La presentación de PowerPoint de Obama sobre la muerte condujo a los
asesinatos de Trump en Venezuela
Por James Bovard
De Counterpunch
05 de diciembre de 2025
Los asesinatos de decenas de venezolanos por parte de la administración Trump están provocando
indignación en todo el hemisferio occidental. El secretario de Guerra, Pete
Hegseth, proclamó recientemente: “Apenas hemos comenzado a matar
narco-terroristas". El presidente Trump y Hegseth están cobrando un cheque
en blanco para la carnicería que fue escrito años antes por el presidente
Barack Obama.
En su discurso de despedida de 2017, Obama se jactó: “Hemos eliminado a decenas de miles de
terroristas". Los ataques con drones se multiplicaron por diez bajo el
mandato de Obama, lo que contribuyó a alimentar las reacciones contra Estados
Unidos en varios países.
Durante su campaña presidencial en 2007, el senador Barack Obama declaró: “Volveremos a dar
ejemplo al mundo de que la ley no está sujeta a los caprichos de gobernantes
obstinados". Muchos estadounidenses que votaron por Obama en 2008
esperaban un cambio radical en Washington. Sin embargo, desde sus primeras
semanas en el cargo, Obama autorizó ataques secretos generalizados contra
sospechosos extranjeros, algunos de los cuales acapararon los titulares cuando
los drones masacraron a invitados a bodas u otros inocentes.
El 3 de febrero de 2010, Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional de Obama, sorprendió a
Washington al anunciar que la administración también tenía como objetivo matar
a estadounidenses. Blair reveló ante un comité del Congreso la nueva norma para
las ejecuciones extrajudiciales: “Si ese estadounidense está involucrado en un
grupo que intenta atacarnos, si ese estadounidense es una amenaza para otros
estadounidenses. No perseguimos a las personas por su libertad de expresión.
Las perseguimos por realizar acciones que amenazan a los estadounidenses".
Pero “implicado" es un criterio vago, al igual que “acciones que amenazan
a los estadounidenses”. Blair afirmó que “si creemos que una acción directa
implicará matar a un estadounidense, obtenemos un permiso específico para
hacerlo”. ¿Permiso de quién?
El primer objetivo estadounidense de alto perfil de Obama fue Anwar Awlaki, un clérigo nacido en Nuevo México.
Tras los atentados del 11-S, Awlaki fue presentado como un musulmán moderado modelo. El New York Times señaló que
Awlaki “concedió entrevistas a los medios de comunicación nacionales, predicó
en el Capitolio de Washington y asistió a un desayuno con funcionarios del
Pentágono". Se radicalizó tras llegar a la conclusión de que la
guerra contra el terrorismo de la Administración Bush era en realidad una
guerra contra el islam. Después de que el FBI intentara presionarlo para que se
convirtiera en informante contra otros musulmanes, Awlaki huyó del país. Llegó
a Yemen, donde fue detenido y, según se informa, torturado a instancias del
Gobierno estadounidense. Tras salir de prisión 18 meses después, su actitud
había empeorado y sus sermones se habían vuelto más sanguinarios.
Después de que la administración Obama anunciara sus planes de matar a Awlaki, su padre contrató
a un abogado para presentar una demanda ante un tribunal federal. La ACLU se
unió a la demanda, con el fin de obligar al Gobierno a “revelar los criterios
legales que utiliza para incluir a ciudadanos estadounidenses en las listas de
personas a eliminar del Gobierno". La administración Obama calificó
todo el caso como “secreto de Estado". Esto significaba que la
administración ni siquiera tenía que explicar por qué la ley federal ya no
limitaba sus asesinatos. La administración podría haber acusado a Awlaki de
numerosos cargos, pero no quería darle ninguna ventaja en un tribunal federal.
En septiembre de 2010, el New York Times informó de que "existe un amplio consenso entre el equipo
jurídico de la administración en que es legal que el presidente Obama autorice
el asesinato de alguien como el Sr. Awlaki". Era reconfortante saber que
los altos cargos políticos coincidían en que Obama podía matar a
estadounidenses de forma justificada. Pero ese era el mismo “criterio
jurídico" que utilizó el equipo de Bush para justificar la tortura.
La administración Obama reivindicó el derecho a matar a ciudadanos estadounidenses sin juicio, sin
previo aviso y sin que los condenados tuvieran la posibilidad de oponerse
legalmente. En noviembre de 2010, el abogado del Departamento de Justicia
Douglas Letter anunció en un tribunal federal que ningún juez tenía autoridad
legal para "vigilar" los asesinatos selectivos de Obama. Letter
declaró que el programa implicaba “las facultades fundamentales del presidente
como comandante en jefe”.
Al mes siguiente, el juez federal John Bates desestimó la demanda de la ACLU porque “hay circunstancias
en las que la decisión unilateral del Ejecutivo de matar a un ciudadano
estadounidense en el extranjero" es “judicialmente irrevisable".
