worldcantwait.org
ESPAÑOL

Español
English-LA
National World Can't Wait

Pancartas, volantes

Temas

Se alzan las voces

Noticias e infamias

De los organizadores

Sobre nosotros

Declaración
de
misión

21 de agosto de 2015

El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

"¿Por qué hacer una donación a El Mundo No Puede Esperar?"

"Lo que la gente esta diciendo sobre El Mundo No Puede Esperar


Gira:
¡NO SOMOS TUS SOLDADOS!


Leer más....


¿QUIÉN DECIDE LAS LEYES DE LA GUERRA?

Charlie Savage
The New York Times News Service/Syndicate
27 de enero de 2013

WASHINGTON. Hasta hace poco tiempo, ningún abogado uniformado contaba con más favor del gobierno de Barack Obama que el general brigadier Mark S. Martins, fiscal académico del sistema de comisiones militares, que encabeza el caso contra Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro detenidos en Guantánamo, acusados de haber ayudado en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Becario Rhodes que se graduó en el primer lugar de su generación en West Point y obtuvo un título de derecho en Harvard al lado del joven Barack Obama, Martins estuvo cinco años en Irak y Afganistán, ayudó a revisar las políticas respecto de los detenidos para Obama en 2009 y fue designado para reiniciar las comisiones, con la esperanza de que su imagen y conducta convencieran al mundo de respetar la legitimidad del resultado del juicio por el 11 de septiembre, en el que los fiscales están pidiendo la pena de muerte.

Pero la próxima semana, cuando Martins regrese al ojo público en las audiencias previas del juicio por el 11 de septiembre, él podría dar la impresión de haberse salido del redil. En efecto, él se ha enzarzado en una disputa cada vez más pública con el gobierno, centrada en una cuestión incómoda que él se niega a hacer a un lado: ¿Es válido que Estados Unidos use los tribunales para acusar por delitos idiosincráticamente estadounidenses como “conspiración”, cuando éstos no están reconocidos en el derecho internacional como crímenes de guerra?

El enfrentamiento de Martins con el gobierno está escribiendo un nuevo capítulo de una historia conocida: desde los ataques terroristas de 2001, los abogados militares del Cuerpo del Juez Abogado General han chocado repetidas veces con abogados nombrados políticamente respecto de las leyes de la guerra.

Durante el gobierno de George W. Bush, los abogados militares rechazaron a los funcionarios civiles respecto de la aplicabilidad de las convenciones de Ginebra en la guerra contra el terrorismo, la tortura y la protección de los acusados en los tribunales. Entonces, como ahora, los abogados uniformados adoptaron una interpretación rígida de las reglas de la guerra, considerándolas como políticas gubernamentales obligatorias. Los abogados civiles, por su parte, gravitaban hacia conceptos más flexibles (o expeditos).

La disputa actual se remonta a un fallo de la corte de apelaciones de octubre, que anuló el veredicto de un tribunal en 2008 en contra de un chofer de Al Qaeda, pues su delito, “apoyo material para el terrorismo”, no era un delito de guerra reconocido en el derecho internacional al momento de sus acciones. Los jueces rechazaron el argumento del Departamento de Justicia de que, no obstante, la acusación era válida dentro del “derecho común de guerra” estadounidense y porque el Congreso había tipificado esa acción como delito ante los tribunales en un estatuto de 2006.

El fallo planteó la cuestión de qué hacer respecto de los otros casos con el mismo defecto, como la apelación de un propagandista condenado de Al Qaeda, entre cuyos cargos estaba el de “conspiración”. Como quedó dicho, éste no es un delito dentro del derecho internacional pero a lo largo de la historia de Estados Unidos ha sido aplicado por los tribunales, como en algunos casos de la segunda guerra mundial y de la guerra civil.

