DDHH-EEUU: Londres quiere sacar las castañas de la CIA del fuego
William Fisher
IPS
5 de mayo de 2009
NUEVA YORK - La Alta Corte de Gran Bretaña resolverá esta semana si un documento de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que está en poder del tribunal
sobre maltratos a un detenido por la "guerra contra el terrorismo"
puede difundirse al público.
Esto abrirá paso a una demanda contra el gobierno británico por complicidad en la detención ilegal
de un etíope residente en ese país por parte de la CIA, que lo torturó y
encarceló clandestinamente en la prisión de la base naval estadounidense en
Guantánamo, Cuba.
Los abogados de la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores británica
hicieron la semana pasada un intento de último momento por impedir la difusión
de los documentos en cuestión.
Esos papeles demostrarían que las autoridades de Gran Bretaña tenían
conocimiento del maltrato que padecía el prisionero Binyam Mohamed a manos de
funcionarios estadounidenses en Guantánamo.
El documento es un resumen de siete párrafos, incluido en un fallo anterior, de
informes procedentes de la CIA. Los jueces John Thomas y David Lloyd Jones
habían señalado que no contiene nada que pueda "describirse como
‘inteligencia estadounidense clasificada y altamente delicada’".
En un veredicto emitido este año, la Alta Corte expresó consternación por el
hecho de que una democracia "gobernada por el imperio de la ley"
procure suprimir evidencia "relevante a las denuncias de tortura y trato
cruel, inhumano y degradante, por más políticamente embarazoso que esto pueda
ser".
Pero el abogado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, David Mackie, dijo a
la Alta Corte que funcionarios del gobierno de Barack Obama le habían dicho al
titular de su cartera, David Miliband, que la revelación de esos párrafos
probablemente ocasionaría un "serio daño para la seguridad nacional"
de los dos países.
Ese alegato parece contradictorio con la decisión de Obama de desclasificar
información detallada sobre las técnicas de interrogatorios de la CIA, entre
ellas el "waterboarding" o submarino, simulación de ahogamiento muy
utilizada por las dictaduras latinoamericanas de los años 70.
Según los abogados de Mohamed, la acción de Obama significa que es altamente improbable
que el presidente objete la revelación de los datos de la CIA.
Los últimos acontecimientos en la Alta Corte ocurrieron al tiempo que un
tribunal de apelaciones de Estados Unidos daba luz verde a una demanda
presentada allí por cinco hombres, entre ellos Mohamed y otro residente
británico, Bisher al-Rawi, que aseguraron haber sido torturados bajo el
programa de entregas extraordinarias de la CIA.
Los cinco ex prisioneros en Guantánamo demandan a Jeppesen Dataplan, una
subsidiaria de la compañía de aviación Boeing, acusada de proporcionar vuelos
hacia prisiones secretas de ultramar en las que habrían ocurrido esos abusos.
En lo que puede convertirse en una decisión histórica, el tribunal de
apelaciones dictaminó que el "privilegio del secreto de estado"
--habitualmente usado por el gobierno para bloquear demandas contra sus
funcionarios-- sólo puede usarse para impugnar evidencia específica, pero no
para desestimar una demanda entera.
El veredicto, aplaudido por defensores de los derechos humanos, está vinculado
a una demanda contra la empresa Jeppesen Dataplan por su rol en el programa de
"entregas extraordinarias" durante el gobierno del ex presidente
George W. Bush (2001-2009).
"Éste es un tremendo paso adelante", dijo sobre el fallo estadounidense
el abogado de Mohamed, Clive Stafford Smith, director de la organización
británica de asistencia legal Reprieve.
"Binyam Mohamed, Bisher al-Rawi y tal vez muchos otros están un paso más
cerca de hacer que los presidentes de estas compañías se detengan a pensar
antes de cometer delitos para sacar provecho económico", declaró a IPS.
La investigadora de las entregas extraordinarias en Reprieve, Clara Gutteridge,
consideró "inconcebible que Jeppesen haya actuado sola. Aquéllos que están
en la cumbre del gobierno de Estados Unidos --y en algunos casos en el de Gran
Bretaña-- han autorizado los vuelos para las entregas ilegales y también deben
ser responsabilizados".
La demanda estadounidense denuncia que Jeppesen participó, a sabiendas, en el
programa de entregas extraordinarias, planificando vuelos y brindando apoyo
logístico a aviones y tripulaciones utilizados por la CIA para
"desaparecer" por la fuerza a los cinco hombres.
Así se los envió a prisiones administradas por Estados Unidos o agencias de
inteligencia extranjera en ultramar, donde fueron interrogados bajo torturas.
La demanda fue presentada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados
Unidos (ACLU), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de este
país.
El gobierno de Bush intervino en 2007, cuando el caso se presentó por primera
vez en un tribunal de primera instancia, reafirmando el privilegio de los
"secretos de Estado" al rechazar el caso en febrero de 2008.
En este sentido, el gobierno de Obama siguió el mismo camino que su predecesor.
Ahora el tribunal de apelaciones revirtió esa decisión.
Pero los abogados de los hombres que presentaron la demanda también fueron
cautos. "Esta decisión histórica señala el inicio, no el fin, de este
litigio", dijo a IPS Ben Wizner, abogado del Proyecto de Seguridad
Nacional de la ACLU.
El veredicto del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos significa que el
gobierno puede afirmar el privilegio de los "secretos de Estado" para
evidencias específicas, pero no para poner fin a un caso antes de que éste
comience.
Eso significa que se trata principalmente de un "privilegio
evidenciario", definición que los defensores de las libertades civiles han
buscado durante mucho tiempo. La Ley de Protección de Secretos de Estado, ahora
pendiente en el Congreso legislativo, convertiría esa definición en ley.
Ahora el gobierno de Obama tiene tres opciones. Puede no hacer nada, lo que
significaría que la demanda finalmente se presente ante un tribunal
estadounidense. También puede pedirle a todo el Tribunal de Apelaciones del
Noveno Circuito que realice una nueva audiencia sobre el caso. O puede apelar
el caso ante la Corte Suprema.
Si el caso va a juicio, el gobierno todavía puede alegar que revelar cualquier
cosa sobre la relación de Jeppesen con el gobierno de Estados Unidos
traicionará los secretos de la seguridad nacional.
Pero ahora ya no puede simplemente "afirmar" ese privilegio. También
tendrá que convencer a un juez.
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