Bates declararon que los asesinatos selectivos eran una “cuestión política”
fuera de la jurisdicción del tribunal. Su deferencia fue sorprendente: ningún
juez había presumido jamás que matar a estadounidenses fuera simplemente otra
“cuestión política". La postura de la administración Obama “permitiría al
ejecutivo una autoridad no revisable para seleccionar y matar a cualquier
ciudadano estadounidense que considere sospechoso de terrorismo en cualquier
lugar”, según el abogado del Centro para los Derechos Constitucionales, Pardiss Kebriae.
El 30 de septiembre de 2011, un ataque con drones estadounidenses mató a Awlaki junto con otro
ciudadano estadounidense, Samir Khan, que editaba una revista en línea de Al
Qaeda. Obama se jactó de la operación letal en una base militar más tarde ese
mismo día. Unos días después, funcionarios del Gobierno permitieron a un
periodista del New York Times echar un vistazo a extractos del memorándum
secreto de 50 páginas del Departamento de Justicia. El Times señaló: “El
documento secreto proporcionaba la justificación para [matar a Awlaki] a pesar
de una orden ejecutiva que prohíbe los asesinatos, una ley federal contra el
asesinato, las protecciones de la Declaración de Derechos y varias
restricciones de las leyes internacionales de guerra, según personas
familiarizadas con el análisis". Los argumentos legales para matar a
Awlaki eran tan sólidos que ni siquiera fue necesario revelarlos al público estadounidense.
Dos semanas después de matar a Awlaki, Obama autorizó un ataque con drones que mató a su hijo y a
otras seis personas mientras estaban sentados en una cafetería al aire libre en
Yemen. Funcionarios anónimos de la administración aseguraron rápidamente a los medios de comunicación que
Abdulrahman Awlaki era un combatiente de Al Qaeda de 21 años y, por lo tanto,
era un objetivo legítimo. Cuatro días después, el Washington Post publicó un
certificado de nacimiento que demostraba que el hijo de Awlaki solo tenía 16
años y había nacido en Denver. El chico tampoco tenía ninguna conexión
con Al Qaeda ni con ningún otro grupo terrorista. Robert Gibbs, exsecretario de
prensa de la Casa Blanca de Obama y principal asesor de la campaña de
reelección de Obama, se encogió de hombros más tarde y dijo que el joven de 16
años debería haber tenido “un padre mucho más responsable"
Independientemente del asesinato de ese niño, los medios de comunicación a menudo describían a Obama y
sus drones como infalibles. Una encuesta realizada por el Washington Post unos
meses más tarde reveló que el 83 % de los estadounidenses aprobaba la política de asesinatos con drones de Obama. No
importaba si los sospechosos de terrorismo eran ciudadanos estadounidenses: el
79 % de los encuestados aprobaba el asesinato preventivo de sus compatriotas,
sin necesidad de formalidades judiciales. El Post señaló que “el 77 % de los
demócratas liberales respaldan el uso de drones, lo que significa que es poco
probable que Obama sufra consecuencias políticas como resultado de su política
en este año electoral". Los resultados de la encuesta eran en gran medida
un eco de la propaganda oficial. La mayoría de la gente “sabía" solo lo
que el Gobierno quería que oyeran sobre los drones. Gracias al secretismo
generalizado, los altos funcionarios del Gobierno podían matar a quien
quisieran y decir lo que les apetecía. El hecho de que el Gobierno federal no
hubiera podido demostrar más del 90 % de sus acusaciones de terrorismo desde el
11-S era irrelevante, ya que el presidente era omnisciente.
El 6 de marzo de 2012, el fiscal general Eric Holder, en un discurso sobre asesinatos selectivos dirigido
a un público universitario, declaró: “El debido proceso y el proceso judicial
no son lo mismos, especialmente cuando se trata de la seguridad nacional. La
Constitución garantiza el debido proceso, no garantiza el proceso
judicial". El cómico de televisión Stephen Colbert se burló de Holder:
“¿Juicio con jurado, juicio por fuego, piedra, papel o tijera, a quién le
importa? El debido proceso solo significa que hay un proceso que se
sigue". Uno de los objetivos del debido proceso es permitir que las
pruebas se examinen de forma crítica. Pero no hubo oportunidad de desmentir las
declaraciones de funcionarios anónimos de la Casa Blanca. Para la
administración Obama, el "debido proceso" significaba poco más que
recitar ciertas frases en memorandos secretos antes de las ejecuciones.
Holder declaró que los ataques con drones “no son [asesinatos], y el uso de ese término tan cargado de
significado es inapropiado; los asesinatos son homicidios ilegales. En este
caso, por las razones que he expuesto, el uso de la fuerza letal por parte del
Gobierno de los Estados Unidos es en defensa propia". Cualquier eliminación aprobada en secreto por
el presidente o sus principales asesores era automáticamente un "homicidio
legal”. Holder aseguró a los estadounidenses que el Congreso supervisaba el programa de asesinatos selectivos.
