DERECHOS HUMANOS-EEUU: Obama mantiene secretos de Estado
Por William Fisher
10 de febrero de 2009
NUEVA YORK, 10 feb (IPS) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
sembró dudas sobre su compromiso preelectoral con la transparencia al permitir
que el Departamento de Justicia (fiscalía general) esgrimiera en un juicio la
facultad del "secreto de Estado".
La fiscalía invocó este privilegio, usual en el gobierno de George W. Bush
(2001-2009), ante un tribunal de apelaciones en San Francisco, en la demanda
presentada por Binyan Mohamed y otros cuatro prisioneros en la base naval
estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Los cinco fueron víctimas "entregas extraordinarias" ("extraordinary
rendition"), mecanismo por el cual agencias de seguridad y espionaje han enviado
en el periodo de Bush a personas que no pueden ser legalmente arrestadas en
Estados Unidos a países dispuestos a usar tratamientos inhumanos contra
ellos.
El fiscal alegó que debía archivarse la demanda de los cinco querellantes
contra Jeppesen Dataplan, subsidiaria de la compañía aérea Boeing que
supuestamente arrendó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) las naves
utilizadas para "entregarlos" a países donde fueron torturados.
Los representantes del Departamento de Justicia invocaron el lunes en el
tribunal de apelaciones el mismo "privilegio del secreto de Estado" que esgrimió
el gobierno de Bush para frenar demandas, siempre con el argumento de que la
revelación de datos reservados infringiría daños a la seguridad nacional.
"Hasta ahora, ni una sola supuesta víctima de tortura vio su caso ventilado
en una audiencia judicial. En este caso, la mayor parte de la evidencia ya es
pública. No hay 'secretos de Estado' aquí", dijo a IPS el abogado de los
querellantes, Ben Wizner, de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU).
"Y si hubiera 'secretos de Estado', nuestros tribunales federales están bien
preparados para manejarlos. Esto es una traición al estado de Derecho. No es lo
que esperábamos del gobierno de Obama", añadió Wizner.
ACLU confiaba que el Departamento de Justicia rompería las tradiciones de
Bush en la presidencia de Obama.
El flamante secretario de Justicia (fiscal general), Eric Holder, dijo ante
el Congreso legislativo: "Revisaré casos pendientes e importantes en los cuales
el Departamento de Justicia invocó el privilegio del secreto de Estado, y
trabajaré con otras agencias y con profesionales del Departamento para
asegurarme de que se invoque ese privilegio sólo en situaciones legalmente
adecuadas."
Estas palabras contradicen las del inminente director de la CIA, Leon
Panetta, quien dijo al Senado que la práctica de las "entregas extraordinarias"
acabaría.
"El Departamento de Justicia de Eric Holder habló en la corte hoy y dijo que
continuaría con la política de Bush de invocar secretos de Estado para ocultar
reprensibles antecedentes de tortura, entregas y las más dolorosas violaciones
de derechos humanos cometidas por el gobierno", dijo el director ejecutivo de
ACLU, Anthony D. Romero.
"Esto no ha cambiado. Esto es, definitivamente, más de lo mismo. El candidato
Obama exhibió una plataforma de reformas al abuso del secreto de Estado, pero el
Departamento de Justicia del presidente Obama renegó de este importante asunto",
agregó Romero.
El caso de Mohamed se inició con una demanda federal presentada por la ACLU
en 2007 contra Jeppesen en nombre de cinco víctimas del programa de entregas
extraordinarias.
La querella indicaba a la compañía de haber participado en esa actividad con
pleno conocimiento de sus pormenores, al brindar planificación de vuelos crítica
y servicios de apoyo logístico a aviones y tripulaciones utilizados por la CIA
para la "desaparición" de los cinco hombres con miras a su detención e
interrogatorio.
Según la ACLU, poco después de presentada la demanda, "el gobierno se arrogó
inapropiadamente el 'privilegio del secreto de Estado', advirtiendo que la
continuidad del litigio socavaría la seguridad nacional, aun cuando buena parte
de la evidencia ya es pública".
El caso fue rechazado en febrero de 2008 por el primer tribunal que lo
estudió, y la ACLU presentó un nuevo recurso ante el Tribunal de Apelaciones del
Noveno Circuito de San Francisco.
Según informes públicos, Jeppesen tenía conocimiento de las consecuencias de
sus actos.
Un ex empleado de la firma informó a la periodista Jane Mayer, de la revista
New Yorker, que un gerente de Jeppesen indicó en una reunión interna lo
siguiente: "Hicimos todo lo atinente a los vuelos de 'entregas extraordinarias',
es decir, los vuelos de tortura. Afrontémoslo: algunos de esos vuelos terminaron
así."
El caso tuvo gran repercusión en Gran Bretaña, pues Mohamed es ciudadano
británico, y le ocasionó problemas al Departamento de Estado (cancillería)
estadounidense.
La Corte Suprema británica dejó en reserva siete párrafos de una sentencia en
un caso presentado por defensores de Mohamed y que daban crédito a las torturas
que el demandante asegura haber sufrido.
El tribunal explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos había
amenazado, en una carta enviada a la Departamento de Relaciones Exteriores
británico, con reconsiderar la cooperación bilateral en inteligencia.
Pero los magistrados expresaron su malestar porque Washington procurara
eliminar evidencia "relevante sobre acusaciones de tortura y tratamientos
crueles, inhumanos o degradantes, por más políticamente embarazosa que
fuera".
Cuando Mohamed fue capturado, el entonces fiscal general estadounidense John
Ashcroft aseguró que el detenido era cómplice de José Padilla en un plan para
detonar un fuerte explosivo con residuos radiactivos en Estados Unidos.
Pero Padilla nunca fue formalmente acusado por esa conspiración, aunque sí
fue condenado en 2007por otras vinculadas con actos terroristas.
(FIN/2009)
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