Otras "patadas" pendientes
La ley SB1070 de Arizona ha exacerbado el sentimiento anti-inmigrante y
anti-hispano en un lugar donde ya una organización de derechos humanos incluso
recibió quejas de que un banco de sangre se habría rehusado a aceptar
donaciones de latinos. Otra señal de lo que ocurre cuando las situaciones
difíciles comienzan a salirse de control.
Maribel Hastings*
15 de junio de 2010
Fue sólo una de las situaciones descritas por Sylvia Herrera, investigadora de la organización Puente, ante una audiencia
especial convocada por demócratas del Congreso para discutir los efectos de la
nueva ley sobre niños, mujeres y familias de Arizona.
Lo que emergió, aparte del evidente dolor y temor con el que viven muchos hispanos de Arizona, incluyendo niños que son
ciudadanos estadounidenses, es que la situación pasó de ser una bola de nieve a
una avalancha ante la vista de todos, sobre todo de un gobierno federal convertido
en observador titubeante mientras todo se desarrollaba ante sus propias
narices.
Recordemos que el alguacil Joe Arpaio comenzó a aplicar el programa 287(g) en el condado de Maricopa, en Arizona,
desde 2007, antes de que Barack Obama fuera presidente. El problema es que el
año pasado, la administración Obama le renovó el contrato a Arpaio limitando la
aplicación del programa a identificar indocumentados en las cárceles pero eso
no ha limitado al alguacil que convirtió el uso de perfiles raciales en algo
oficial y rutinario.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investiga los alegatos de discriminación que pesan
contra el “alguacil más duro de Estados Unidos”, aunque hasta hoy no se anuncia
ninguna acción en su contra.
“Han pasado casi dos años desde que comenzamos a recabar evidencia, videos, testimonios de casos de perfil racial y
abuso físico, evidencia sometida al Departamento de Justicia, pero nos
preguntamos qué ha pasado con esa investigación. Por qué sigue pendiente”, preguntó
Herrera.
También se aguarda por ver qué medidas tomará, si alguna, el gobierno federal para impugnar la ley que entraría en
vigor el 29 de julio y que tanto Obama como su Secretario de Justicia, Eric
Holder, han condenado.
La pregunta es, ¿por qué esta administración siempre espera tanto tiempo para reaccionar a las cosas?
Le pasó con la batalla por la reforma de
salud. Si no, recordemos el candente verano pasado cuando en los famosos
cabildos públicos a través del país los opositores de la reforma sanitaria
tildaron a Obama de “comunista”, “socialista” y “nazi”, todo al mismo tiempo, y
dominaron el discurso al punto de casi torpedear la medida. Y de hecho, la ley
promulgada tras un año de agrio debate es una versión “aguada” de lo que se
contemplaba, incluyendo la llamada opción pública.
Ahora con el desastre de BP, nadie espera que el presidente se convierta en Supermán y frene la fuga del petróleo que se
esparce por el Golfo de México, pero su administración se ha visto indecisa y
vacilante en el manejo de esta crisis, o cuando menos es la percepción que
existe.
En el tema migratorio, ¿por qué no frenaron los excesos de Arpaio y al no hacerlo dieron pie a que estados como Arizona
tomaran la ley federal por sus propias manos con el potencial peligro de que
otros estados le sigan los pasos? Algunos dirán que es una ley estatal que goza
del apoyo del público, pero eso no la hace correcta ni constitucional. La
aplicación de la ley migratoria le compete al gobierno federal. Y ni entremos
en las opciones que el presidente debería contemplar ante la ausencia de una
reforma migratoria amplia.
La semana pasada un muy coloquial Obama declaró que en el caso de BP ha dedicado tiempo a consultar con expertos para
poder determinar “cuál trasero hay que patear”.
Mientras lo determina, podría practicar con dos: el de Arpaio, y el de la SB1070.
* Maribel Hastings es Asesora Ejecutiva y Analista de America’s Voice
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