Martins presionó para abandonar la condena del propagandista y regresar a los cargos que fueran juzgables en una comisión militar, alegando que en caso de seguir insistiendo con argumentos viciados se podría deslegitimizar el sistema y arrojar sombras de duda sobre el proceso del 11 de septiembre. Pero el procurador general Eric Holder decidió seguir adelante y defendió la condena del propagandista y la validez de la conspiración como cargo penal, por lo que se produjo el cisma.

Martins se negó a firmar el expediente del Departamento de Justicia del caso del propagandista y anunció que trataría de que se desechara la conspiración de la lista de cargos en el caso del 11 de septiembre, para centrarse en los “legalmente sustentables”, como el clásico crimen de guerra: ataque a civiles. Pero el funcionario del Pentágono que supervisa los tribunales se negó a retirar el cargo de conspiración, citando el precedente del Departamento de justicia. Martins respondió que sus fiscales no alegarían en contra de la moción de la defensa y le pidió a un juez que la echara a pique.

“En verdad es asombroso”, consideró Gary Solis, juez militar retirado que enseña derecho marítimo en las universidades George Washington y Georgetown. “Trajeron a Martins para que cuadrara las cosas, y todo el mundo dijo que si alguien podría hacerlo, sería Martins. Pero cuando Martins ofreció su mejor consejo, lo rechazaron.”

En cierto sentido, la disputa actual es más compleja y abstracta que las luchas por las leyes de la guerra en tiempos de Bush. Pero hay una preocupación común que las relaciona: la reciprocidad, o el principio de que las fuerzas armadas debe tratar a sus prisioneros de guerra del mismo modo que quieran que sus adversarios traten a sus soldados.

David Glazier, oficial naval retirado que enseña las leyes de la guerra en la Escuela de Derecho Loyola en Los Ángeles, planteó la cuestión: Si Irán algún día derriba a un piloto estadounidense, ¿las fuerzas armadas iraníes podrían juzgarlo y ejecutarlo – citando la postura del gobierno – por un crimen de guerra idiosincrático derivado de la tradición persa y no del derecho internacional?

“Lo que estamos viendo es que para los civiles en el gobierno, que están en el poder por un tiempo relativamente corto, es fácil tener una visión estrecha en un caso o situación particular”, indicó. “Pero la forma en que maneje Estados Unidos estos casos va a influir en la forma en que otros países, en guerras futuras, traten a los prisioneros estadounidenses.”

Existen complicaciones. No es de esperarse que los grupos terroristas obedezcan las leyes de la guerra, sin importar el ejemplo que ponga Estados Unidos. Los argumentos del gobierno se han centrado en la estrategia de litigación tanto como en los principios. Algunos funcionarios civiles han apoyado a Martins, mientras que algunos abogados militares están en desacuerdo con él.

Y reducir la lista de cargos para los tribunales podría significar que menos detenidos en Guantánamo fueran a juicio en lugar de seguir en detención indefinidamente. En 2009, una revisión consideró que unas tres docenas de detenidas podrían tener derecho a juicio, pero sólo una tercera parte de ellos estaban vinculados con ataques específicos, han precisado los funcionarios.

Otros detenidos juzgables podrían ser acusados de conspirar con Al Qaeda conforme la ley nacional, pero el Congreso prohibió juzgarlos en tribunales civiles. Con esos antecedentes, Eugene R. Fidell, que enseña derecho militar en la Escuela de Derecho de Yale, sostuvo que el drama podría no ser tanto por los individuos sino por las instituciones, que luchan para que el sistema funcione a pesar de los impedimentos.

“Es tentador pensar que esto gira en torno del general Martins, pero no es así”, precisó. “Las decisiones de juzgar a los detenidos se han vuelto más cosa de lo que es factible y no tanto de lo que es racional. Las restricciones impuestas por el Congreso están obligando a los oficiales a adoptar posturas que son particularmente incómodas para los abogados militares, que no quieren ni acercarse al controvertido tema de acabar con la reciprocidad.”


 

¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.

 

¡El mundo no puede esperar!

E-mail: espagnol@worldcantwait.net