Un memorándum demuestra que EE UU puede enviar a Guantánamo a migrantes
sin antecedentes penales, pese a la promesa de Trump de retener allí “a los peores”
Por Camilo Montoya-Galvez
CBS News
Actualizado el: 17 de abril de 2025
Un memorando del gobierno obtenido por CBS News muestra que la administración Trump creó amplias normas
que definen qué migrantes pueden ser retenidos en la Bahía
de Guantánamo, permitiendo a los funcionarios enviar detenidos no
criminales allí a pesar de la promesa de retener a «los peores» delincuentes en
la base naval.
Como parte de su agresiva campaña contra la inmigración, el presidente Trump ordenó
a finales de enero a las autoridades que convirtieran las instalaciones de
la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) en centros de detención para
inmigrantes que viven ilegalmente en el país. En ese momento, el Sr. Trump dijo
que “los peores” migrantes serían retenidos en la base, ordenando a los
funcionarios hacer espacio para “extranjeros criminales de alta prioridad.”
Pero un acuerdo no revelado previamente entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de
Defensa indica que la administración Trump dio a los funcionarios una amplia
discreción para decidir a quién enviar
a la Bahía de Guantánamo, promulgando criterios que no se basan en la
gravedad de los antecedentes penales o la conducta de los detenidos. De hecho,
el memorando no menciona ninguna evaluación de criminalidad. [Lea
el memorando completo al final de esta noticia].
En su lugar, el acuerdo, firmado el 7 de marzo por altos funcionarios del DHS y del Pentágono, dice que
los departamentos acordaron utilizar la base de Guantánamo para detener a
inmigrantes con órdenes de deportación definitivas que tengan “un nexo con una
organización criminal transnacional (TCO) o actividad criminal de drogas”.
Los funcionarios definieron “nexo” en términos amplios. Un nexo puede satisfacerse, dice el memorando, si
los migrantes con órdenes de deportación definitivas forman parte de un grupo
criminal transnacional o si pagaron a uno “para ser introducidos ilegalmente en
Estados Unidos”. Esta última condición podría utilizarse para describir a
muchos de los migrantes y solicitantes de asilo que han cruzado ilegalmente la
frontera sur de Estados Unidos, ya que los grupos delictivos de México
controlan en gran medida el movimiento ilícito de personas y drogas en ese país.
Según el documento, los inmigrantes que hayan rebasado la duración de su visado no pueden ser enviados
a Guantánamo. Pero si la naturaleza de la entrada de un migrante no está clara,
el memorando permite a los funcionarios suponer que la persona pagó a un grupo
criminal para entrar en EE.UU. y enviarlos a Guantánamo si proceden de una
nación "donde la preponderancia de los extranjeros de ese país entran en
Estados Unidos de esa manera".
Las condiciones para transferir a los migrantes a Guantánamo, como se indica en el memorando,
parecen estar en desacuerdo con las declaraciones
del Sr. Trump y miembros de alto rango de su administración que han sugerido
que la base se utilizaría como un lugar de detención para criminales peligrosos.
Theresa Cardinal Brown, ex funcionaria de inmigración de EE.UU. durante las administraciones de los
presidentes George W. Bush y Barack Obama, dijo que las normas del memorando
"se aplican muy ampliamente a cualquier inmigrante que haya llegado a EE.UU. a
través de la frontera entre EE.UU. y México".
“Es muy sabido que casi todos los inmigrantes que llegan a la frontera entre EE.UU. y México tendrían
que pagar algún tipo de dinero a los cárteles que controlan el territorio en el
lado mexicano, directa o indirectamente”, dijo.
El cardenal Brown añadió que las normas no parecen incluir “ninguna evaluación individualizada” para
determinar si los inmigrantes detenidos suponen una amenaza, antes de
trasladarlos a Guantánamo.
La portavoz del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, confirmó la existencia del memorando,
afirmando que “refuerza la colaboración entre el DoD y el DHS aclarando funciones
y responsabilidades, y fomentando operaciones eficientes y coordinadas en la
Estación Naval de Guantánamo.”
CBS News se puso en contacto con representantes del DHS para que hicieran comentarios.
La operación de Guantánamo no es la única iniciativa de inmigración de la administración Trump que se
enfrenta al escrutinio sobre quién
exactamente ha
sido el objetivo. A mediados de marzo, por ejemplo, la administración
deportó a 238 venezolanos a El Salvador, para que pudieran ser encarcelados en
la infame
megacárcel de ese país. La administración Trump dijo que todos eran
criminales y miembros de pandillas, pero una investigación
de “60 Minutes” no encontró antecedentes penales en el 75% de los
venezolanos deportados.
Una operación de alto perfil pero en gran medida secreta
La administración Trump comenzó a enviar migrantes a Guantánamo en febrero, trasladando allí
inicialmente solo a venezolanos, entre ellos hombres a los que acusaba de tener
vínculos con la banda carcelaria del Tren de Aragua. El primer grupo de
detenidos venezolanos fue finalmente trasladado en avión a Honduras, donde el
gobierno venezolano los recogió para poder transportarlos de vuelta a su país.
