Odio en Arizona:
Dos madres en duelo por la muerte de sus hijos
newamericamedia.org
19 de febrero de 2011
PHOENIX, AZ. -- Dos madres son los
testigos principales en juicios paralelos que ponen sobre el tapete el clima
político de un estado que se ha convertido en una cuna para el extremismo, de
acuerdo a organizaciones de derechos humanos.
Las historias de estas dos mujeres
han quedado afuera del radar de los políticos conservadores de Arizona, que han
alimentado un debate sobre la inmigración ilegal en el estado desviando la
atención lejos de las acciones de grupos vigilantes hacia los inmigrantes
indocumentados y la violencia fronteriza.
Paula Varela, la madre de Juan Varela
Paula Varela testificó hace dos
semanas sobre el día en que vio a su hijo Juan Varela desmoronarse en el suelo
después de recibir un tiro en la cabeza el 6 de mayo de 2010 a escasos pies de
distancia de su casa en el Sur de Phoenix.
La madre testificó en el juicio por homicidio del hombre que le disparó, su vecino Gary Kelley.
De acuerdo al abogado de Kelley, este se acercó a Juan Varela para hablar con él sobre una nueva ley en Arizona,
la SB 1070, y le disparó en defensa propia.
Pero el hermano de Juan Varela testificó que Kelley, quien se encontraba ebrio en ese momento, estaba armado y
buscaba algo más que una simple conversación amistosa entre vecinos.
Kelley le gritó insultos raciales a su vecino y le dijo en inglés que debía regresar a México.
Varela, de 44 años, y su familia son mexicano-americanos que han vivido por varias generaciones en Arizona.
A escasos días de la aprobación de la ley SB 1070 --una de las leyes más duras contra la inmigración ilegal en el
país-- el intento de la familia Varela de que este crimen sea considerado un
crimen de odio fue prácticamente invisible. Al igual que el juicio de su
supuesto asesino.
Gina Gonzalez, madre de Brisenia Flores
La madre de Varela no está sola en su duelo. Otra madre recientemente se paró ante el estrado en otro juicio en
Tucson por una masacre que ocurrió un año antes de la muerte de Varela. Esta
vez las víctimas fueron una niña de 9 años y su padre.
El 30 de mayo de 2009, Gina Gonzalez fingió que estaba muerta después de que un grupo de personas allanó su casa en
Arivaca, Ariz. a 13 millas de la frontera con México e hirió fatalmente a su esposo Raúl Flores.
Gonzalez escuchó mientras su hija Brisenia Flores rogaba por su propia vida. Después el asesino recargó su arma y
le disparó.
La supuesta autora intelectual de este crimen es Shawna Forde, de 42 años, fundadora de Minutemen American Defense
(MAD) un grupo de vigilancia fronteriza armado cuyo fin es detener y reportar a
inmigrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera.
Los fiscales dicen que Forde trataba de financiar las actividades de MAD con robos como este que acabó en una balacera
fatal en 2009. De ser hallada culpable enfrenta la pena de muerte.
El jurado ya se encuentra tomando una decisión sobre el caso de Varela en Phoenix. Otro jurado en Tucson podría
considerar un veredicto en la balacera de la familia Flores a fines de esta
semana.
¿Dónde estaban los medios de comunicación?
Carlos Galindo, un activista local
pro-inmigrante y conductor radial, dice que el caso de Brisenia debe haber sido
una señal de alarma. Si los políticos y las comunidades en Arizona hubiesen
denunciado la muerte de la niña de 9 años y su padre, quizás la muerte de Juan
Varela no hubiese sucedido, asegura.
El activista piensa que el homicidio
de Varela no causó protestas e indignación en Arizona porque la policía de
Phoenix se apresuró a esconderlo, negando que hubiese sido motivado por racismo
o estuviese relacionado con la ley SB 1070.
El caso fue posteriormente
catalogado como un crimen de odio por el ex Procurador del Condado Maricopa,
Rick Romley, después de recibir presión de la familia y con la ayuda de
miembros de la comunidad y los medio étnicos, incluyendo a Galindo.
Galindo habla seguido de estos
asesinatos en su programa bilingüe en Radio KAZA en Phoenix.
“Si se sigue permitiendo que la
retórica contra una etnicidad aumente, vamos a llegar a una situación en la que
está bien violar, abusar y matar”, afirmó.
Ninguno de los dos casos ha recibido
tanta cobertura mediática como el asesinato del ranchero Robert Krentz, el 27
de marzo de 2010, que fue utilizado por el Republicano Russell Pearce, promotor
de la ley SB 1070, para conseguir suficientes votos y lograr que se aprobara.
Los blogueros del sector conservador
y los comentaristas de televisión se apresuraron a relacionar el homicidio aún
no resuelto de Krentz, con inmigrantes indocumentados porque las autoridades
habían encontrado huellas que iban hacia México.
Steve Rendall, analista de Fairness & Accuracy in Reporting (FAIR), una
organización con sede en Nueva York que monitorea los prejuicios en los medios
de comunicación, dijo que algunas estaciones televisas fueron irresponsables al
reportar del caso al especular con poca información.
Rendall dijo que el caso recibió mayor cobertura noticiosa porque los editores
y reporteros de los medios masivos “le temen al ser percibidos como liberales o
de tendencias izquierdistas”.
