Más residentes al borde de la deportación
El número de extranjeros legales que enfrenta la deportación por delitos va en aumento, y todo indica que la tendencia continuará
- Eileen Truax/eileen.truax@laopinion.com |
- 2010-01-01
- | La Opinión
Para algunos de ellos es mucho más que una deportación: se trata de perder
de la única vida que conocen. Cada día más residentes legales de Estados Unidos
se enfrentan al espectro de la deportación a países en los que son
completamente extraños, de los cuales en ocasiones no conocen ni el idioma.
Las leyes de deportación aprobadas en 1996 permiten que los residentes
legales pueden ser deportados en caso de que hayan cometido faltas importantes
a la ley.
Para quienes cuentan con menos de cinco años de residencia en el país, la
deportación puede ser aplicada por delitos calificados como "faltas
morales" o "de mala intención" (moral turpitude), un término en
el cual puede estar incluido el robo a tiendas o la posesión de mariguana. Para
quienes han vivido como residentes en Estados Unidos durante más de cinco años,
un cargo de felonía agravada o dos faltas morales pueden ser suficientes para
la deportación.
De acuerdo con datos del ICE, cerca de 897 mil personas sin ciudadanía
fueron deportadas tras haber cumplido sus sentencias criminales; de estos, al
menos 20%, uno de cada cinco, era residente legal del país, en ocasiones por
varias décadas. Al ser deportados a su país de origen, en muchas ocasiones
carecen de conocidos, de familia o de contactos para iniciar una nueva vida.
Un reporte publicado en abril de 2009 por la organización Human Rights
Watch confirma que residentes que han vivido en el país por décadas, incluidas
personas con "green cards", han sido deportadas masivamente por
conductas criminales que en la mayoría de los casos constituyen crímenes
menores, con el consecuente efecto en las familias que son separadas de uno de
sus integrantes por esta razón. El reporte indica también que 77% de quienes
eran residentes y han sido deportados, lo han sido por crímenes no violentos.
"Definitivamente hemos visto un incremento en la aplicación de esta
ley, particularmente en los aeropuertos internacionales, en donde los
residentes que tienen antecedentes de crímenes de mala intención, como dos
robos pequeños, pueden ser deportados por eso", señala Meredith Brown,
abogada de inmigración de Los Ángeles. "En ocasiones la persona viaja
confiada porque han pasado veinte años desde entonces, pero puede ser detenida".
Para Brown, el panorama no tiene posibilidades de mejorar; por el
contrario, considera que a la luz de la revisión de una propuesta de reforma
migratoria, es posible que se vea un endurecimiento en la forma como se tratan
los delitos de los no ciudadanos.
"Hay ciertas personas en los niveles más elevados de la administración
[del presidente de Estados Unidos, Barack] Obama, como Rahm Emanuel, que han
dicho que cualquier iniciativa de ley tiene que incluir un aspecto policíaco y
de aplicación de la ley antes de hablar de amnistía o de ganar la
residencia", recuerda la abogada. "Las deportaciones por este motivo
están lejos de bajar".
Tom Barry, director del Proyecto Transfronterizo del Centro de Política
Internacional en Washington, D.C. considera que precisamente la estricta
aplicación de leyes como esta constituye una de las fuerzas de la
administración Obama.
"Cualquier legislación en materia de inmigración va a tener que ser
dura en términos del acceso a la ciudadanía, así que si alguien tiene un récord
criminal, es probable que no sea elegible para la ciudadanía", afirma. Y
lejos de ser incluida en una posible legislación, está también la situación de
los residentes que enfrentan una deportación a un país que, aunque los haya
visto nacer, tras varias décadas viviendo fuera de él resulta ajeno.
"Esa no es una preocupación del gobierno estadounidense ni se
considera en las cortes de inmigración, aunque existen reportes de lo que pasa
a esas personas que no dominan el idioma o no tienen familiares en los países a
los que son enviados", comenta Barry. "Son verdaderas tragedias que
ocurren todo el tiempo".
De acuerdo con el analista, aunque prever lo que ocurre en estas
situaciones no es una obligación legal de Estados Unidos, sí debería ser una
obligación moral.
"La mayoría de quienes están siendo deportados lo son por haber
cometido delitos menores, pero hay una proporción [23% de acuerdo con el
reporte de Human Rights Watch] que sí ha cometido crímenes violentos, que tiene
conexiones con pandillas, y que son deportados llevando esa cultura delictiva a
países como El Salvador y Honduras. Con los años se crean grupos delictivos
trasnacionales", dice Barry.
"Es necesario crear políticas que contemplen cómo estas deportaciones
impactan a los países donde las personas serán deportadas", agrega.
"Debemos resolver nuestra responsabilidad como país cuando las personas
han vivido mucho tiempo aquí; somos responsables de su detención permanente o
de su rehabilitación, en lugar de exportar nuestros problemas".
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