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La tortura y la política estadounidense

El más allá de la tortura

Lisa Hajjar
Middle East Research and Information Proyect (MERIP)
27 de marzo de 2018

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Donald J. Trump se postuló para presidente con una plataforma electoral que incluía la promesa de volver a instaurar la técnica de tortura del submarino [simulación de ahogamiento] y “muchísimas cosas más”. Durante la campaña, Trump dijo a sus seguidores: “Tenemos que luchar de forma tan brutal y violenta porque estamos lidiando con gente violenta… Tenemos que combatir el fuego con el fuego… o no va a quedar gran cosa de nuestro país” [1]. Actuaba, claramente, a partir de la premisa de que esas técnicas funcionan, de que el tipo de personas sometidas al submarino y otras formas de violencia cuando están privadas de libertad en la “guerra contra el terrorismo” –es decir, los musulmanes- se las merecen y que fue un gran error que Barack Obama, en 2009, cancelara el programa de torturas de la administración George W. Bush. Las masas que aplauden la retórica a favor de la tortura de Trump son un reflejo de cómo el apoyo popular a la tortura se ha convertido en la prueba de fuego de un tipo de patriotismo de marca dura en el que el principio universal de la dignidad humana se desprecia como ficción liberal políticamente correcta.

El día después de ganar las elecciones, Trump enumeró la resurrección del submarino como una de sus cinco principales prioridades políticas. En una entrevista de finales de noviembre de 2016 con The New York Times, informó de una conversación que tuvo con la persona que había elegido para secretario de Defensa, el general James Mattis. Según Trump, el general Mattis consideraba que [el submarino] era mucho menos importante de lo que yo creía. “Ya saben, se le conoce como Perro Loco Mattis, ¿verdad? Y eso de Perro Loco es por algo. Creí que diría: `Es algo estupendo, no debemos suprimirlo’. En realidad dijo: ‘No, dame unos cuantos cigarrillos y bebidas y lo haremos aún mejor’”. Y entonces Trump añadió: “No estoy queriendo decir que eso me hiciera cambiar de idea” [2].

En esa entrevista del Times, Trump dijo algo más sobre el submarino, que actúa retóricamente como sustituto de la tortura en un sentido más amplio: “Si es tan importante para el pueblo estadounidense, iría a por ello. Me guiaría por eso”. Esta declaración revela al menos dos rasgos del enfoque de Trump sobre el poder que ahora ejerce como presidente. Primero, que ha cultivado una forma de llamamiento populista –al que algunos se refieren como trumpismo- que no sólo alimenta los prejuicios populares y la ignorancia sino que se apoya en ellos y los eleva como justificación de algunas de sus políticas. Si la gente quiere tortura, entonces él se la dará. Segundo, al decir que se guiará por el sentimiento popular en esta cuestión, está implicando que no va a guiarse por la ley, que categóricamente la tortura. Ni que tampoco va a dejarse influir por una opinión experta ni por las abundantes pruebas de que la tortura es ineficaz para producir una “inteligencia justiciable” precisa, como el Comité Electo del Senado de Inteligencia concluyó en su informe sobre el programa de la CIA. De hecho, el presidente Trump parece estar desinformado o ser indiferente ante el hecho de que el programa de torturas que se puso en práctica tras el 11 de septiembre de 2001, fue un desastre a nivel estratégico para los intereses de la seguridad nacional de EE. UU. [3].

¿Por qué el presidente Trump y las personas a las que apela quieren resucitar el submarino? Ese deseo y posibilidad sugieren que la tortura obsesiona en estos momentos a la política estadounidense. El deseo de practicar el submarino denota unas actitudes públicas que en los últimos años se están decantando hacia una postura favorable a la tortura, así como las razones de ese cambio. La posibilidad de resucitar el submarino refleja cambios en la forma de entender y ejercer el poder ejecutivo, así como las reinterpretaciones de la ley para racionalizar, excusar o inmunizar estrategias y prácticas que se desvíen de las normas internacionales e incluso de las normas constitucionales fundamentales. La resurrección sugiere que algo que vino y se fue, amenaza con volver, lo que podría denominarse el más allá de la tortura. No obstante, para establecer el “después” “de la otra vida”, ayuda iniciar una cronología de eventos relevantes en la historia estadounidense de la tortura dentro del contexto de la guerra y el conflicto. Esto excluye la tortura dentro del contexto nacional interno, desde la esclavitud hasta el encarcelamiento masivo.