Mientras que la muerte del ranchero se uso para aprobar leyes antiinmigrantes,
el asesinato de la niña de 9 años y su padre fue considerado como el acto de
una persona fuera de su juicio.
“Los políticos de derecha se han alejado lo más rápido posible del caso de
Shawna Forde, sugiriendo que este asesinato no es más que la consecuencia de
las acciones de una persona loca”, dijo Mark Potok, director del Intelligence
Project del Southern Poverty Law Center, un grupo que monitorea las
organizaciones de odio y racismo. “Hay muchas cosas que están sucediendo allá
(en Arizona) y no se trata de esos cuerpos decapitados de los que habla (la
gobernadora) Jan Brewer”.
Brewer promulgó la ley SB 1070 argumentando que la violencia de México estaba
cruzando la frontera y que se han encontrado numerosos cuerpos decapitados en
el desierto de Arizona-- algo que jamás se ha comprobado.
Pero Potok dice que el apoyo popular de medidas contra la inmigración ilegal y
las ganancias políticas para los legisladores que las proponen han abierto una
caja de Pandora para satanizar a los latinos, que será muy difícil de cerrar.
“Creo que la respuesta de Arizona al movimiento vigilante ha sido en esencia
involucrarse en el mismo tipo de actividades. En vez de tratar de lidiar con el
problema de la inmigración racionalmente, los políticos en Arizona le han dado
el visto bueno a este tipo de ataques”, agregó Potok.
Jesús Romo, un abogado de derechos civiles en Tucson, está de acuerdo. Romo
representó una demanda civil contra Roger Barnett, un ranchero vigilante en
Douglas, Ariz., que amenazó con un arma a dos cazadores mexicano-americanos y
tres niñas en el 2004.
La semana pasada la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito decidió otro caso
de abuso de un grupo de inmigrantes presentado contra Barnett por el Fondo
México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF). La corte decidió que
Barnett no actuó en defensa propia porque las personas que asaltó no
representaban una amenaza contra su vida.
“Existe una impunidad total cuando ocurren asaltos contra minorías,
especialmente los mexicanos”, dijo Romo, quien culpa al estado de hacer caso
omiso de las actividades de grupos vigilantes en la frontera.
“Aparte de eso, se los trata como héroes por lo que hacen, entonces se sienten
con el derecho de atacar a la gente sin que les pase nada”, agregó.
Bill Strauss, el director de la Liga Contra la Difamación (ADL por sus siglas
en inglés), organización que vigila las actividades de grupos supremacistas de
la raza aria, dijo que no cree que lo medios “intencionalmente le quiten el
énfasis a los crímenes cometidos contra minorías”.
Pero le preocupa que el actual tono del debate migratorio en Arizona obligue a
las víctimas de crímenes de odio a esconderse.
“No estamos recibiendo quejas de crímenes de odio contra los latinos en esta
comunidad de la forma en que me imagino que están sucediendo”, dijo Strauss,
cuya organización tiene registrado el caso de Varela como crimen de odio.
¿Un juicio contra un crimen de odio o dos?
La balacera en la que Bricenia y su padre perdieron la vida no ha sido
catalogada como un crimen de odio. Pero para muchos grupos de derechos humanos
que han seguido el caso de cerca, claramente entra dentro de esa definición.
Los fiscales están argumentando que Forde y sus dos cómplices, Jason Eugene
Bush y Albert Gaxiola, querían obtener ganancias monetarias por lo que
cometieron el crimen. A Forde se le acusa de tener como blanco a Raul Flores el
padre de la niña de 9 años para robarle porque consideraba que estaba
involucrado en el tráfico de droga, y quería usar el dinero para financiar su
grupo de vigilancia fronteriza.
Grupos como la Lega Anti-Difamación han estado monitoreando a Forde y su
organización desde 2007 no sin alarmarse.
“La teníamos presente porque estaba tomando acciones cada vez más extremas”,
dijo Marilyn Mayo, directora de investigación sobre la derecha política para la
Liga Anti-Difamación. Mayo dijo que Forde fundó el grupo MAD más extremo que
los otros porque no estaba conforme con lo que hacían otros Minutemen.
Antes de que ocurriera la balacera surgieron reportes de que Forde estaba
tratando de confrontar directamente a los carteles de droga. En 2008, Forde
dijo que un grupo de agresores hispanos ingresaron a su casa y la violaron --la
policía abandonó el caso por falta de evidencia-- y ella sugirió que esto había
sucedido porque habían querido tomar venganza por investigaciones encubiertas
que había realizado contra traficantes en Washington, de acuerdo a ADL.
ADL también registró que algunos de los simpatizantes más fervientes de Forde
tienen lazos con grupos sumpremacistas de la raza aria. Entre estos se
encuentra Laine Lawless, la fundadora de la página de apoyo para Forde www.justiceforshawnaforde.com
donde la describe como a una “prisionera política”.
Lawless ha sido ligada con grupos de odio como el Movimiento Nacional
Socialista y National Vanguard.
El abogado Jesús Romo sostiene que la fiscalía no puede separar las actividades de Forde del papel que ha jugado
en MAD, su grupo de vigilancia fronteriza y su postura sobre la inmigración
ilegal.
“No están relacionando esto con las actividades a las que ella se dedicaba: la casería de mexicanos, y esto es otro
capítulo de esa casería que acabó en la muerte”, concluyó.
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