Más residentes al borde de la deportación
El número de extranjeros legales que enfrenta la deportación por delitos va
en aumento, y todo indica que la tendencia continuará
- Eileen Truax/eileen.truax@laopinion.com |
- 2010-01-01
- | La Opinión
Para algunos de ellos es mucho más que una deportación: se trata de perder de
la única vida que conocen. Cada día más residentes legales de Estados Unidos se
enfrentan al espectro de la deportación a países en los que son completamente
extraños, de los cuales en ocasiones no conocen ni el idioma.
Las leyes de deportación aprobadas en 1996 permiten que los residentes
legales pueden ser deportados en caso de que hayan cometido faltas importantes a
la ley.
Para quienes cuentan con menos de cinco años de residencia en el país, la
deportación puede ser aplicada por delitos calificados como "faltas morales" o
"de mala intención" (moral turpitude), un término en el cual puede estar
incluido el robo a tiendas o la posesión de mariguana. Para quienes han vivido
como residentes en Estados Unidos durante más de cinco años, un cargo de felonía
agravada o dos faltas morales pueden ser suficientes para la deportación.
De acuerdo con datos del ICE, cerca de 897 mil personas sin ciudadanía fueron
deportadas tras haber cumplido sus sentencias criminales; de estos, al menos
20%, uno de cada cinco, era residente legal del país, en ocasiones por varias
décadas. Al ser deportados a su país de origen, en muchas ocasiones carecen de
conocidos, de familia o de contactos para iniciar una nueva vida.
Un reporte publicado en abril de 2009 por la organización Human Rights Watch
confirma que residentes que han vivido en el país por décadas, incluidas
personas con "green cards", han sido deportadas masivamente por conductas
criminales que en la mayoría de los casos constituyen crímenes menores, con el
consecuente efecto en las familias que son separadas de uno de sus integrantes
por esta razón. El reporte indica también que 77% de quienes eran residentes y
han sido deportados, lo han sido por crímenes no violentos.
"Definitivamente hemos visto un incremento en la aplicación de esta ley,
particularmente en los aeropuertos internacionales, en donde los residentes que
tienen antecedentes de crímenes de mala intención, como dos robos pequeños,
pueden ser deportados por eso", señala Meredith Brown, abogada de inmigración de
Los Ángeles. "En ocasiones la persona viaja confiada porque han pasado veinte
años desde entonces, pero puede ser detenida".
Para Brown, el panorama no tiene posibilidades de mejorar; por el contrario,
considera que a la luz de la revisión de una propuesta de reforma migratoria, es
posible que se vea un endurecimiento en la forma como se tratan los delitos de
los no ciudadanos.
"Hay ciertas personas en los niveles más elevados de la administración [del
presidente de Estados Unidos, Barack] Obama, como Rahm Emanuel, que han dicho
que cualquier iniciativa de ley tiene que incluir un aspecto policíaco y de
aplicación de la ley antes de hablar de amnistía o de ganar la residencia",
recuerda la abogada. "Las deportaciones por este motivo están lejos de
bajar".
Tom Barry, director del Proyecto Transfronterizo del Centro de Política
Internacional en Washington, D.C. considera que precisamente la estricta
aplicación de leyes como esta constituye una de las fuerzas de la administración
Obama.
"Cualquier legislación en materia de inmigración va a tener que ser dura en
términos del acceso a la ciudadanía, así que si alguien tiene un récord
criminal, es probable que no sea elegible para la ciudadanía", afirma. Y lejos
de ser incluida en una posible legislación, está también la situación de los
residentes que enfrentan una deportación a un país que, aunque los haya visto
nacer, tras varias décadas viviendo fuera de él resulta ajeno.
"Esa no es una preocupación del gobierno estadounidense ni se considera en
las cortes de inmigración, aunque existen reportes de lo que pasa a esas
personas que no dominan el idioma o no tienen familiares en los países a los que
son enviados", comenta Barry. "Son verdaderas tragedias que ocurren todo el
tiempo".
De acuerdo con el analista, aunque prever lo que ocurre en estas situaciones
no es una obligación legal de Estados Unidos, sí debería ser una obligación
moral.
"La mayoría de quienes están siendo deportados lo son por haber cometido
delitos menores, pero hay una proporción [23% de acuerdo con el reporte de Human
Rights Watch] que sí ha cometido crímenes violentos, que tiene conexiones con
pandillas, y que son deportados llevando esa cultura delictiva a países como El
Salvador y Honduras. Con los años se crean grupos delictivos trasnacionales",
dice Barry.
"Es necesario crear políticas que contemplen cómo estas deportaciones
impactan a los países donde las personas serán deportadas", agrega. "Debemos
resolver nuestra responsabilidad como país cuando las personas han vivido mucho
tiempo aquí; somos responsables de su detención permanente o de su
rehabilitación, en lugar de exportar nuestros problemas".
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