La tortura en el contexto de la guerra y el conflicto

A principios del siglo XX, las leyes prohibieron la tortura en muchos países, considerándose como algo moralmente inaceptable a niveles muy amplios, incluso antes de los importantes desarrollos que se produjeron en el derecho internacional tras el final de la II Guerra Mundial. Sin embargo, el uso de la tortura se extendió por todo el mundo durante el siglo XX. ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con el aumento del Estado de seguridad nacional y la prevalencia de guerras no convencionales o asimétricas que enfrentan a los Estados con grupos no estatales. Torturar a la gente para obtener información o como castigo era habitual en las guerras anticoloniales por todo el sur global, también en las guerras civiles que enfrentan a Estados represivos con grupos domésticos rebeldes o ideológicamente sospechosos.

De hecho, EE.UU. entró en el siglo XX involucrado en una guerra asimétrica en Filipinas, durante la cual se documentó que soldados estadounidenses utilizaron el submarino. Un comandante estadounidense fue suspendido y multado por utilizar “la cura del agua”, como se describía entonces, pero el presidente Theodore Roosevelt defendió la práctica en una carta escrita en 1902 en la que manifestaba: “Nadie resultó gravemente dañado” [4]. En el Tribunal de Tokio, establecido tras la II Guerra Mundial, EE.UU. acusó a un oficial japonés de crímenes de guerra por haber sometido a un civil estadounidense al submarino. Fue sentenciado a quince años de trabajos forzosos [5]. Durante la guerra de Vietnam, The Washington Post publicó en primera página una foto de soldados estadounidenses sometiendo a esa práctica a un soldado norvietnamita en 1968. La foto provocó una investigación del ejército que llevó al soldado ante un tribunal militar. Esos tres sucesos señalan el reconocimiento oficial de que la práctica del submarino específicamente, y la tortura en sentido amplio, no sólo eran inaceptables sino criminales.

Pero hay otra historia de la tortura que empieza con la guerra de Corea, el conflicto que marcó el inicio de la era de la Guerra Fría. Un soldado estadounidense fue capturado cuatro días después del inicio de la injerencia estadounidense, y dos días después pronunció un discurso en la radio en el que se adhería a la propaganda norcoreana [6]. La rapidez de su adoctrinamiento resultó alarmante para las autoridades de EE.UU., y esta alarma se vio acrecentada por el hecho de que miles de prisioneros de guerra estadounidenses resultaron “quebrantados” durante su cautiverio, a menudo en intervalos de tiempo igualmente apresurados. Ese comportamiento sin precedentes entre los prisioneros de guerra parecía indicar que los comunistas habían desarrollado técnicas muy efectivas y de rápido efecto que podían aplicarse con éxito para “lavar el cerebro” a los estadounidenses. Tras la guerra, se estimó que uno de cada diez de los 4.428 prisioneros de guerra estadounidenses había “colaborado con el enemigo”, de los cuales aproximadamente el 13% fueron considerados “culpables de colaboración grave” [7]. Lo que hizo que esta forma de desmoronarse tan veloz fuera tan desconcertante, fue que el trato al que se sometió a los prisioneros de guerra no parecía tortura convencional. De hecho, las autoridades estadounidenses reconocieron que la tortura física de los presos de guerra fue un hecho raro. Los métodos clave del proceso tan sorprendentemente exitoso para quebrantar a las personas se componían de una combinación de vigilancia, aislamiento prolongado, privaciones físicas y agotamiento, humillaciones psicológicas y coerción e incesantes demandas de minucias autobiográficas.

El ejército estadounidense aprendió una lección de la guerra de Corea y en 1955 estableció un programa titulado Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE). El objetivo del SERE era entrenar a unidades de elite de la fuerza aérea para que se resistieran a las prácticas de malos tratos, incluyendo el submarino, en caso de que fueran capturados por enemigos que no respetaran los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíben la tortura y los tratos crueles y degradantes. Este programa de entrenamiento antitortura se extendió a las otras tres ramas del ejército durante la guerra de Vietnam. Después de los ataques del 11-S, estas técnicas de entrenamiento SERE fueron “rediseñadas” para el programa de torturas de la administración Bush.

La CIA aprendió una lección diferente de la guerra de Corea. En 1953, la Agencia empezó a invertir en la investigación para el control de la mente en virtud del programa MK-ULTRA. La primera fase implicó experimentos con hipnosis, electroshock y drogas alucinógenas, evolucionando hacia experimentos en tortura psicológica que adaptaron elementos de los modelos comunistas. El programa secreto de la CIA se convirtió pronto en una “ciencia” aplicada en la Guerra Fría [8]. Los laboratorios incluyeron centros de interrogatorio en varias guerras calientes donde EE.UU. intervenía directamente y lugares donde apoyaban o colaboraban con regímenes de extrema derecha.

