Procesen a los capos de la tortura
Interrogadores de la CIA utilizaron 266 veces tácticas de ahogo en dos sospechosos, según
documentos del Departamento de Justicia. El Fiscal General de los Estados
Unidos ha declarado públicamente que dichas tácticas de ahogo son consideras
tortura. Y, aún así, estas 266 (y contando) violaciones del Tratado de la
Convención de Ginebra no han logrado que ni el Fiscal General ni el Congreso
cumplan con su deber: nombrar a un fiscal especial.
A menudo, los Estados Unidos han condenado la tortura en otras naciones y tomado
acción para que los autores fugitivos en el país enfrenten a la justicia en el
extranjero. ¿Por qué no puede el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y el
Congreso exigirle lo mismo a nuestra nación?
En cambio, el presidente Obama ha protegido a agentes de la CIA que condujeron
torturas, porque sus superiores les dijeron que su conducta era legal. Los
memorandos que ofrecieron malos consejos legales deben generar preocupación, no
un desquite, ha dicho Obama.
No estamos de acuerdo. Nos aterra que Obama trate de hacer ver exigencias de
justicia como venganza. La rendición de cuentas por crímenes cometidos por
quienes están en el poder es parte del sistema judicial de EE.UU. no un tipo
equivocado de campaña, motivada por política.
Aceptemos, por el bien del argumento, la enredada posición de Obama y permitir que a
quienes estaban "siguiendo órdenes" no se les puede exigir que rindan
cuentas por sus crímenes- el mismo argumento presentado por los nazis en
Nuremberg y rechazado por los EE.UU. y el mundo. Pero, ¿y qué de quienes
formularon la política e impartieron las órdenes? ¿Qué hacer con los capos de
la tortura?
Al permitir la tortura, el gobierno de Bush violó la Constitución y el derecho
internacional -en repetidas ocasiones y flagrantemente. Un juez español está
investigando la posibilidad de presentar cargos contra ex funcionarios del
gobierno de EE.UU. Y sin agua en la boca, el ponente de las Naciones Unidas
sobre tortura indicó que la falta de investigación o proceso de este delito es
una violación a la Convención de la ONU contra la Tortura.
Como la American Civil Liberties Union (ACLU) lo describe, los abogados del
Departamento de Justicia autorizaron a los interrogadores a utilizar los más
bárbaros métodos, incluidos métodos que una vez los EE.UU. procesó con orgullo
como crímenes de guerra.
Nos sumamos a la ACLU para pedir que el Departamento de Justicia nombre a un fiscal
independiente que pueda investigar la tortura surgida bajo el gobierno de Bush.
Este gobierno y el Congreso tiene hacer frente a crímenes de guerra para que
generaciones futuras de estadounidenses puedan decir, una vez más, que los
Estados Unidos practica lo que predica sobre los derechos humanos.
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