|
Primeras señales de desacuerdo en el Pentágono
¿Quién está dirigiendo Guantánamo?
Andy Worthington
CounterPunch
16 de febrero de 2009
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El 20 de enero, la respuesta a esa pregunta parecía obvia. En su discurso inaugural, con George Bush colocado justo
detrás de él, el Presidente Obama se comprometió firmemente a “rechazar, por
falsa, la opción entre nuestra seguridad y nuestros ideales”, una indicación
clara de que, como prometió en un discurso en agosto de 2007, se disponía a desmantelar las
aberraciones extralegales de la “Guerra contra el Terror” de la administración Bush.
Mientras yo sea Presidente, EEUU rechazará la tortura sin excepción alguna. EEUU es el
país que se levantó contra ese tipo de conductas y volveremos a hacerlo de
nuevo… Como Presidente, cerraré Guantánamo, anularé el Acta de las Comisiones
Militares y me adheriré a las Convenciones de Ginebra… Seremos de nuevo un
ejemplo ante el mundo de que la ley no está sometida al capricho de gobernantes
obcecados y que la justicia no es arbitraria.
Al día siguiente, el Presidente Obama pidió a los jueces militares de Guantánamo que durante
cuatro meses pusieran fin a todos los procesos en curso de las Comisiones
Militares en Guantánamo (los juicios terroristas ideados por Dick Cheney y sus más cercanos consejeros en noviembre de
2001), para que a la nueva administración le diera tiempo a revisar el sistema
y decidir cuál era la mejor forma para seguir adelante con las posibles
actuaciones judiciales.
Un día después, firmó sus primeras órdenes
ejecutivas, afirmando que cerraría Guantánamo
en el plazo de un año, confirmando la prohibición absoluta de la tortura,
ordenando a la CIA que cerrara todas las prisiones secretas, estableciendo una
inmediata revisión de los casos de los 242 prisioneros que aún quedan en
Guantánamo, y requiriendo del secretario de defensa Robert Gates que se
asegurara, en el plazo de 30 días, de que las condiciones en Guantánamo se
ajustaban a las Convenciones de Ginebra.
Al principio, todo parecía marchar muy bien. Dos jueces pararon inmediatamente las vistas
previas a juicio en los casos del canadiense Omar Khadr y de
los cinco coacusados de
estar implicados en los ataques del 11-S, y el Presidente se aseguró incluso
una victoria extra en el campo de las relaciones públicas cuando Khalid Sheik Mohammad, el
confeso arquitecto del 11-S, que había estado buscando un juicio rápido y el martirio en el desacreditado sistema de las
Comisiones, expresó su insatisfacción ante el juez. “Deberíamos proseguir,
no vayamos entonces hacia atrás, sigamos hacia delante”, dijo.
La primera señal de desacuerdo del Pentágono
Sin embargo, el 29 de enero, el juez principal de las Comisiones recientemente designado, el
coronel del ejército James M. Pohl, presentó el primer desafío a los planes del
Presidente cuando se negó a suspender la
comparecencia del prisionero saudí Abdul Rahim al-Nashiri,
fijada para el 9 de febrero, afirmando que “había hallado que los argumentos de
los fiscales, incluida la afirmación de que la administración Obama necesitaba
tiempo para revisar sus opciones, ‘no era una base convincente para retrasar la
comparecencia’”.
De repente, se plantearon preguntas urgentes acerca de quién estaba gobernando Guantánamo,
porque ocurría que aunque Barack Obama podía pedir lo que quisiera, las
Comisiones, como el coronel Pohl señaló, habían recibido el mandato cuando “el
Congreso aprobó el Acta de Comisiones Militares que sigue en vigor”. Añadiendo:
“La Comisión está vinculada a la ley que actualmente existe, no a la que se
pueda cambiar en el futuro”.
Además, la única funcionaria con poder para suspender la comparecencia de al-Nashiri era Susan Crawford, la
Autoridad para la Coordinación de las Comisiones, que conserva su puesto como
alta oficial del Pentágono que supervisa los juicios, aunque sea una protégée
del ex Vicepresidente Dick Cheney y amiga muy próxima del Jefe de Gabinete de
Cheney, David Addington, los dos personajes que, mucho que más que cualquier
otro, establecieron el sistema de “justicia arbitraria” que Barack Obama pidió
se liquidara.