En 1963, la CIA, que actuaba bajo el nombre en clave Kubark, produjo un manual titulado “Interrogatorio de Contrainteligencia Kubark” para orientar a agentes y aliados en el arte de extraer información de supuestas fuentes resistentes. En Vietnam, estas técnicas fueron probadas sobre el terreno en el programa Phoenix de la CIA, que combinaba la tortura psicológica con interrogatorios brutales, experimentación humana y ejecuciones extrajudiciales. La CIA entrenó a más de 85.000 policías sudvietnamitas, que operaban en una red de lugares por todo el país donde más de 26.000 prisioneros fueron o torturados hasta la muerte o ejecutados sumariamente tras su interrogatorio.

El programa Phoenix fue un fracaso a la hora de conseguir información de inteligencia y EE.UU. perdió la guerra de Vietnam. Sin embargo, el modelo se transportó después a Latinoamérica en la década de 1960 a través del Proyecto X, un programa secreto para entrenar a las fuerzas de seguridad de los regímenes y dictaduras aliados de EE.UU. Las técnicas del manual Kubark se incorporaron al plan de estudios de la Escuela de las Américas, una institución de entrenamiento militar y refuerzo ideológico para los aliados de EE.UU. en el hemisferio occidental. En el contexto de la era de la Guerra Fría contra el comunismo, como Alfred McCoy y otros han sostenido, EE.UU. fue una fuerza importante en la propagación de la tortura a nivel mundial.

A mediados de la década de 1980, las actividades de la CIA se convirtieron en objeto de las investigaciones del Congreso respecto a las atrocidades apoyadas por EE. UU. en Centroamérica. En 1997, el original manual Kubark y una posterior edición superviviente se hicieron públicos como resultado del litigio presentado por The Baltimore Sun en virtud del Acta de Libertad de Información. En aquel momento, la Guerra Fría había terminado y los principales métodos de la CIA para recoger información de inteligencia se habían desplazado de la inteligencia humana (HUMINT) a las señales electrónicas de inteligencia (SIGNIT). Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, revelaron que la falta de inteligencia humana sobre al-Qaida fue una debilidad monumental, y adquirirla se convirtió en un imperativo impulsor durante los primeros años de la guerra contra el terrorismo.

Tortura y guerra contra el terror

Cinco días después de los ataques del 11-S, el presidente Bush firmó un memorando secreto que sirvió para paramilitarizar la CIA, dotándola de autoridad para “matar o capturar”, y establecer operaciones secretas de detención e interrogatorio en el extranjero. El programa de entregas de la era Clinton, que implicaba el traslado de los sospechosos de terrorismo capturados a terceros países para su procesamiento, se renovó como programa denominado de “entregas extraordinarias”, para permitir que la CIA secuestrara a personas de países extranjeros y las hiciera desaparecer en los agujeros negros (prisiones secretas) donde podían mantenerlos incomunicados, como los llamados detenidos-fantasma, o trasladados extrajudicialmente a los servicios de seguridad de otros Estados para que procedieran a su interrogatorio.

En la división del trabajo de interrogatorio entre el ejército y la CIA, a esta se le asignó la principal responsabilidad de los detenidos de alto valor (DAV), personas que se asumía que eran dirigentes terroristas o planificadores de los ataques del 11-S, o que tenían conocimientos de operaciones y complots terroristas. En 28 de marzo de 2002, el primer DAV, Abu Zubaydah, fue capturado en Pakistán y trasladado a un agujero negro en Tailandia, el primero de varios en los que estuvo detenido durante los años que pasó bajo vigilancia de la CIA. La dureza creciente del trato que se aplicó a Abu Zubaydah se debió a dos factores. Primero, los altos oficiales asumieron, de forma incorrecta, que era una personalidad importante de al-Qaida (ni siquiera era miembro del grupo cuando se produjeron los ataques del 11-S) y se le exigió que aportara inteligencia procesable. Segundo, la CIA contrató a dos contratistas psicólogos, James Mitchell y Bruce Jessen, para que dirigieran el programa de los DAV, a pesar de no tener ni experiencia destacable en los interrogatorios ni conocimientos sobre terrorismo. Su experiencia anterior había sido con el programa SERE, y por tanto con su contratación para dirigir el programa DAV se inició la reingeniería del proceso. Los métodos brutales y deshumanizados autorizados para Abu Zubaydah, que supusieron someterle durante 83 veces a simulación de ahogamiento y colocarle en una “caja de confinamiento” similar a un ataúd, prepararon el escenario para el nuevo programa de torturas de la CIA, diseñado para crear y explotar condiciones de “discapacidad, desorientación y pavor” [9]. La teoría rectora, si es que puede llamársela así, se derivaba de los experimentos con perros y trataba de producir “indefensión aprendida” [10]. Este enfoque se aplicó a las personas que la CIA tenía en cautiverio bajo la presunción de que una vez que se vinieran abajo revelarían gran cantidad de inteligencia procesable. En este sentido, el programa de torturas de la CIA fue otro capítulo en la historia de la experimentación con seres humanos apoyada por el gobierno.

