Obama incumple promesas de proceder contra políticas de Bush
Defensores de derechos humanos lo acusan de encubrir ocho años de tortura desenfrenada. El
New York Times exhorta que sin rendición de cuentas, no importa cuánto Obama
intente dar vuelta a la página. Mientras el demócrata sufre un revés del Senado
al negarle los recursos
Imagen de archivo de una sala de interrogatorios en la prisión estadunidense de
Guantánamo
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David Brooks (La Jornada)
Jueves, 21 de Mayo de 2009
La transición de un régimen de tortura en Estados Unidos se ha enredado
en una gran disputa política que deja en entredicho el fundamento democrático
de la rendición de cuentas, mientras que todo país que haya ratificado la
Convención Internacional contra la Tortura puede incidir ahora en este asunto,
ya que tiene la obligación de detener y fiscalizar a cualquier integrante del
gobierno de George W. Bush involucrado en abusos que pise su territorio.
Al centro de todo esto hay un hecho indisputable: la tortura es un crimen tanto
bajo la ley federal estadunidense como bajo la ley internacional, afirman
defensores de derechos humanos.
"Lo que necesitamos es transparencia, y un fiscal especial asignado a
investigar y proceder judicialmente contra la gente que participó en la
tortura", afirmó Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales
(CCR) –una de las principales organizaciones que han investigado y procedido
legalmente contra el gobierno de George W. Bush por las violaciones a los
derechos humanos en su guerra contra el "terror"– en entrevista con
el periódico mexicano La Jornada.
Ante las recientes decisiones de la Casa Blanca de retroceder en la
investigación de los responsables y la divulgación de material que documenta
estos abusos, Ratner, entre otros defensores de derechos humanos, acusan al
gobierno de Barack Obama de "otorgar impunidad a quienes torturaron
durante ocho años" al no proceder contra ellos. "Si esperan una
rendición de cuentas en países que participaron en las guerras sucias en
América Latina y otros países, cómo pueden hacer esto y no rendir cuentas
aquí".
El papel de países firmantes de la convención contra el abuso
Ratner afirmó que los países latinoamericanos, como cualquiera que ha
ratificado la Convención Internacional Contra la Tortura, también pueden
actuar. "Si un funcionario del gobierno de Bush involucrado en casos de
tortura viaja a cualquier país que haya ratificado esa convención, dicho Estado
no sólo tiene el derecho, sino la obligación, de detenerlo e iniciar una
investigación criminal contra esa persona". Esto incluye a todo el gabinete
de ese gobierno, incluidos Dick Cheney, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, John
Ashcroft y Alberto Gonzales, entre otros.
Pero aquí lo que está en disputa no es si la tortura es un crimen, ni qué clase
de técnicas constituyen tortura. El problema es político, ya que no fueron
algunos republicanos o algunos funcionarios, sino buena parte de la cúpula
política del país (republicanos y demócratas), quienes estaban enterados de
esta grave violación de las leyes nacional e internacional.
Esto quedó claro cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, primero acusó al gobierno de Bush y a la CIA de "engañar al
Congreso" sobre la aplicación de algunas técnicas durante los
interrogatorios a sospechosos, para lo cual reiteró que ella no estaba enterada
del uso del waterboarding y otras técnicas de tortura, sólo que después fue
obligada por la CIA a admitir que sí había recibido información al respecto,
pues la agencia demostró haberle informado desde 2002 sobre la aplicación de
estas técnicas.
Varios de sus colegas enfrentan la misma vulnerabilidad política, como acusan
sus contrapartes republicanas. En las sesiones informativas a puerta cerrada
ante los comités de inteligencia donde se detalló el programa de
interrogatorios, incluido el waterboarding, estaban presentes legisladores de
ambos partidos, y ni uno solo expresó su oposición, entre ellos Pelosi y/o su
equipo. Eso explica, afirman algunos observadores, por qué pocos legisladores
desean nombrar a un fiscal especial para investigar esto, y prefieren una
"comisión" bipartidista, o audiencias a puerta cerrada.
Por otro lado, quedó clara la feroz respuesta del gobierno permanente (la
burocracia) de Washington, y sobre todo la de seguridad nacional (Pentágono,
comunidad de inteligencia) cuando la semana pasada Obama decidió, después de
consultar con generales, revertir su postura de permitir la difusión de fotos
mostrando el abuso a detenidos por agentes de Estados Unidos en el extranjero.
"La publicación de estas fotos no añadiría ningún beneficio a nuestro
entender sobre qué fue llevado a cabo en el pasado por un pequeño número de
individuos. De hecho, creo que si estas imágenes son difundidas, las
consecuencias más directas serían el aumento de posturas antiestadunidenses y
colocaríamos a nuestras tropas en peligro", argumentó el presidente el 13
de mayo.
Esta decisión, y la de permitir que procedan los juicios contra detenidos
mediante el controvertido mecanismo judicial de "comisiones
militares" creadas por Bush, y la ambivalencia de la Casa Blanca ante cómo
proceder en las investigaciones y potenciales fiscalizaciones de altos
funcionarios del gobierno anterior que aprobaron y ordenaron la tortura, han
desilusionado a organizaciones de derechos humanos y civiles en este país.
"Esto esencialmente deja sin sentido el compromiso del presidente Obama de
transparencia y rendimiento de cuentas que hizo en los primeros días después de
tomar posesión", dijo Amrit Singh, abogado del ACLU, quien encabezó el
caso para que un tribunal ordenara al Washington Post la difusión de las fotos.
Acusó que el gobierno de Obama "se ha hecho esencialmente cómplice de la
tortura desenfrenada durante los años de Bush".
Para Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, estas decisiones de Obama
son decepcionantes, y en torno a los fotos indicó que aunque indudablemente
generarían furia en la región, "la mejor forma de amortiguar ese enojo
sería asegurar que los responsables rendirán cuentas".
Sin embargo, la difusión de los memorándums y otros documentos ya han desatado
un intenso debate sobre cómo abordar lo que fue un régimen de tortura y hay
propuestas para procesos judiciales contra altos funcionarios del gobierno de
Bush, investigaciones formales de la legislatura, comisiones de la verdad o una
investigación oficial independiente de alto nivel, junto con la de un fiscal
especial con poder de proceder legalmente contra los responsables. Pero los
intereses políticos aún no permiten llegar a un consenso sobre cómo enfrentar
las consecuencias de lo que fue un régimen de tortura.
“No importa qué tanto el presidente Obama intente dar vuelta a la página sobre
el gobierno anterior, no podrá. Hasta que exista verdadera transparencia y un
rendimiento de cuentas, las revelaciones de esa pesadilla de ocho años…
seguirán lloviendo gota a gota, interrumpiendo las altas ambiciones del nuevo
gobierno”, advierte Frank Rich, columnista político del New York Times.
En tanto, Obama sufrió hoy una derrota en su intento por cumplir con su promesa
de clausurar el centro de detenciones de Guantánamo cuando el Senado, de manera
abrumadora (90 contra 6), votó para anular los fondos (80 millones) solicitados
por la Casa Blanca para ese fin. Ese repudio de senadores de ambos partidos se
centró en quejas de que Obama no había presentado un plan detallado de qué hará
con los 240 reos que permanecen en ese centro, y por oposición de varios
legisladores a que esos detenidos "peligrosos" sean enviados a
territorio nacional, aun si están en prisiones de máxima seguridad. Esto complica
la intención de Obama de cerrar Guantánamo antes del 22 de enero de 2010.
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