Estudio pide mayores protecciones para niños ciudadanos de indocumentados detenidos o deportados
03 de febrero de 2010
Maribel
Hastings
En Estados Unidos hay 5.5 millones de niños con padres indocumentados y tres
cuartas partes de esos niños son ciudadanos estadounidenses. Se calcula que en
los pasados diez años Estados Unidos ha deportado a 100,000 padres de niños que
son ciudadanos estadounidenses, según un reporte del Instituto Urbano
(IU).
El informe “Enfrentando nuestro Futuro: los niños y
las secuelas de la aplicación de leyes migratorias”, da seguimiento a otros análisis conducidos por
el IU sobre el efecto de las redadas migratorias sobre los niños de los
inmigrantes detenidos y deportados.
Esta vez se analizaron las circunstancias experimentadas por 190 niños en
85 familias a raiz de redadas conducidas por la Oficina de Inmigración y
Controles Aduanales (ICE) en seis diferentes puntos del país entre diciembre de
2006 y mayo del 2008.
Según el estudio, los niños sufrieron el trauma de la separación familiar
con todas las secuelas sicológicas que eso supone, ya sea desórdenes
alimenticios, insomnio, retraimiento, agresividad, problemas escolares. Al
mismo tiempo, la pérdida de uno o de ambos padres ha supuesto carencias
económicas en los hogares con sus secuelas de inestabilidad.
“La nación construye su propio futuro invirtiendo en el futuro de los
niños, gastando miles de millones de dólares anualmente en educación, cuidados
médicos, previniendo el abuso infantil, y proveyendo la ayuda para suplir
necesidades de vivienda o de alimentación. Sin embargo, contrario a otros niños
en este país, los niños de indocumentados viven con el temor de que sus padres
serán arrestados, detenidos o deportados”, dice el estudio.
“Más de la mitad de los niños en nuestro estudio lloraban con mayor
frecuencia o tenían miedo, más de una tercera parte se mostraron ansiosos,
retraídos, enojados, en extremo dependientes, o agresivos. Una mayoría de estos
niños experimentó cuatro o más de estos cambios de conducta”, dice el estudio.
Aunque con el tiempo los efectos se fueron subsanando, todavía estaban
presentes seis meses después de las redadas. El análisis señala que obviamente
no pueden determinarse todavía las secuelas que todos estos cambios puedan
tener en estos niños a largo plazo.
Asimismo, algunas de las familias afectadas optaron por llevarse a los
niños estadounidenses a los países de origen de los padres deportados.
“A largo plazo, cuando menos 20 familias de nuestro estudio experimentaron
la deportación de un padre y fueron forzados a enfrentar dolorosas decisiones
sobre si los niños debían irse con el padre deportado o quedarse en Estados
Unidos con el otro padre o con algún otro familiar”, señala el estudio.
“En ocho de estas familias algunos o todos los niños retornaron con uno o
con ambos padres a los países de origen de estos padres, y en 12 casos los
niños permanecieron en Estados Unidos con uno de sus padres, aunque
posteriormente y en algunos casos, toda la familia optó por dejar Estados Unidos
para reunirse con el padre deportado”, agrega el estudio.
Finalmente, en algunos casos los padres optaron por regresar ilegalmente a
Estados Unidos para reunirse con su familia. En un caso, uno de los padres
murió el día después de reunirse con su familia.
En momentos en que el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las
redadas, el estudio recomienda que “el Congreso modifique las leyes actuales
para tomar en cuenta las circunstancias y los intereses de todos los niños
(afectados), especialmente los niños que son ciudadanos estadounidenses,
durante los procesos de deportación”.
Recomienda además que se aumenten las alternativas a la detención y
desarrollar un sistema que provea a las familias de los inmigrantes detenidos
mayor acceso a esos familiares, medida que según el análisis, beneficiaría a
los niños.
Pide asimismo, que los niños nacidos en Estados Unidos tengan un apoderado
legal que pueda presentar una petición expedita para la residencia legal de sus
padres.
Sugiere además que cualquier proyecto de reforma otorgue a los jueces de
inmigración la discreción de considerar la separación entre padres y sus niños
estadounidenses como una privación "excepcionalmente dañina" para el
desarrollo de los niños ciudadanos.
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