A mediados de 2002, algunos agentes de la CIA estaban cada vez más ansiosos respecto a su vulnerabilidad ante posibles futuros procesamientos en virtud de las leyes federales antitortura. En respuesta, los juristas de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés) elaboraron dos memorandos con fecha 1 de agosto de 2002. Uno de ellos reducía la definición de tortura para excluir todo menos las formas más extremadas de dolor físico y sufrimiento mental prolongado; el otro memorando proporcionaba cobertura legal para las tácticas ya en uso, incluyendo el submarino. Los memorandos articulaban también una teoría del poder presidencial denominada "tesis unitaria ejecutiva", que ya funcionaba como principio rector de la guerra contra el terrorismo de la administración Bush. Esta tesis afirma que el presidente, como comandante en jefe, no puede verse limitado por ley alguna ni sujeto a la supervisión de la separación de poderes en su búsqueda de la seguridad nacional. La tesis ejecutiva unitaria era descaradamente hipersoberanista en su concepción e imperial en su intención. La tesis también podría interpretarse como un intento de regresar a una era anterior a las principales reformas y desarrollos del derecho internacional después de la II Guerra Mundial.

Aunque los memorandos de la OLC habían sido redactados por la CIA, la Casa Blanca los envió al Pentágono. En diciembre de 2002, el secretario de defensa Ronald Rumsfeld autorizó un menú de tres platos de tácticas SERE de ingeniería inversa para su uso con los detenidos recluidos en la Bahía de Guantánamo. Los altos funcionarios judiciales de las cuatro ramas del ejército protestaron, pero fueron ignorados por los líderes civiles. El enfoque permisivo de la tortura autorizada para la CIA se extendió a los militares en Guantánamo y posteriormente emigró hasta Iraq en 2003.

El programa de torturas

Varios sucesos sirvieron para expulsar a los militares del programa de torturas. El primero fue la publicación, en abril de 2004, de las fotos en la prisión de Abu Ghraib de los prisioneros iraquíes desnudos humillados y agredidos por soldados estadounidenses. Las fotos crearon un escándalo de proporciones globales. Otro punto clave de inflexión fue instigado por el senador John McCain, él mismo superviviente de la tortura en la guerra de Vietnam. En 2005, impulsó una legislación conocida como la Enmienda McCain para volver a prohibir las tácticas que violaban las normas de la Convención de Ginebra. McCain quería incluir también a la CIA, pero el vicepresidente Dick Cheney –el principal autor intelectual del programa de torturas- presionó en un Congreso dominado por los republicanos para incorporar una “excepción a la CIA” en la prohibición de la tortura, algo que consiguió. Otro documento legislativo, el Acta de Trato a los Detenidos (DTA, por sus siglas en inglés), confirmó además la prohibición de la tortura por parte del ejército, pero también prohibió que cualquier prisionero de Guantánamo pudiera impugnar su detención o tratamiento en los tribunales estadounidenses. Cuando el presidente Bush firmó la DTA, firmó también una declaración en el sentido de que no necesariamente se iba a considerar que él estaba sometido a la prohibición. Una de las personas que impulsaron esa aclaración al firmar fue Neil Gorusch, entonces alto funcionario del Departamento de Justicia, convertido ahora en el miembro más reciente del Tribunal Supremo.

El comienzo del fin del programa de torturas de la CIA podría datar de noviembre de 2005, cuando The Washington Post informó que la Agencia estaba implicada en secuestros y que dirigía agujeros negros en Europa (posteriormente revelados por Human Rights Watch y ubicados en Polonia, Rumanía y Lituania). Pero fue el Tribunal Supremo quien le asestó un golpe más decisivo en junio de 2006. En Hamdan vs. Rumsfeld, el Tribunal dictaminó que el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra –la denominada línea base humanitaria- se aplica a todas las personas bajo vigilancia estadounidense. En una conferencia de prensa en septiembre, el presidente Bush se burló de la decisión y se quejó de la vaguedad de la prohibición del Artículo 3 común respecto a las “afrentas a la dignidad personal”, afirmando que las técnicas de interrogatorio alternativas mejoradas (eufemismos para la tortura) habían resultado eficaces para mantener seguros a los estadounidenses. Sin embargo, los agujeros negros se vaciaron y 14 DAV fueron reubicados en Guantánamo, incluyendo a Jalid Sheij Mohammed, supuesto cerebro de los ataques del 11-S, que había sido sometido al submarino en 183 ocasiones.

