La ONU denuncia torturas sistemáticas en Afganistán
10 de octubre de 2011
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Según el informe, hecho público ayer en Kabul por la
organización internacional, los presos son colgados por las manos, azotados con
cables, se les arrancan las uñas de los pies y sus genitales son retorcidos
hasta que pierden la consciencia debido al dolor.
Informa así El País
Naciones Unidas esboza un escenario atroz
dela situación de la tortura en Afganistán, que considera “sistemática”, hasta tal punto que, el
pasado mes, tras tener acceso a un primer borrador del informe, las autoridades
de la OTAN decidieron no entregar más prisioneros a la policía afgana o a los
servicios de inteligencia de ese país en determinadas zonas porque consideraron
que sus derechos serían violados y su seguridad física amenazada.
Según el informe, hecho público ayer en Kabul por la
organización internacional, los detenidos son colgados por las manos, azotados
con cables, se les arrancan las uñas de los pies y sus genitales son retorcidos
hasta que pierden la consciencia debido al dolor. En ocasiones, sufren amenazas
de abusos sexuales. “Existen pruebas de un convincente y sistemático patrón
de tortura y pésimo tratamiento hacia los prisioneros”, durante los
interrogatorios en cerca de la mitad de los efectuados por el servicio de
inteligencia, conocido como Directorio Nacional de Seguridad, dice el
documento. Según los investigadores de la ONU, el maltrato de la policía
nacional a los presos es menos brutal y está menos extendido.
Tras revisar el informe, el Gobierno de Kabul ha emitido una larga
respuesta en la que asegura que no existe uso sistemático de la tortura —que no se aplican
descargas eléctrica a los detenidos ni se les cuelga de los pulgares— pero
reconoce que existen “deficiencias” en el respeto a los derechos humanos
propias de un país desangrado por guerras y que a diario se enfrenta a ataques
suicidas y otras formas de terrorismo.
Elaborado por la misión de la ONU en Afganistán
(UNAMA), el informe se ha basado en entrevistas a 379 detenidos en 47 centros de detención
distintos y cárceles de 22 provincias que fueron realizadas entre octubre de
2010 y agosto de 2011.
Los datos que ahora salen a la luz suscitan dudas
éticas sobre la aportación de fondos de terceros países —sobre todo estadounidenses—
a un país y a unas fuerzas de seguridad que emplean la tortura. Si el Gobierno de Kabul no remedia la
situación, organizaciones de derechos humanos de EE UU podrían hacer valer la
cláusula de la ley norteamericana conocida como Enmienda Leahy, que obligaría a
cortar la financiación por parte de Washington de las fuerzas afganas de
seguridad.
La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura
prohíbe que un detenido sea transferido a la custodia de otro Estado soberano
donde se considera que existe riesgo de que sea torturado. De esa manera, el
jefe supremo de la OTAN en la zona, general John Allen, decidió poner freno a
todas las entregas de presos de la insurgencia a 16 de los centros
identificados como más problemáticos tras tener acceso a un borrador del
informe de la ONU el pasado mes de septiembre. El peor de esos centros de
detención sería el conocido como Departamento 124, donde según Naciones Unidas
la tortura es generalizada.
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