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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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(Nuevo)
03-15-11

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Pentágono difunde memo que permitía duros interrogatorios

Por LARA JAKES JORDAN
2 de abril de 2008

WASHINGTON — El Pentágono difundió el martes un memorándum legal caduco en que se aprueba el uso de crueles técnicas de interrogación con los sospechosos de terrorismo, alegando que la autoridad del presidente George W. Bush en tiempo de guerra supera cualquier prohibición internacional a la tortura.

El memorándum del Departamento de Justicia, fechado el 14 de marzo del 2003, esboza una justificación legal para que los interrogadores militares usen duras tácticas contra los detenidos de la red al-Qaida y el Taliban en el extranjero, siempre y cuando no se propongan específicamente torturar a sus cautivos.

Aún así, señala el memo, el poder del presidente en tiempo de guerra, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, no será limitado por los tratados contra la tortura de las Naciones Unidas.

"Nuestra opinión previa deja en claro que la tradicional ley internacional no constituye una ley federal y que el presidente es libre de hacer caso omiso según crea necesario", indica el documento escrito por John Yoo, quien ocupaba el cargo de asistente del subsecretario de Justicia y encabezaba la Oficina de Consejo Legal.

El memorándum también incluía la defensa en el caso de que cualquier interrogador fuese acusado de violar las leyes estadounidenses o internacionales.

El memo fue revocado en diciembre del 2003, sólo nueve meses después que Yoo se lo envió al principal representante legal del Pentágono, William J. Haynes. Aunque se conocía de su existencia durante años, su difusión el martes revela públicamente por primera vez todo su contenido.

Haynes, el consejero legal del Departamento de Defensa, renunció a fines de febrero, después de haber sido criticado por su papel en la elaboración de la política del gobierno de Bush sobre los detenidos y sospechosos de terrorismo, que algunos alegan dio lugar a abusos en el centro de detención de Guantánamo, Cuba.

La aplicación de esas técnicas por parte de los interrogadores estadounidenses provocó preocupación de que algún día pudiera servir de justificación para trato cruel de norteamericanos detenidos por fuerzas opositoras.

El Departamento de Justicia inició una investigación interna para determinar si sus altos funcionarios autorizaron indebidamente o modificaron el uso por parte de la CIA de la técnica conocida como "el submarino", en que se simula ahogar al detenido. No se aclaró si el memo de Yoo, que sólo se refiere a los interrogadores militares, será parte de la investigación.

La publicación del memo fue gestionada por la Unión de Libertades Civiles Estadounidense mediante una demanda judicial para obligar a que el gobierno de Bush entregue documentos sobre la lucha del gobierno contra el terrorismo. El documento también fue entregado a los legisladores.

El memorándum también incluye defensa legal sobre interrogaciones pasadas que Yoo indicó que no se consideran tortura, como privarle del sueño al enemigo, ponerle capuchas y mantenerlo agachado en cuclillas.

El documento concluye que los combatientes enemigos detenidos en el extranjero no gozan de los derechos como detenidos, ni de la protección con que cuentan los ciudadanos estadounidenses según la Constitución.


Lolita C. Baldor, periodista de The Associated Press, contribuyó a esta información.


 

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