En octubre de 2006, el Congreso aprobó y el presidente Bush firmó el Acta de las Comisiones Militares (MCA, por sus siglas en inglés), que permitía que las comisiones militares de Guantánamo hicieran uso de las confesiones y otras pruebas obtenidas por medios coercitivos. Otra de las características de la MCA de 2006 fue la provisión de inmunidad ex post facto para cualquiera de los crímenes de guerra perpetrados, incitados u ordenados por oficiales estadounidenses desde 1997, un año después de que el Congreso aprobase el Acta de Crímenes de Guerra. Según el experto jurista en seguridad nacional Scott Horton, la MCA de 2006 es un “documento legislativo que permanecerá en la historia junto a las Actas de Sedición y Alienación y el Acta de Esclavos Fugitivos como un recuerdo del tipo de vandalismo constitucional de que el Congreso es capaz cuando se pone realmente a ello” [11].

En 2006, el Consejo de Europa informó que unas cien personas habían sido secuestradas en el continente. El informe de investigación del Parlamento Europeo de 2007 expuso la amplia colusión de algunos servicios de seguridad europeos con el programa de entregas extraordinarias de la CIA. En 2005, un tribunal italiano imputó a 23 agentes de la CIA implicados en el secuestro de Hassan Mustafa Osama Nasr (aka Abu Omar) en Milán en febrero de 2003, desde donde fue trasladado a Egipto para someterle a brutales torturas. En 2007, un tribunal alemán emitió órdenes de búsqueda y arresto de trece agentes de la CIA implicados en el secuestro en 2003 de Jaled El-Masri, un ciudadano alemán, desde Macedonia. El-Masri fue transportado a Afganistán, donde fue torturado y mantenido en régimen de incomunicación durante meses antes de abandonarlo en un lugar remoto de Albania sin papeles ni dinero. El caso alemán se desbarató finalmente como consecuencia de las presiones políticas [12].

El más allá de la tortura

Aunque se puso fin al programa de la tortura de la CIA cuando el presidente Bush estaba aún en el poder, se canceló decisivamente en enero de 2009, cuando el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva en su segundo día en el cargo. Es en esta coyuntura cuando el “más allá de la tortura” adquiere toda su importancia. Cheney, famoso por su secretismo, salió de entre las sombras para montar una campaña pública burlándose de la orden de cancelación del presidente Obama, alegando que era una demostración de que el nuevo presidente era “blando con el terrorismo”. Cheney, que describió el submarino como “una puesta en remojo” y que, para él, su utilización era algo “obvio” [13], vio en el repudio de la tortura una especie de reversión a las intrusiones que él y sus aliados ideológicos habían llevado a cabo al construir una presidencia imperial sin restricciones legales. Afirmó repetidamente, desde el púlpito intimidante de la Fox News y varios think tanks de extrema derecha, que las técnicas mejoradas de interrogatorio se habían utilizado sólo como último recurso –una flagrante falsedad- y que habían sido sorprendentemente eficaces, otra flagrante falsedad. Otros políticos y expertos de extrema derecha siguieron el ejemplo y apoyo público de Cheney a la tortura, que había venido lentamente incrementándose desde 2004, superando la marca del 50% después de que se cancelara el programa. Entre los republicanos, el apoyo fluctuó al alza [14] indicando que los seguidores partidistas se dejan guiar en esos asuntos por las elites políticas y mediáticas.

En esta era posterior a la tortura, pueden dividirse las actitudes estadounidenses a favor de la tortura en dos categorías generales: Una, puesta de manifiesto por Cheney y otros campeones de la tesis ejecutiva unitaria, es el proyecto quasi intelectual para legalizar lo ilegal, por ejemplo, negando que el submarino es tortura cuando son los estadounidenses los que lo practican, e incluso si lo fuera, afirmar que la búsqueda de la seguridad nacional por parte del gobierno de EE. UU. no debería verse constreñida por el derecho internacional. La segunda categoría, que el presidente Trump ejemplifica, es la posición agresivamente antiintelectual caracterizada por la ignorancia sobre la tortura y la ley, y la indiferencia ante el principio de la dignidad humana. Según Darius Rejali, que ha investigado extensamente respecto a las actitudes públicas sobre la tortura: Descubrimos que, en lo que se refiere a la tortura, parece que lo que motiva a la gente son las indicaciones sociales, la superstición, el resentimiento y la indecisión por encima de la filosofía, la moralidad o los resultados racionales… En… nuestros experimentos de investigación controlada, hasta ahora hemos hallado que quienes se decantan a favor de la tortura no les preocupa si produce un resultado positivo o negativo en la seguridad [15].

