas sino que algunos de los
responsables del programa de torturas continúan trabajando en el gobierno e
incluso han sido promocionados a niveles de autoridad más altos. Un ejemplo lo
tenemos en el nombramiento de Trump de Gina Haspel como directora adjunta de la
CIA. Haspel estuvo directamente implicada en el programa de torturas de los
agujeros negros y compartió responsabilidades en la orden de destruir 91 cintas
de video de varios prisioneros cuando estaban siendo sometidos al submarino y
torturados con otros medios. El campo a favor de la tortura considera su
promoción dentro de la CIA como una reivindicación, si no del programa de
torturas mismo, al menos de su legitimidad en la historia.
No obstante, ha habido varios desarrollos positivos recientes en el ámbito de la
rendición de cuentas: los dos contratistas psicólogos a quienes se contrató y
pagó 81 millones de dólares para diseñar y poner en marcha el programa de
torturas de la CIA, James Mitchell y Bruce Jessen, fueron demandados en el
estado de Washington por varias de sus víctimas. El tribunal no sólo permitió
que este caso siguiera adelante, lo que en sí mismo supuso una ruptura
innovadora de la tendencia a aceptar los argumentos de los secretos del
gobierno para cerrar los casos, sino que también dictaminó que varios altos
funcionarios de la CIA pudieran ser llamados a declarar como testigos. El caso terminó
cuando Mitchell y Jessen llegaron a un acuerdo con los demandantes, concediendo
así al menos algún grado de culpabilidad por este grave delito. Y en octubre de
2016, el IV Tribunal del Circuito de Apelaciones readmitió una demanda
previamente desestimada presentada por las víctimas de torturas en Abu Ghraib
contra la firma privada de contratistas CACI Premier Technology. En una
sentencia concurrente, un juez subrayó: “Está más allá del poder, incluso del
presidente, declarar que la tortura es legal” [18].
Matar el fantasma de la tortura
Estamos viviendo en una época en la que, en lo a la tortura se refiere, la verdad y la
justicia son ilusorias. Y por eso la tortura atormenta nuestra política. Al
igual que un fantasma amenaza con apoderarse de la casa, el presidente Trump
provoca grandes vítores cuando le dice a la muchedumbre que quiere traer de
nuevo la simulación de ahogamiento. Que él o un futuro presidente puedan
resucitar un programa así sigue siendo una incógnita. Aunque el ejército y los
funcionarios de la CIA han declarado que no apoyarían ni instituirían un
retorno a la tortura, la opinión pública ha dado un giro en sentido contrario
[19].
Este creciente deseo público a favor de la tortura subraya la importancia de la
educación cívica sobre las lecciones de la historia. La educación cívica
empieza con una batalla por las narrativas con objeto de informar y contribuir
a una mayor comprensión pública de todo lo inmoral contenido en la tortura. La
educación cívica incluye también el empoderamiento del pueblo para que pueda
acometer agresivamente al electorado que se manifiesta a favor de la tortura.
Ahí es donde los estudiantes y los académicos pueden desempeñar un papel
importante. Corresponde a quienes se preocupan por estos temas elaborar empíricamente
argumentos sólidos y analíticamente persuasivos contra la tortura –y contra
quienes la apoyan-, porque es un modo de demostrar respeto por la democracia y
el imperio de la ley en EE. UU. y por los derechos humanos y los principios
humanitarios a escala mundial. A partir de los resultados de las elecciones de
2016 y de la victoria de un candidato ardientemente protortura, la educación
cívica sobre la tortura y la organización en contra de la misma pueden muy bien
convertirse en la versión del movimiento abolicionista del siglo XXI.
NOTAS:
Lisa Hajjar es profesora de Sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara. Sus investigaciones se centran en
cuestiones de leyes y legalidad, guerra y conflicto, derechos humanos y
tortura. Ha escrito Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and
Gaza (University of California Press, 2005) y Torture: A Sociology of Violence and Human Rights
(Routledge, 2012). Además de ser coeditora en Jadaliyya, colabora con los comités editoriales
de Middle East Report y Journal of Palestine Studies. En la actualidad,
trabaja en un libro sobre la abogacía en lucha contra la tortura en EEUU.
Fuente: http://merip.org/mer/mer283/afterlives-torture-0
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