Lancaster reforzará el E-Verify
Empresas iniciarán el año con la utilización del sistema de verificación en contrataciones
- Jorge Morales Almada/jorge.morales@laopinion.com |
- 2009-12-30
- | La Opinión
A partir del viernes 1 de enero las empresas que operen en la ciudad de
Lancaster serán obligadas a utilizar el sistema de verificación de datos a
empleados, mejor conocido como E-Verify, para asegurar que todas las nuevas
contrataciones que se hagan sean de personas que cuentan con documentos legales
para trabajar en el país.
La medida es producto de una ordenanza municipal que se aprobó a finales de
octubre, la cual también establece que se les podría revocar la licencia
municipal a los negocios que contraten a indocumentados.
En un comunicado, la ciudad de Lancaster destacó que la crisis económica ha
provocado una gran escasez de empleos en esa región norte del condado de Los
Ángeles y que el 17% de los residentes de Antelope Valley lo están padeciendo, por
lo que es necesario que todos los trabajos disponibles en la ciudad sean dentro
de sistemas que cumplan con la ley.
Para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los
Ángeles (CHIRLA) podría tratarse de una estrategia discriminatoria en contra de
los trabajadores inmigrantes.
"No solamente el trabajador está en riesgo de que le violen sus
derechos civiles, sino que la economía local también sufra más estragos con
estas medidas falsamente preventivas", mencionó Jorge Mario Cabrera, portavoz
de CHIRLA.
Aunque Ramón Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Antelope
Valley, dijo estar convencido de que hay que cumplir con las leyes que
establece la ciudad, la medida no le parece una solución a la crisis económica
ni al problema de la inmigración indocumentada.
"Yo te aseguro que si lo aplican duramente vamos a ver mucha más gente
que no tenga trabajo", comentó el líder de los comerciantes de esa región.
Ortega explicó que desde el punto de vista de la ciudad, la medida es para
ayudar a quienes no tienen empleo y que por su condición de ciudadanos lo
merecen.
"Políticamente lo que dicen es que la mayoría que no está trabajando
es porque hay gente indocumentada que ocupa esos trabajos", mencionó.
Sin embargo, aclaró, habría que ver las categorías de trabajadores
desempleados.
"Son profesionales que naturalmente ganaban mucho más de la gente que
trabaja en un McDonald’s y te aseguro que no van a tomar un trabajo de salario
mínimo", apuntó. "La aplicación de esta ley es para identificar a las
personas que están trabajando con número de Seguro Social falso, pero yo creo
que la solución es darles oportunidad para que se hagan ciudadanos, pero según
mi entendimiento no es fácil y es un camino largo".
"Es absolutamente esencial que nuestros negocios locales cumplan con
la ley cuando escojan a quién emplear", declaró el alcalde de Lancaster,
Rex Parris, a través del comunicado oficial.
Por su parte, la concejala Sherry Márquez, dijo que aplicar el E-Verify es
camino sencillo y efectivo para asegurar que sólo los ciudadanos
estadounidenses tengan los trabajos disponibles en Lancaster.
"El sistema federal E-Verify asegurará que todos los negocios en la
ciudad de Lancaster estén operando de acuerdo con la ley", recalcó la
funcionaria.
El E-Verify es un sistema de verificación electrónica que se realiza a
través de una página de internet en la que el empleador coteja los datos que
presenta quien está por ser contratado con las bases de datos del Departamento
de Seguridad Interna (DHS) y de la Administración del Seguro Social (SSA).
El cotejo de información a través del E-Verify es sólo para nuevas
contrataciones, ya que no se debe ni se puede verificar los datos de los
actuales empleados, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS).
Sin embargo, el sistema ha detectado algunas errores en la incompatibilidad
de información y ha originado las llamadas "No-Match Letters", además
de que en abril de 200 el Congressional Budget Office (CBO) y el Joint
Committee on Taxation (JCT), advirtieron que la imposición del E-Verify
representaría pérdidas millonarias para la tesorería federal.
Ese estudio calculó que de 2009 a 2018, de establecerse la medida
obligatoria, al gobierno federal le costaría unos 50,700 millones de dólares,
lo que representa el 10% del total del presupuesto de Estados Unidos.
Por ello, para CHIRLA, el hacer esas indagaciones sobre el estado
migratorio de empleados utilizando un fallido sistema, es como tirar dardos a
un blanco y con los ojos cerrados.
"No sé qué tipo de información se podrá obtener, si es verídica y si
es confiable", mencionó Jorge Mario Cabrera. "Hasta que el sistema no
atraviese serias modificaciones, nos preocupa que su uso sea solamente una
excusa más y una estrategia discriminatoria en contra de los inmigrates".
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