Decir que la tortura atormenta la política estadounidense como si de un fantasma se tratara, implica poner de relieve que la tortura sigue existiendo pero que se esconde, se reprime, se niega y se miente sobre ella. El concepto de lo fantasmal de Avery Gordon en Ghostly Matters ayuda a ilustrar esta idea. Como ella explica: Lo fantasmal es la forma en la cual los sistemas de poder abusivo se dan a conocer, así como la forma en la que sus impactos se sienten en la vida diaria, especialmente cuando supuestamente se les ha puesto fin o se han olvidado… o cuando se niega su naturaleza opresiva… Lo fantasmal incrementa los espectros y altera la experiencia de ser en el tiempo, la forma en que separamos el pasado, el presente y el futuro. Estos espectros o fantasmas aparecen cuando el problema que representan o indican ya no puede contenerse, ni reprimirse, ni bloquearse de la vista 16.

Muchos de esos espectros atormentan la política estadounidense. Cuando el presidente Obama adoptó la decisión de no procesar a los responsables del programa de tortura, racionalizó tal negativa como una modalidad de justicia restaurativa bipartidista, diciéndole a la nación que ya era hora de mirar hacia adelante y no hacia atrás. Sin embargo, esa medida fue “un asunto fantasmal” en la noción de Gordon, porque esa cancelación oficial no podía negar la existencia del programa de tortura. Asimismo, los memorandos sobre la tortura –aunque la mayoría habían sido retirados o cancelados- fueron clave para que el presidente Obama racionalizara que los agentes del Estado que la instigaron o la llevaron a cabo habían actuado de buena fe, otorgando así a dichos memorandos su intencionado poder de “escudo dorado”. En una orden ejecutiva firmada en enero de 2009, prometió cerrar Guantánamo en un año, pero en mayo de ese mismo año ya estaba volviéndose atrás de su promesa. Ese octubre firmó el Acta revisada de las Comisiones Militares que, aunque reforzaba las normas probatorias sobre confesiones forzadas, no hizo nada para retirar la inmunidad ex post facto para la cláusula de crímenes de guerra de la versión de 2006.

Además, la administración Obama se apoyó en la tesis de la administración Bush respecto al poder ejecutivo y la guerra territorial ilimitada para justificar el programa de drones, que sustituyó al programa de interrogatorios y detención para convertirse en la piedra angular estratégica del modelo de guerra contraterrorista de su administración. La guerra con drones y las ejecuciones extrajudiciales se basan en la misma lógica ilegítima de que EE.UU. puede perseguir sus intereses de seguridad nacional a nivel mundial sin que el derecho internacional pueda ponerle límites.

Secretismo, impunidad, mentiras

Hay tres razones principales para decir que las otras vidas de la tortura atormentan la política estadounidense hoy en día. La primera razón es el secretismo. Aunque el programa de la CIA se canceló, toda la información sobre el mismo sigue siendo clasificada excepto un resumen ejecutivo redactado en términos duros del informe autorizado del SSCI (siglas en inglés de Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia). La clasificación de la información la convierte en conocimiento subyugado, escondida pero no desaparecida. Algunas personas saben que existe, pero otras no creen lo que no pueden ver. Debido a que el informe del SSCI contiene la verdad de esa historia secreta, los defensores de la CIA y los entusiastas de la tortura en el Congreso trataron de hacerse con todas las copias de ese informe destruido. Fracasaron en el intento, pero sólo porque el presidente Obama, durante sus últimos días en el cargo, ordenó que su copia quedara preservada en los archivos presidenciales. No obstante, también ordenó que permaneciera clasificada y con un acceso restringido durante doce años, el tiempo máximo permitido por la ley.

La cuestión del secretismo incluye a las personas que encarnan el conocimiento de la tortura: los individuos que fueron torturados por la CIA, algunos de los cuales siguen encarcelados en Guantánamo como fantasmas vivientes. La administración Obama clasificó como secretos de Estado sus recuerdos de las torturas sufridas. No se les permite comunicar sus experiencias a nadie que no tenga la máxima autorización de seguridad y alguna relación directa y autorizada con las comisiones militares. Incluso los que cuentan con esa habilitación, como sus abogados, están amordazados para hablar de ello públicamente. Los juicios de las comisiones militares para los acusados de ser responsables de los ataques del 11-S, se han prolongado durante años en la fase previa al juicio porque el gobierno se ha comprometido a preservar los secretos de la CIA. En consecuencia, debe litigarse cada testigo y cada prueba pertinente sobre el interrogatorio y la detención, lo que exige que los jueces se encarguen de averiguar cómo reconciliar la voluntad del gobierno de opacidad con una apariencia de proceso debido. En términos generales, este régimen de secretismo crea oportunidades para promover la falsa narrativa de dominio público de que la tortura funcionó, que “mantuvo seguros a los estadounidenses” y que cancelarla hubiera disminuido nuestra capacidad de combatir el terrorismo.