Desde entonces, la administración ha trasladado esporádicamente a migrantes de distintos países a
la base, antes de transferirlos de vuelta a Estados Unidos o a otras naciones.
Los funcionarios de la administración han promocionado regularmente los vuelos
a Guantánamo, pero han proporcionado pocos detalles sobre la operación,
incluidos los costes y quién puede ser enviado a la base./p>
Lo que sí ha sido revelado públicamente, por CBS News
y otros medios de comunicación, es que los funcionarios han trasladado a
Guantánamo tanto a detenidos considerados de “alta amenaza” como de “bajo
riesgo”, incluidos inmigrantes cuyos familiares han negado las acusaciones de
pertenencia a bandas y criminalidad.
Las
directrices del gobierno definen a los inmigrantes detenidos como de «alto»
riesgo si tienen antecedentes penales violentos o graves, historial de conducta
problemática o presuntos vínculos con bandas. Los detenidos de bajo riesgo se
definen como inmigrantes que se enfrentan a la deportación por encontrarse
ilegalmente en Estados Unidos, pero que carecen de antecedentes penales graves,
o de ninguno en absoluto.
Los enviados a Guantánamo y considerados migrantes de «alto riesgo» han sido recluidos en el Campo VI, una
sección de la prisión posterior al 11-S que todavía alberga a aproximadamente
una docena de sospechosos
de terrorismo. Los migrantes detenidos considerados de “bajo” riesgo han
sido trasladados al Centro de Operaciones para Migrantes de la base, una
instalación similar a un barracón que históricamente ha albergado a
solicitantes de asilo interceptados en el mar.
Wilson, la portavoz del Departamento de Defensa, dijo que actualmente hay 42 migrantes detenidos en
Guantánamo, 32 de ellos alojados en el Centro de Operaciones para Migrantes y
10 de los denominados detenidos de "alta amenaza" recluidos en el
Campamento VI.
El memorando del 7 de marzo obtenido por CBS News arroja luz sobre otros aspectos de las operaciones en
Guantánamo. Por ejemplo, confirma que los inmigrantes detenidos transportados
allí siguen bajo la custodia legal del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas, aunque el ejército está facilitando el acceso a sus instalaciones para detenerlos.
Como parte del acuerdo, el DHS también aceptó las condiciones del Campamento VI y del Centro de
Operaciones para Migrantes como adecuadas para retener a los migrantes adultos,
señalando que no trasladaría a niños a la base. El departamento aceptó enviar
funcionarios o contratistas del ICE a la base, incluso para supervisar la
seguridad en el Centro de Operaciones para Migrantes.
El memorando responsabiliza al DHS de proporcionar a los detenidos servicios como ocio y alojamiento
religioso; determinar si los inmigrantes tienen acceso a abogados; y
administrar "tratamiento médico involuntario", como la alimentación
forzada durante las huelgas de hambre.
El acuerdo también encarga al DHS que supervise el traslado de detenidos desde y hacia Guantánamo, y exige
al departamento que reubique a los inmigrantes de la base en un plazo no
superior a 180 días desde que se emitan sus órdenes de deportación.
El ejército, según estipula el acuerdo, es el principal responsable de proporcionar seguridad en el Campamento
VI y en el perímetro de las instalaciones. También acordó proporcionar aseos e
instalaciones higiénicas, así como atención médica tanto al personal del ICE
como a los migrantes detenidos.
El memorando dice que el Departamento de Defensa se comprometió a levantar tiendas de campaña en la base
para albergar a más detenidos, aunque esos lugares aún no se han utilizado para
detener a migrantes. El acuerdo señala, sin embargo, que esas tiendas "no
tienen electricidad, iluminación ni calefacción/aire acondicionado".
El esfuerzo por retener a los migrantes en Guantánamo se enfrenta a desafíos legales por parte de los
defensores, incluso en la Unión Americana de Libertades Civiles, el principal
adversario de la administración Trump en los tribunales federales.
La ACLU denunció ante los tribunales que, en un principio, los migrantes fueron recluidos en régimen de
incomunicación en Guantánamo, sin acceso a familiares ni abogados. La
administración declaró posteriormente que había tomado medidas para que los
migrantes detenidos tuvieran acceso a abogados.
La ACLU también ha calificado de deplorables las condiciones de detención en Guantánamo, citando
declaraciones de inmigrantes allí recluidos. En una
de esas declaraciones, un venezolano recluido anteriormente en la base dijo
que inició una huelga de hambre tras sentir que había sido
"secuestrado."
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el principal arquitecto de la agenda de
inmigración de la administración Trump, dijo a principios de esta semana que no
hay planes para dejar de usar Guantánamo para detener a los migrantes.
"Está abierto de par en par", dijo Miller en Fox News.
"Guantánamo está abierto".
Guantanamo Bay Memo de CBSNews.com
Eleanor Watson contribuyó a este informe.
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