Pero nadie en el Capitolio exigió una audiencia o una investigación después de que los drones estadounidenses mataran
a ciudadanos estadounidenses en Yemen. La actitud predominante quedó ejemplificada
por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de
Representantes, Peter King (republicano por Nueva York): “Los drones no son malvados, las personas son
malvadas. Somos una fuerza del bien y utilizamos esos drones para llevar a cabo
la política de la justicia y la bondad".
Obama dijo a los asesores de la Casa Blanca que "resulta que se me da muy bien matar gente. No sabía
que iba a ser uno de mis puntos fuertes". En abril de 2012, el New
York Times obtuvo acceso para realizar un elogioso reportaje sobre las
reuniones del “Martes del Terror” en la Casa Blanca: "Cada semana, más de
100 miembros del extenso aparato de seguridad nacional del Gobierno se reúnen,
mediante videoconferencia segura, para examinar minuciosamente las biografías
de los sospechosos de terrorismo y recomendar al presidente quién debe ser el
próximo en morir". Era un desfile de muerte en PowerPoint. El Times
destacó que Obama seleccionaba personalmente a quién matar a continuación: “El
control que ejerce también parece reflejar la sorprendente confianza en sí
mismo del Sr. Obama: según varias personas que han trabajado estrechamente con
él, cree que su propio criterio debe influir en los ataques". Al comentar
las revelaciones del Times, el autor Tom Engelhardt observó: “Sin duda nos
encontramos en una nueva etapa en la historia de la presidencia imperial, en la
que un presidente (o su equipo electoral) reúne a sus ayudantes, asesores y
asociados para fomentar una historia destinada a difundir el orgullo colectivo
del grupo por la nueva posición de asesino en jefe".
El 23 de mayo de 2013, Obama, en un discurso sobre su programa de asesinatos selectivos en la
Universidad Nacional de Defensa en Washington, dijo a sus compatriotas
estadounidenses que "sabemos que hay que pagar un precio por la
libertad", como permitir que el presidente mate a cualquiera que considere
una amenaza para la libertad. El presidente declaró que “antes de llevar
a cabo cualquier ataque, debe existir una certeza casi absoluta de que no habrá
civiles muertos o heridos, el estándar más alto que podemos establecer".
Dado que casi todos los datos sobre las víctimas eran confidenciales, era difícil demostrar lo
contrario. Pero NBC News obtuvo documentos clasificados que revelaban que la
CIA a menudo no tenía ni idea de a quién estaba matando. NBC señaló: “A pesar de admitir que se
desconocía la identidad de muchas de las personas asesinadas por drones, los
documentos de la CIA afirmaban que todos los fallecidos eran combatientes
enemigos. La lógica es retorcida: si te matamos, entonces eras un combatiente
enemigo". Los asesinatos también se exoneran contando "a todos
los hombres en edad militar en una zona de ataque como combatientes... a menos
que haya información explícita que demuestre póstumamente su
inocencia". Y los burócratas estadounidenses no tienen ningún
incentivo para buscar pruebas que revelen sus errores fatales. El New York
Times reveló que los “funcionarios antiterroristas estadounidenses insisten...
en que las personas que se encuentran en una zona de conocida actividad
terrorista... probablemente no traman nada bueno". El criterio de
“probablemente no traman nada bueno" absolvió casi todos los asesinatos
con drones en miles de kilómetros cuadrados de Pakistán, Yemen y Somalia. Daniel
Hale, un exanalista de inteligencia de la Fuerza Aérea, filtró información que
revelaba que casi el 90 % de las personas asesinadas en ataques con drones no
eran los objetivos previstos. El Departamento de Justicia de Biden respondió
coaccionando a Hale para que se declarara culpable de “retención y transmisión
de información de seguridad nacional", y fue enviado a prisión en 2021.
La inmunidad soberana otorga a los presidentes el derecho a matar con impunidad. O al menos eso es lo que los
presidentes han supuesto durante la mayor parte del siglo pasado. Si la
administración Trump logra establecer la prerrogativa de matar preventivamente
a cualquier persona sospechosa de transportar narcóticos ilícitos, millones de
estadounidenses podrían estar en la mira federal. Pero la administración Trump
ya está teniendo problemas para mantener el secreto total debido a las
controversias sobre quién ordenó los presuntos crímenes de guerra. ¿Acabará la
carnicería antidroga de Trump torpedeando a su querido secretario de Guerra
Hegseth y su propia credibilidad ante el Congreso, el poder judicial y cientos
de millones de estadounidenses que no consideran las declaraciones de la Casa
Blanca como revelaciones divinas transmitidas desde el monte Sinaí?
Una versión anterior de este artículo fue publicada por el Libertarian Institute.
James Bovard es autor de Attention
Deficit Democracy, The
Bush Betrayal y Terrorism
and Tyranny. Su último libro se titula Last
Rights: the Death of American Liberty. Bovard forma parte del Consejo de
Colaboradores de USA Today. Está en Twitter como @jimbovard. Su página web es http://www.jimbovard.com/.
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