La segunda forma en el que las otras vidas de la tortura atormentan la política estadounidense hoy en día es la ausencia de rendición de cuentas. La tortura es un crimen federal y un crimen muy grave en virtud del derecho internacional. Según Kathryn Sikking, que ha hecho investigaciones trasnacionales comparativas sobre el procesamiento de funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos, la región latinoamericana es líder mundial en lo que denomina justicia en cascada [17], porque docenas de exdirigentes han sido procesados y condenados. Averiguó que los efectos de los procesamientos incluyen niveles menores de represión y mejores registros de los derechos humanos en esos países. Sin embargo, el test real, como ella y otros han indicado, es si el derecho internacional y las normas asociadas con la justicia retributiva por crímenes graves influyen o podrían influir en un Estado poderoso como EE.UU. A ninguno de los funcionarios estadounidenses responsables del programa de torturas se le ha hecho rendir cuentas. Y debido al poder e influencia de EE.UU., esta falta de rendición de cuentas socava el poder del derecho internacional y la fortaleza de las normas contra la tortura a nivel mundial. Además, permitir que los funcionarios de las administraciones del pasado se vayan de rositas respecto a la tortura no ayuda a desalentar la posibilidad de que alguna administración futura trate de hacerlo de nuevo, y ahí es donde la posibilidad de resucitar la tortura en el futuro tiene un efecto perturbador sobre el presente.

La tercera forma en la que el más allá de la tortura atormenta la política estadounidense en la actualidad es que el fracaso a la hora de reconocer la verdad tiene un efecto distorsionador sobre la realidad. Aunque Obama canceló el programa de torturas de la CIA en 2009, su administración hizo cuanto estuvo en su mano para frustrar cualquier justicia hacia las víctimas en tribunales nacionales o extranjeros, y la mayor parte de esos esfuerzos tuvieron éxito. No fue hasta agosto de 2014, cuando reconoció oficialmente la tortura no sólo como una política que había cancelado sino como las acciones intencionadas de un grupo de personas. Pero incluso este reconocimiento se hizo de forma ineficaz y anodina, con el presidente Obama diciendo: “Hicimos un montón de cosas que eran justas [tras los ataques del 11 de septiembre de 2001]. Pero torturamos a alguna gente”. Así pues, si bien la actitud de Obama no es protortura en sí, tampoco es claramente antitortura. No hizo uso de su poder para matar al fantasma mediante alguna de las tres posibilidades de que disponía: desclasificación, rendición de cuentas o reconocimiento. Los secretos siguen siendo secretos y las mentiras y los inventos sobre la eficacia de la tortura o su compatibilidad con la ley siguen comprándose y vendiéndose en el discurso público.

En EE.UU. no sólo no ha habido rendición de cuentas sino que algunos de los responsables del programa de torturas continúan trabajando en el gobierno e incluso han sido promocionados a niveles de autoridad más altos. Un ejemplo lo tenemos en el nombramiento de Trump de Gina Haspel como directora adjunta de la CIA. Haspel estuvo directamente implicada en el programa de torturas de los agujeros negros y compartió responsabilidades en la orden de destruir 91 cintas de video de varios prisioneros cuando estaban siendo sometidos al submarino y torturados con otros medios. El campo a favor de la tortura considera su promoción dentro de la CIA como una reivindicación, si no del programa de torturas mismo, al menos de su legitimidad en la historia.

No obstante, ha habido varios desarrollos positivos recientes en el ámbito de la rendición de cuentas: los dos contratistas psicólogos a quienes se contrató y pagó 81 millones de dólares para diseñar y poner en marcha el programa de torturas de la CIA, James Mitchell y Bruce Jessen, fueron demandados en el estado de Washington por varias de sus víctimas. El tribunal no sólo permitió que este caso siguiera adelante, lo que en sí mismo supuso una ruptura innovadora de la tendencia a aceptar los argumentos de los secretos del gobierno para cerrar los casos, sino que también dictaminó que varios altos funcionarios de la CIA pudieran ser llamados a declarar como testigos. El caso terminó cuando Mitchell y Jessen llegaron a un acuerdo con los demandantes, concediendo así al menos algún grado de culpabilidad por este grave delito. Y en octubre de 2016, el IV Tribunal del Circuito de Apelaciones readmitió una demanda previamente desestimada presentada por las víctimas de torturas en Abu Ghraib contra la firma privada de contratistas CACI Premier Technology. En una sentencia concurrente, un juez subrayó: “Está más allá del poder, incluso del presidente, declarar que la tortura es legal” [18].

