Peligra derecho de inmigrantes
Intentan eliminar opción de reabrir casos alegando que hubo mala
representación legal
El secretario de Justicia de EEUU, Michael Mukasey (der), quien quiere
eliminar el derecho a reabrir casos por mala representación, junto a su homólogo
mexicano, Eduardo Medina Mora. [Foto: EFE] |
- Jorge Morales Almada |
- 2008-10-11
Cuando alguien pierde su caso en un tribunal y existen pruebas de que se
debió a una mala representación legal, el afectado tiene el derecho de solicitar
la reapertura del proceso judicial y continuar su defensa.
Es un derecho basado en lo que en inglés se denomina ineffective assistance
of counsel (asistencia de abogado incompetente).
Sin embargo, el secretario de Justicia, Michael Mukasey, está considerando
eliminar ese derecho, pero sólo para los casos de inmigración, lo que ha
generado críticas por parte de asociaciones de abogados en todo el país.
Antes de que se tome la decisión definitiva, Mukasey ha solicitado la opinión
a entidades como la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), la Barra
de Abogados y otros.
"No sólo afectaría los casos para reabrirlos, sino para demandar a abogados
que cometieron mala práctica", dijo Noemí Ramírez, presidenta de la Asociación
Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en el sur de California.
Thomas Wells Jr., presidente de la Asociación de Barras de Abogados de
Estados Unidos (ABA), envió una carta al secretario Mukasey explicando las
serias consecuencias que causaría el revertir ese derecho a los inmigrantes.
"Los inmigrantes, refugiados y quienes buscan asilo por lo general no están
familiarizados con nuestro idioma, cultura y sistema legal, y por ello son
especialmente vulnerables a ser víctimas de personas que no están autorizadas a
ejercer el derecho, o resultan dañados por errores de abogados que no están
suficientemente capacitados en las leyes de inmigración...", señala la carta de
la ABA.
Un claro ejemplo es el de Benito García, inmigrante mexicano de 43 años de
edad, que fue embaucado por un notario público que le dijo que le iba a arreglar
sus papeles migratorios mediante una petición de asilo político. Eso fue en 1997
y la decisión del juez fue definitiva: a la frontera con todo y sus
pertenencias.
Para pelear esa orden de deportación, don Benito contrató una firma de
abogados, quienes después de 10 años y de cobrar cerca de 25 mil dólares, sólo
le dijeron que no se pudo.
Entonces don Benito buscó asesoría por otro lado, y una abogada del Valle de
San Fernando tomó su caso y tras año y medio de defensa legal logró ganar la
batalla mediante el recurso de ineffective assistance of counsel.
Ayer don Benito recibió la aprobación de su residencia permanente y en 90
días recibirá su green card.
La abogada Jessica Domínguez, quien ganó el caso de don Benito, dijo que
existen muchos casos pendientes en el Tribunal del Noveno Circuito debido a la
mala representación legal, lo cual da la oportunidad de regresar con el juez de
inmigración para asegurar el debido proceso de la ley.
"El secretario de Justicia está cuestionando este derecho de que las personas
reciban ayuda efectiva; está diciendo que no importa si [los abogados] hicieron
trabajo ineficiente, y eso es una injusticia, porque ya no podríamos defender el
derecho de quienes han sido mal representados", dijo Domínguez.
Charles Miller, vocero de Justicia, dijo que no tenían comentarios que hacer
al respecto.
De acuerdo con la propuesta de eliminación de ese derecho, Mukasey considera
que el ineffective assistance of counsel no es un derecho constitucional en los
casos de inmigración, algo con los que están en desacuerdo los abogados
defensores.
Human Rights Watch y Breakthrough, organizaciones internacionales en defensa
de los derechos humanos, señalan que el 65% de los inmigrantes no cuenta con
representación legal en las cortes.Los casos de inmigración no son como los
penales, donde el estado provee abogado en caso de que el procesado no pueda
pagarlo. El inmigrante se tiene que defender solo.
ACLU también protestó ante la propuesta que Mukasey hizo el pasado 7 de
agosto y que entraría en vigor cuando él lo decida.
Lee Gerlent, subdirector del programa de los derechos de los inmigrantes en
ACLU, calificó la medida como radical.
"No hay razón para que el sistema judicial penalice a cualquiera, incluyendo a
los inmigrantes, por el daño hecho por abogados incompetentes o sin escrúpulos",
dijo Gerlent.
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