DDHH-EEUU: Prisioneros de Bagram pueden apelar
Por William Fisher
IPS
3 de abril de 2009
NUEVA YORK - En una decisión histórica, un juez de Estados Unidos determinó que los
no afganos que su país mantiene prisioneros en la cárcel de Bagram, en un base
aérea cercana a Kabul, tienen derecho a apelar su detención en tribunales
civiles del país norteamericano.
El fallo del juez federal John Bates, el jueves en Washington, representa uno de
los rechazos más tajantes a las facultades ilimitadas en la materia que se
atribuye el Poder Ejecutivo desde la presidencia de George W. Bush (2001-2009),
postura que mantuvo su sucesor, Barack Obama.
Bates sentenció que el caso de tres de los cuatro demandantes detenidos en Bagram es
“virtualmente idéntico” al de los prisioneros en Guantánamo, y que, por lo
tanto, gozan de los mismos derechos reconocidos el año pasado por la Corte
Suprema de Justicia a los recluidos en esa base naval estadounidense en Cuba.
Los tres detenidos declararon haber sido capturados fuera de Afganistán y
encarcelados durante años sin que mediara juicio. En consecuencia, reclamaron a
la justicia estadounidense el reconocimiento de su derecho a apelar la
detención y a que un juez evalúe las evidencias en su contra.
Ahora que el juez consagró el derecho, esperan lograr la libertad a través de un
recurso de habeas corpus, mecanismo que garantizar la libertad personal de los
ciudadanos al ordenar a los tribunales resolver si un detenido sin juicio debe
o no permanecer recluido.
La Corte Suprema estadounidense reconoció a los prisioneros en Guantánamo el
derecho constitucional al habeas corpus.
Ese derecho fue “forjado para proteger” a las personas de abusos del Poder
Ejecutivo, como el “arbitrario ejercicio del poder del gobierno para detener”,
escribió Bates, un juez designado en su cargo por Bush al frente del tribunal
federal del Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital.
El juez no falló sobre la situación del cuarto prisionero –un ciudadano afgano que
fue capturado fuera de Afganistán–, pero ordenó una investigación más
exhaustiva al respecto.
Bates sostuvo en su fallo de 53 páginas que la situación de cualquier detenido en el
exterior depende de un análisis caso por caso.
Entre los criterios que deben sopesarse figuran factores como la ciudadanía del
prisionero, el lugar de captura, la duración del confinamiento y el grado del
control militar estadounidense sobre las cárceles en cuestión, dijo.
En Bagram hay aproximadamente 600 detenidos, en su mayoría afganos. Pero, a pesar
de que un tribunal ordenó identificarlos, el gobierno no ha brindado aún
detalles.
En términos generales, los defensores de los derechos humanos aplaudieron la
decisión de Bates.
Barbara Olshansky, directora de litigios en la Red Internacional de Justicia,
organización sin fines de lucro que originalmente presentó la demanda judicial,
dijo sentirse “muy gratificada de ver que el Poder Judicial toma la iniciativa
de nuevo y continúa actuando en su rol crítico como controlador del Poder
Ejecutivo”.
“La opinión del juez Bates es una marca histórica del principio de que donde sea
que actuemos como gobierno en el mundo, debemos hacernos responsables de
nuestras acciones”, sostuvo.
El abogado constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, dijo a
IPS que la decisión de Bates “descansa en el sólido principio de que no debe
permitirse que el Ejecutivo evada el escrutinio judicial enviando a sus
prisioneros a Bagram en vez de a Guantánamo, y nos lleva más cerca del estado
de derecho”.
Por otra parte, “un compromiso real del gobierno de Obama para ubicar a Estados
Unidos en el imperio de la ley no se limita a cerrar Guantánamo, sino que debe
involucrar la creatividad para adecuar todas sus prácticas de detención a los
requisitos de los derechos humanos y el derecho humanitario”, dijo a IPS Sahr
Muhammed Ally, de Human Rights First.