Matar el fantasma de la tortura

Estamos viviendo en una época en la que, en lo a la tortura se refiere, la verdad y la justicia son ilusorias. Y por eso la tortura atormenta nuestra política. Al igual que un fantasma amenaza con apoderarse de la casa, el presidente Trump provoca grandes vítores cuando le dice a la muchedumbre que quiere traer de nuevo la simulación de ahogamiento. Que él o un futuro presidente puedan resucitar un programa así sigue siendo una incógnita. Aunque el ejército y los funcionarios de la CIA han declarado que no apoyarían ni instituirían un retorno a la tortura, la opinión pública ha dado un giro en sentido contrario [19].

Este creciente deseo público a favor de la tortura subraya la importancia de la educación cívica sobre las lecciones de la historia. La educación cívica empieza con una batalla por las narrativas con objeto de informar y contribuir a una mayor comprensión pública de todo lo inmoral contenido en la tortura. La educación cívica incluye también el empoderamiento del pueblo para que pueda acometer agresivamente al electorado que se manifiesta a favor de la tortura. Ahí es donde los estudiantes y los académicos pueden desempeñar un papel importante. Corresponde a quienes se preocupan por estos temas elaborar empíricamente argumentos sólidos y analíticamente persuasivos contra la tortura –y contra quienes la apoyan-, porque es un modo de demostrar respeto por la democracia y el imperio de la ley en EE. UU. y por los derechos humanos y los principios humanitarios a escala mundial. A partir de los resultados de las elecciones de 2016 y de la victoria de un candidato ardientemente protortura, la educación cívica sobre la tortura y la organización en contra de la misma pueden muy bien convertirse en la versión del movimiento abolicionista del siglo XXI.

NOTAS:

[1] David M. Jackson, “Trump Advocates Waterboarding and ‘Much Worse’ To Battle Terrorists,” USA Today, June 16, 2016. [regresa]

[2] “Donald Trump’s New York Times Interview: Full Transcript,” The New York Times, November 23, 2016. [regresa]

[3] Douglas A. Johnson, Alberto Mora, and Averell Schmidt, “The Strategic Costs of Torture: How ‘Enhanced Interrogations’ Hurt America,” Foreign Affairs 95/5 (September/October 2016) pp. 121–132. [regresa]

[4] Eric Weiner, “Waterboarding: A Tortured History,” National Public Radio, November 3, 2007. [regresa]

[5] Ibid. [regresa]

[6] Louis Menand, “Brainwashed,” The New Yorker, September 15, 2003. [regresa]

[7] Eugene Kinkead, “The Study of Something New in History,” The New Yorker, October 26, 1957, p. 120. [regresa]

[8] Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (New York: Picador, 2008). Darius Rejali, Torture and Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2009). [regresa]

[9] Alfred McCoy, Torture and Impunity: The US Doctrine of Coercive Interrogation (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2012), p. 102. [regresa]

[10] Jane Mayer, The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals (New York: Random House, 2008), p. 164. [regresa]

[11] Scott Horton, “State of Exception: Bush’s War on the Rule of Law,” Harper’s Magazine (July 2007). [regresa]

[12] Lisa Hajjar, “Wikileaking the Truth about American Unaccountability for Torture,” Societies without Borders 7 (2012). [regresa]

[13] Demetri Sevastapulo, “Cheney Endorses Simulated Drowning: Says Use of Water Boarding to Get Terrorist Intelligence Is a ‘No Brainer,’” Financial Times, October 26, 2006. [regresa]

[14] Paul Gronke, Darius Rejali, and Peter Miller, “Americans Are Deeply Divided about Torture,” The Conversation, December 10, 2014. [regresa]

[15] Darius Rejali, “Donald Trump’s Pro-torture Rhetoric Could Help Bring Abuse to a Neighborhood Near You,” The Los Angeles Times, February 19, 2017. [regresa]

[16] Avery Gordon, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008), p. xvi. [regresa]

[17] Kathryn Sikkink, The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics (New York: W.W. Norton, 2012). [regresa]

[18] Baher Azmy, “No One—Not Even the President—Can Declare Torture Lawful,” Open Society Foundations, October 31, 2016. [regresa]

[19] Alex Tyson, “Americans Divided in Use of Torture in US Anti-Terror Efforts,” Pew Research Center Fact Tank, January 26, 2017. [regresa]

Lisa Hajjar es profesora de Sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara. Sus investigaciones se centran en cuestiones de leyes y legalidad, guerra y conflicto, derechos humanos y tortura. Ha escrito Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza (University of California Press, 2005) y Torture: A Sociology of Violence and Human Rights (Routledge, 2012). Además de ser coeditora en Jadaliyya, colabora con los comités editoriales de Middle East Report y Journal of Palestine Studies. En la actualidad, trabaja en un libro sobre la abogacía en lucha contra la tortura en EEUU.

Fuente: http://merip.org/mer/mer283/afterlives-torture-0


 

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