Los migrantes mexicanos y la deportación silenciosa
Rafael Alarcón *
La Jornada
14 de agosto de 2010
Luego del 28 de julio, cuando la juez federal Susan Bolton bloqueó temporalmente las secciones
más controversiales de la llamada ley Arizona (SB 1070), algunos
medios celebraron este hecho como una victoria. Sin embargo, esta legislación
es solamente un pronunciamiento estridente y rabioso de una operación que
sigilosamente está expulsando a miles de indocumentados, acrecentando el terror
en las comunidades mexicanas en Estados Unidos.
Si bien la juez Bolton, apoyando la demanda del gobierno federal contra el gobierno de Arizona,
bloqueó medidas extremas, como “permitir que la policía arreste a una persona
sin orden de aprehensión cuando hay ‘causa probable’ de que haya cometido una
ofensa pública que pueda resultar en su deportación”, las fuerzas policíacas
federales se desplazan afanosamente por el interior de Estados Unidos para
localizar y deportar a inmigrantes que no tengan papeles.
La agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) tiene la misión de aprehender a los
indocumentados en el interior de Estados Unidos, a diferencia de la Patrulla
Fronteriza, que lo hace en las fronteras. Ambas agencias pertenecen al
gigantesco Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland
Security-DHS) que fue fundado en respuesta a los ataques del 11 de septiembre.
ICE cuenta con el personal más numeroso del DHS y administra varios programas
que afectan directamente a los migrantes mexicanos.
En primer lugar, gracias a la sección 287(g) de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la
Responsabilidad del Inmigrante de 1996, ICE tiene la posibilidad de establecer
acuerdos con agencias policiales de ciudades y estados para entrenar a sus
oficiales como agentes de inmigración. En este sentido, la ley Arizona busca
adjudicarse algo que el gobierno federal ya permite. Hasta junio de 2010, ICE
había establecido 71 acuerdos con agencias policíacas en 26 estados,
certificando a más de mil 130 agentes. Como resultado de esta acción, muchos
indocumentados han sido deportados por haber cometido faltas de tránsito, ya
que cuando la policía comprueba que los detenidos no tienen documentos que
amparen su estancia los transfiere a ICE.
Bajo el programa de Comunidades Seguras, ICE trata de identificar a los indocumentados de entre
las personas que están purgando penas en las prisiones para deportarlas a sus
países de origen el día de su liberación. Asimismo, por medio del Programa de
Fugitivos persigue a los inmigrantes que se les ha ordenado salir de Estados
Unidos pero no lo han hecho. Entre estos fugitivos hay muchos padres y madres
de familia indocumentados que a pesar de tener una orden de expulsión no salen
del país para seguir al cuidado de sus hijos.
Bajo la administración del presidente Obama, ICE ha hecho una innovación en las redadas
de los lugares de trabajo. Anteriormente, en la presidencia de Bush, ICE
llevaba a cabo operaciones cuasi militares, cercando los lugares de trabajo
para verificar el estatus migratorio de todos los trabajadores. Esto,
obviamente generaba descontento y afectaba la vida normal de ciudadanos
estadounidenses y extranjeros documentados. Actualmente, los agentes de ICE
llegan a los centros laborales y simplemente revisan los documentos de inmigración
y los números de seguro social presentados por los trabajadores, utilizando la
base de datos E-Verify. Posteriormente, notifican a los empleadores que
verifiquen los documentos de los empleados que tienen documentos sospechosos y
les advierten que si no son capaces de presentar documentos legales los
despidan.
De acuerdo con el Washington Post del 26 de julio, en 2009 ICE se encargó de deportar a
387 mil 790 personas de todo el mundo, de las cuales 136 mil 126 (35 por
ciento) eran definidas como criminales. ICE estima que en 2010 expulsará del
país a unas 400 mil, casi 10 por ciento más que las deportadas en 2008 por el
gobierno de Bush. Estas cifras no incluyen las expulsiones que realiza la
Policía Fronteriza. El Instituto Nacional de Migración reporta haber recibido a
227 mil 233 mexicanos sacados de Estados Unidos entre enero y junio de 2010.
La administración Obama ha encontrado en las tareas de ICE un argumento fuerte contra sus
críticos, como la gobernadora de Arizona, que acusan al gobierno federal de no
proteger las fronteras de la inmigración ilegal. ICE argumenta que está
protegiendo la seguridad de Estados Unidos porque deporta a muchos criminales
extranjeros. Sin embargo, un reporte reciente de la Oficina del Inspector
General del DHS señala que del total de una muestra de individuos arrestados o
convictos, identificados por medio del programa 287(g), solamente 9 por ciento
había cometido delitos graves relacionados con drogas o crímenes violentos,
como asesinatos, violaciones, robos y secuestros. Sin embargo, 47 por ciento de
estas personas no había tenido ninguna participación en delitos relacionados
con violencia, drogas o contra la propiedad. Así, ICE seguirá deportando a
muchos de los criminales que han cometido el delito de intentar mejorar la
calidad de sus vidas y las de sus familias.
*Rafael Alarcón es profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana.
ralarcon@colef.mx
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