“No se debe permitir que Bagram sea una zona sin ley”, agregó.
Jonathan Hafetz, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión para las
Libertades Civiles (ACLU), dijo que la decisión de Bates es “otra reprimenda al
alegato del gobierno de que es libre de establecer zonas sin ley”.
“Estados Unidos no puede escapar a las protecciones o restricciones centrales de la
Constitución encarcelando a personas en Bagram y no en Guantánamo. Solamente un
completo restablecimiento del régimen de derecho en todas las prisiones
administradas por Estados Unidos puede lograr un retorno a la justicia y a los
valores estadounidenses”, declaró a IPS.
Hafetz también fue crítico para con el gobierno de Obama, que “adhiere al enfoque del
viejo gobierno al alegar que puede evitar la evaluación del habeas corpus y por
lo tanto controlar su poder de detención”.
“De muchas maneras, Bagram se convirtió en el nuevo Guantánamo, sólo que más grave,
porque el proceso que atraviesan los detenidos allí es inferior, el tratamiento
peor, y el escrutinio público aún más superficial. El nuevo gobierno también
parece estar siguiendo la lectura inverosímilmente estrecha del viejo gobierno
sobre la decisión más reciente de la Suprema Corte”, agregó.
De hecho, algunos críticos dicen que Bagram es el “Guantánamo de Obama”.
No está claro si el Departamento de Justicia (fiscalía general) apelará el fallo
de Bates. Un portavoz de esa dependencia dijo que todavía evalúa la decisión.
La Red Internacional de Justicia es la única organización litigante en los casos
de detenidos que mantiene Estados Unidos en Afganistán. Presentó las demandas
en octubre de 2006, en nombre de los cuatro ciudadanos extranjeros capturados
fuera de Afganistán y llevados a Bagram, donde estuvieron prisioneros más de
seis años sin que se los acusara.
En febrero, el Departamento de Justicia le informó al juez Bates que mantenía el
mismo punto de vista que durante la presidencia de Bush, posición que
sorprendió y confundió a muchos defensores de los derechos humanos que habían
apoyado la candidatura de Obama.
El actual gobierno también ha seguido las posiciones de Bush en casos que
involucraron la doctrina del “secreto de Estado”, según la cual esos procesos
no pueden ser ventilados en tribunales federales porque la presentación de
evidencia comprometería la seguridad nacional.
En su primer día como presidente, Obama ordenó cerrar la prisión de Guantánamo en
un plazo de un año, y comenzó a evaluar la evidencia de cada uno de los
aproximadamente 240 detenidos allí.
También ordenó cerrar las cárceles secretas operadas por la Agencia Central de
Inteligencia (CIA).
Uno de los problemas más espinosos es a dónde enviar a los detenidos de Guantánamo
que sean liberados. Entre ellos figuran 17 chinos musulmanes, que, según
Estados Unidos. pueden ser liberados porque no representan una amenaza.
Un juez federal ordenó que los liberaran en Estados Unidos, pero esa decisión fue
revocada por la apelación del Departamento de Justicia.
Estados Unidos sostuvo que si son devueltos a China pueden ser sometidos a torturas y
persecuciones, pero alegó que los tribunales federales no tienen autoridad para
ordenar que los liberen en este país, porque ésa es una cuestión de derecho
migratorio, no penal.
Pocos países han estado abiertos a aceptar detenidos liberados por Estados Unidos,
por razones basadas en su propia seguridad y también, en el caso de los uigurs,
por temor a una represalia de China. Este viernes, Francia accedió a recibir a
un detenido de Guantánamo.
Tras la decisión de Bates –si es que ésta sobrevive a una apelación–, el gobierno de
Obama también puede tener que sumar a sus problemas la pregunta de a dónde
enviar a los prisioneros que sean liberados de Bagram. (FIN/2009)
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