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Los Memorandos de Yoo y Bybee
Proyectos para un Estado Policial
MARJORIE COHN
4 de marzo de 2009
Traducido del inglés para ¡El mundo no puede esperar!
Siete memorandos del Departamento de Justicia bajo Bush, hechos públicos hace
poco, revelan una estrategia concertada para darle al presidente el poder de
hacer caso omiso de la Constitución.Proporcionan
justificaciones "legales" para que el Presidente suspenda la libertad
de expresión y de prensa; ordene allanamientos e incautaciones sin orden
judicial, incluidas escuchas telefónicas a los ciudadanos; detenga a ciudadanos
estadounidenses sin cargos penales por un tiempo indefinido dentro de Estados
Unidos; traslade a presuntos terroristas a otros países donde es probable que
sean torturados; y abrogue unilateralmente los tratados. De acuerdo con el razonamiento en los
memorandos, el Congreso no tiene la función de controlar y equilibrar el poder
ejecutivo. Esa es la definición de un estado policial.
¿Quién escribió esos memos? Todos menos uno fueron
elaborados en su totalidad o en parte por el tristemente célebre John Yoo y Jay
Bybee, los autores de los llamados “memorandos de tortura”, que redefinieron la
tortura de una manera mucho más restrictiva que la definición tradicional de la
tortura, y le asesoraron al presidente cómo torturar y salir impune. En un memorando,
Yoo dijo que el Departamento de Justicia no aplicaría las leyes del país contra
la tortura, el asalto, la mutilación y el acecho, cuando se trataba de la
detención y el interrogatorio de combatientes enemigos.
¿Qué prohíbe el estatuto federal sobre la mutilación? Se define como delito que una persona, “con la intención de
torturar, mutilar, o desfigurar,... le corta, le muerde o le raja la nariz, la
oreja o el labio de otra persona, o que le cercena o le incapacita la lengua, o
que le saca o destruye el ojo, o que le cercena o incapacita una extremidad o
alguna parte del cuerpo de otra persona”. Además, prohíbe “arrojar o verter
sobre otra persona agua hervida, ácido corrosivo, o ninguna sustancia cáustica”
con la misma intención.
Los dos memorandos de tortura fueron retirados
posteriormente después de que se hicieron público porque su razonamiento
jurídico era claramente defectuoso. Pero se mantenían en vigor durante el
tiempo suficiente para autorizar la tortura y el maltrato de muchos presos bajo
custodia de los EE.UU..
Al final también se desautorizaron los siete memorandos hechos públicos ahora,
varios años después de que fueron escritos. Steven
Bradbury, el director adjunto asistente al secretario de Justicia de Bush,
emitió dos notas de descargo de responsabilidad - el 6 de octubre de 2008 y 15
de enero de 2009 – en las cuales dijo que lo afirmado en los siete memorandos
"no refleja las opiniones actuales de esta Oficina ". Sigue siendo un
misterio por qué Bradbury esperó hasta que Bush casi dejara su carga para dar
su descargo de responsabilidad. nos especulan que Bradbury, sabiendo que la nueva administración probablemente iba
a publicar los memorandos, estaba tratando de cubrirse.
De hecho, Yoo, Bybee y Bradbury son los tres ex abogados del Departamento de
Justicia a quienes la Oficina de Responsabilidad Profesional hizo objetos de
crítica en su informe todavía inédito. La ORP puede mandar el caso de estos abogados a la barra estatal para que los
discipline o incluso recomiende cargos penales contra ellos.
En sus memorandos, Yoo justifica darle una autoridad ilimitada al presidente
porque Estados Unidos se encontraba en una "situación de conflicto
armado." Yoo escribió: "la Primera Enmienda de derechos de expresión
y de prensa también puede ser subordinada a la imperiosa necesidad de librar la
guerra con éxito." Yoo hizo el argumento increíble de que, al igual que se
puede utilizar legítimamente la fuerza letal en defensa propia en casos
penales, el presidente puede suspender la Cuarta Enmienda porque el derecho a
la intimidad es menos grave que la protección contra el uso de la fuerza letal.
Bybee escribió en una de los memorandos que no hay ninguna prohibición a que el
presidente traslade a terceros países a prisioneros de al Qaeda y del Talibán
capturados en el exterior, siempre y cuando el presidente no tenga la intención
de que sean torturados. Sin embargo, la Convención contra la Tortura, a la que los Estados Unidos es
signatario, dice que ningún país puede expulsar, devolver o extraditar a una
persona a otro país "cuando haya razones fundadas para creer que estaría
en peligro de ser sometida a la tortura." Bybee afirmó que la Convención
contra la Tortura no es aplicable extraterritorialmente, una propuesta
rotundamente demolida por eruditos de renombre. Hay informes de que la administración
Bush participó en de 100 a 150 casos de entregas extraordinarias hasta marzo de
2005.
El mismo día en que el secretario de Justicia Eric Holder dio a conocer esos
memorandos, el gobierno reveló que la CIA destruyó 92 cintas de vídeo de
severos interrogatorios a Abu Zubaida y Abd al Rahim al Nashiri, los dos
sometidos al submarino. El memorando que autorizó que la CIA aplicara el submarino, escrito el mismo día que uno de
los memorandos deYoo y Bybee sobre la tortura, todavía no se ha hecho público.
Bush insistió en que Zubaida era un peligroso terrorista, a pesar de la afirmación
de uno de los principales expertos del FBI sobre Al Qaeda de que Zubaida era
esquizofrénico y jugaba un papel menor en la organización. Bajo la tortura,
Zubaida admitió ser culpable de todo; la información que dio es prácticamente
inútil.
Hay otros memorandos que todavía no se han hecho públicos. Indudablemente implicarán a
funcionarios y abogados del gobierno de Bush en la comisión de la tortura, el
espionaje ilegal, las entregas extraordinarias y otras violaciones de la ley.
Mientras tanto, John Yoo sigue siendo profesor de la facultad de Derecho de Berkeley y
Jay Bybee es un juez federal en el Noveno Circuito de Apelaciones. Esos hombres, que asesoraron a Bush en
crear un estado policial, deberían ser investigados, juzgados e inhabilitados
para el ejercicio de la abogacía. Yoo debería ser despedido y se debe
hacer un juicio de destitución a Bybee.
Marjorie Cohn es presidenta de la Asociación
Nacional de Abogados y autora de Cowboy
Republic.
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