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Lunes 09 de febrero del 2009
Luego de redadas, años de incertidumbre
Jack Dempsey / AP Photo
Dos años después de haber sido
detenido en una redada, el guatemaltelco Ernesto García sigue en Estados
Unidos, sin poder trabajar, esperando que los tribunales se pronuncien sobre su
caso.
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Por IVÁN MORENO
AP
Ernesto García se sentía afortunado: a diferencia de lo que le sucedió a
cientos de compañeros de trabajo, no fue deportado tras ser arrestado en una
redada del servicio de inmigración.
Dos años después, sin embargo, sigue sin trabajar
y sobreviviendo a duras penas mientras espera que su caso se resuelva.
Este guatemalteco de 34 años es una de cientos de
personas de todo el país sumidas en la incertidumbre mientras los tribunales
del servicio de inmigración procesan sus casos. Un fallo favorable podría
permitirle obtener la residencia permanente. Pero mientras espera -y esa espera
a veces dura años-, no puede trabajar.
Julien Ross, directora de la Coalición por los
Derechos de los Inmigrantes de Colorado, dice que esta es una forma
"sádica" de empujar a los extranjeros a que regresen a sus países por
su propia cuenta.
"Es otro ejemplo de que las redadas no
funcionan", declaró Ross. "Hacerlos esperar por años que se resuelvan
sus casos es como tirarle sal a la herida. Y el gobierno sabe que esto no
funciona".
Los casos de infracciones a las leyes de
inmigración no pueden ser procesados en forma acelerada, como algunos casos
penales. En Denver, los cuatro jueces especializados en temas de inmigración
manejan hasta 2.000 casos a la vez, por lo que las demoras son inevitables,
según Christina Fiflis, abogada que representa a algunos de los trabajadores
detenidos en la redada hecha en la planta de Swift en Greeley el 12 de
diciembre del 2006.
Algunos pueden solicitar permisos temporales de
trabajo, pero generalmente hay "demoras extraordinarias" en la
tramitación de esos permisos, indicó Fiflis.
Al no poder trabajar, los extranjeros dependen de familiares, amigos y la caridad.
"En muchos casos, las familias agotan todas
las opciones para ver si pueden permanecer en el país, especialmente las que
llevan aquí mucho tiempo", dijo Rosa María Castañeda, del Urban Institute
de Washington, organismo que estudia el impacto de las redadas en los sitios de
trabajo.
Carl Rusnok, del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que no sabe cuántas personas
detenidas en redadas permanecen en Estados Unidos esperando fallos de los
tribunales.
"Si bien ese es su derecho, hay límites a lo
que pueden y no pueden hacer mientras tanto. No hay ninguna ley que estipule
que se le puede dar permisos de trabajo a quienes fueron pillados trabajando
ilegalmente en el país", manifestó Rusnok.
Elaine Komis, de la Oficina Ejecutiva para la
Revisión de Inmigración, el tribunal del Departamento de Justicia que lidia con
los casos de inmigración, dijo que es común que estos casos tomen años si los
implicados apelan las decisiones de los jueces.
La agrupación de Castañeda no tiene cifras
precisas acerca de la cantidad de casos de personas detenidas en redadas que
esperan fallos de los tribunales.
Pero dijo que incluyen a algunos de los 261
detenidos en Swift y de otras 261 personas arrestadas el mismo día en Grand
Island, Nebraska. También se encuentran en la misma situación muchos de los 361
arrestados en marzo del 2007 en la fábrica textil Michael Bianco de New
Bedford, Massachusetts. En diciembre del año pasado, 201 de esos trabajadores
estaban todavía en New Bedford.
"Es difícil porque no se puede trabajar.
Pero confiamos en Dios, en que nos va a ayudar", declaró Brenda Miranda,
cuyo esposo, José Mendoza, fue arrestado en Greeley, 100 kilómetros (60 millas)
al norte de Denver. "Vale la pena el sacrificio porque nuestros hijos
tendrán mejores oportunidades".
Miranda, de 26 años, dijo que su esposo, quien,
al igual que ella es del norte de México, había estado trabajando
esporádicamente en la construcción, sin papeles. Indicó que el marido le quedan
120 dólares por mes luego de hacer los pagos para la manutención de sus hijos.
Mendoza, de 29 años, fue detenido nuevamente a
fines del año pasado cuando el procurador del condado de Weld Ken Buck
investigó más de 1.300 casos de personas que hicieron sus declaraciones de
impuestos con documentos falsos o robados. La próxima vista judicial de Mendoza
está programada en diciembre.
García también trabajó ilegalmente después de la
redada. Su último trabajo, en una plantación de zanahorias y cebollas, duró
hasta noviembre. Cobraba 300 dólares a la semana, parte de lo cual pasaba al
abogado que lleva su caso de inmigración.
La redada en que fue apresado García fue parte de
una operación que incluyó incursiones en sitios de trabajo en Grand Island,
Cactus (Texas), Hyrum (Utah), Marshalltown (Iowa) y Worthington (Minnesota). El
ICE dice que en total fueron arrestadas casi 1.300 personas ese día. Los que
pelean su deportación en los tribunales y cuyas vistas están programadas
también en diciembre, podrían ser expulsados del país de todos modos, después
de tres años de batallas legales.
Una iglesia y una organización comunitaria están ayudando a los indocumentados de Greeley.
"Parecen hambrientos. Tenemos la obligación
moral de ayudarlos", comentó Ann Ratcliffe, una mujer de 65 años que
asiste a la iglesia presbiteriana Familia de Cristo. Describe a las familias
detenidas como sus "vecinos", usando la palabra en español.
La iglesia y sus donantes aportaron más de 30.000
dólares a la causa de los inmigrantes en los últimos dos años, ayudando a que
unas dos decenas de familias permanezcan en el país mientras esperan que se
pronuncien los tribunales.
"Están aquí, sin poder hacer nada",
dijo el reverendo Richard Craft, pastor de la iglesia de Greeley que ayuda a
administrar los fondos a través de una organización comunitaria llamada Al
Frente de la Lucha.
García, quien vino a Colorado hace 13 años,
espera que el tiempo que lleva en el país la ayude a conseguir papeles.
"Si las cosas son horribles para mí aquí, en
mi país serían peores", dijo García. "Es mejor pelear la situación
aquí y ver qué pasa".
Ricardo Romero, de Al Frente de la Lucha, indicó
que en Greeley permanecen 13 familias de Guatemala, seis de México y dos de El
Salvador.
"Cuando se acabe el dinero (de la iglesia),
no sé qué haremos", declaró Romero. "Pero si podemos quedarnos hasta
el día de la vista judicial, y alguien regulariza su situación, habrá valido la
pena".
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