Ley contra inmigrantes provoca pánico
Valeria Fernández
IPS
7 de diciembre de 2009
PHOENIX, Estados Unidos - Activistas humanitarios y líderes religiosos del sudoccidental estado
estadounidense de Arizona tratan de contener el miedo que suscita la flamante
ley estadual que obliga a los funcionarios públicos a denunciar a inmigrantes
indocumentados.
"Hay pánico en la comunidad", señaló la pastora Magdalena Schwartz, religiosa
metodista defensora de los derechos de los inmigrantes en Arizona.
"Las autoridades tienen que darse cuenta de que la confusión pone en
peligro a la seguridad pública", remarcó Schwartz, "porque los padres
tienen miedo de llevar a sus hijos al médico, aun cuando la ley no debería
afectarlos".
"Da más miedo cuando estamos en medio de una temporada de influenza",
añadió.
Arizona se considera un laboratorio de pruebas para leyes de inmigración
nacionales. En los últimos cinco años, miembros del ahora opositor Partido
Republicano aprobaron normas que van desde prohibir becas para estudiantes sin
documentos hasta negar la fianza a personas acusadas de cometer un delito.
La ley estadual, que entró en vigor el 24 de noviembre, requiere que
funcionarios estaduales y de los distintos distritos de Arizona informen a las
autoridades de inmigración sobre toda solicitud de beneficios presentada por
inmigrantes irregulares. De lo contrario podrían llegar a ser condenados a
cuatro meses de prisión.
La norma también habilita a los contribuyentes a demandar a una institución
estadual o municipal si consideran que no aplica la ley de forma correcta.
No están incluidos los servicios de atención médica de emergencia ni la policía
ni los bomberos, pero hay mucha preocupación y desconfianza.
"Con la salud de mi hija, no juego", dijo a IPS José, quien no tiene
documentos en regla. "La llevaré al médico", aseguró este padre de
una ciudadana estadounidense que está bajo tratamiento médico por un trasplante
de hígado.
"Pero me siento entre la espada y la pared. Cómo me voy a ocupar de mi
hija sí me deportan", preguntó.
Jazmín tampoco tiene los papeles en regla y hace tres días que no lleva a su
hijo, también ciudadano estadounidense, al médico por temor a ser deportada.
La joven madre tiene miedo de dar sus datos personales por temor a que las autoridades
de inmigración la vayan a buscar porque tiene pendiente una solicitud para
renovar el seguro de salud estatal de su hijo, por lo que decidió pedir ayuda a
una organización religiosa.
El pastor Jesús Garza, del Centro de Alabanza Judá, Asambleas de Dios, ayuda a
decenas de familias de inmigrantes con miedo a concurrir a la consulta médica.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes combaten el temor con información
a través de los medios de comunicación en español, señaló el abogado de
derechos humanos Daniel Ortega.
"Llegamos a la conclusión de que mientras la gente no admita que está en
el país de forma ilegal, no tiene nada de qué preocuparse", dijo Ortega a
IPS. "Si son inmigrantes sin documentos saben que no deben solicitar
ningún beneficio público", añadió.
Las propias agencias del gobierno dudan sobre cómo implementar la ley. El
Departamento de Administración de Arizona solicitó la opinión formal de la
oficina del fiscal general con más de 13 preguntas sobre su implementación.
El Departamento de Seguridad Económica (DSE) de Arizona, que gestiona varios de
los beneficios implicados, como vales canjeables por alimentos y seguros de
salud, divulgó el 3 de este mes información sobre los procedimientos a los
cuales se aplica la ley.
"Vamos a seguir aplicando la ley estadual y federal como lo hemos hecho
hasta ahora", señaló el portavoz del DSE, Steve Meissner. "El no
poder mostrar los documentos es no admitir que están en el país de forma
ilegal", remarcó.
Los partidarios de la ley sostienen que respeta la voluntad de los votantes de
Arizona, que en 2004 aprobaron la Propuesta 200. El impacto de esa iniciativa,
destinada a negar beneficios a los inmigrantes irregulares, se limitó a cinco
programas por decisión del fiscal general.
"No cambió nada, esto es lo que quisieron los votantes", sostuvo el
representante republicano Steve Montenegro. "Tenemos dificultades
económicas en Arizona y hay que recortar fondos en distintas áreas. Es correcto
verificar que las personas que solicitan beneficios estén calificadas para
hacerlo", añadió.
Los detractores del proyecto de ley sostienen que perjudicará a los hijos de
los inmigrantes indocumentados, quienes temen ser deportados al solicitar algún
beneficio.
"No creo en esa retórica, eso es lo que siempre dicen. Pero las salas de
emergencias se llenan apenas se vacían", señaló Valerie Roller, integrante
de Riders U.S.A., una organización local que se opone a la legalización de los
inmigrantes indocumentados.
Ella cree que los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en Estados Unidos no
deberían de poder ser ciudadanos.
La presidenta de la organización Somos America, Lydia Guzmán, recibe llamadas
telefónicas de trabajadores sociales preocupados ante la posibilidad de perder
el trabajo por no denunciar a una persona que resida en el país sin documentos.
Hay gran preocupación por los inmigrantes que quedan en el medio, como Jazmín.
"No es para mí que necesito la ayuda, es para mi hijo", dijo a IPS la
madre de 24 años.
Numerosos cuestionamientos legales podrían poner un freno al proyecto.
La Corte Suprema del estado desestimó el 2 de este mes una demanda para
suspender la implementación de la ley, presentada por la Liga de Ciudades y
Pueblos de Arizona. El juicio cuestionaba cómo se había creado la norma. La
asociación evalúa insistir con otro tribunal en las próximas dos semanas.
Otras organizaciones, como el Fondo de Educación y de Defensa Legal
Mexicano-Estadounidense (Maldef, por sus siglas en inglés), están dispuestos a
recusar los fundamentos de la norma.
"Maldef y yo estamos dispuestos a entablar una demanda si se niegan
beneficios que no debieron ser negados, o si se procesa a un funcionario que no
debió ser procesado", señaló el abogado de derechos humanos Ortega.
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