Después de varios días de tensión, evidentemente se convenció a Crawford para que aplazara la
comparecencia, lo que hizo el 5 de febrero, desestimando las acusaciones sin
perjuicio de la cosa juzgada (lo que significaba que podían restablecerse en
una fecha posterior). Se negó a hacer comentarios sobre su decisión, y de hecho
sólo ha hablado públicamente en una ocasión desde que fue nombrada en febrero
de 2007, cuando admitió, en la semana anterior a la toma de posesión de Obama,
que el trato al que se había sometido al prisionero saudí Mohammed al-Qahtani
había implicado el uso de la tortura. En cambio, un portavoz del
Pentágono dio otro paso adelante más al afirmar: “Fue su decisión, pero refleja
el hecho de que el Presidente ha emitido una orden ejecutiva que manda que se
ponga fin a las Comisiones Militares, en espera de los resultado de supervisar
nuestras operaciones en Guantánamo”.
Esto fue apenas suficiente para disipar las dudas de por qué una protégée de Cheney
seguía a cargo de las Comisiones, y esas dudas se ampliaron cuando Associated
Press anunció que dos más de los nombramientos políticos de Bush –Sandra
Hodgkinson, la ex asistente adjunta del secretario de defensa para asuntos de
los detenidos, y la asistente especial Tara Jones- habían sido trasladadas a
sendos puestos en el servicio civil del Pentágono. Hodgkinson se había pasado
varios años defendiendo las políticas de detención de la administración Bush, y
Jones, como explicó AP, trabajó en el programa de asuntos públicos del
Pentágono “que tenía como objetivo persuadir a los analistas militares para que
generasen una cobertura favorable a las noticias sobre la guerra en Iraq, las
condiciones en Guantánamo y otros esfuerzos para combatir el terrorismo”, que
se “cerró entre feroces críticas e investigaciones en el Capitolio sobre si eso
violaba la ética del Pentágono y la política de la Comisión Federal de
Comunicaciones”.
La huelga masiva de hambre
Sin embargo, mientras el desacuerdo del coronel Pohl y la continuada presencia de Susan
Crawford creaban serias dudas sobre la capacidad –o voluntad- del Pentágono
para abrazar el mundo post-Bush de Obama, los desarrollos más preocupantes tienen
lugar en el mismo Guantánamo. Aunque Robert Gates, el único alto funcionario de
la administración Bush específicamente retenido por Obama, ha mostrado voluntad
de ajustarse a las nuevas condiciones (que es, posiblemente, lo que animó en un
primer omento a Obama a conservarle), parece improbable que, incluso con la
mejor voluntad del mundo, pueda hacerse cargo de los problemas que actualmente
asolan Guantánamo en los doce días que le quedan del plazo que le han concedido
para revisar las condiciones en la prisión.
Hace un mes –inspirados especialmente por el séptimo aniversario de la apertura de la prisión y por
el cambio de administración-, al menos cuarenta y dos prisioneros en Guantánamo
se embarcaron en una huelga de hambre. Según las directrices establecidas por
las prácticas médicas, está prohibido alimentar a la fuerza a los prisioneros
mentalmente competentes que inicien una huelga de hambre, pero en Guantánamo
esa prohibición no ha tenido nunca mucho peso. Alimentar a la fuerza ha sido
parte del régimen a lo largo de toda su historia, aplicado con todo vigor sobre
todo en enero de 2006, en respuesta a una intensa huelga masiva de hambre de
larga duración, cuando se llevaron a Guantánamo un número de sillas especiales,
que se utilizaron para “romper” la huelga.
Como informé la pasada semana, alimentar a la fuerza, que implica
amarrar a los prisioneros a las sillas con correas utilizando para ello
dieciséis correas separadas y metiendo a la fuerza un tubo por la nariz hasta
el estómago dos veces al día, es claramente un mundo muy diferente del trato
humano exigido por las Convenciones de Ginebra, como también “las sacas forzosas
de las celdas” llevándose a los prisioneros para alimentarles por la fuerza.
Sin embargo ahora, la teniente coronel Yvonne Bradley, fiscal de la defensa militar del
residente británico Binyam Mohamed
(cuya “entrega extraordinaria” y tortura hizo que estallara un escándalo trasatlántico la pasada semana), ha informado que
las condiciones dentro de la prisión se han deteriorado aún más. En un artículo
del Observer del domingo, la teniente coronel Bradley, que indicó que su cliente estaba “muriéndose en su
celda de Guantánamo”, informó de una visita a la prisión la pasada semana y
afirmó:
Hay al menos cincuenta personas en huelga de hambre, veinte de ellas en situación
crítica, según Binyam. El Grupo de Trabajo Conjunto no está comentando nada
porque no quieren que la gente sepa lo que está pasando. Binyam ha presenciado
cómo se sacaba a la fuerza de sus celdas a algunos prisioneros. Grupos de
operaciones especiales de la policía se preparan para entrar y llevarse a las
personas; si se resisten, son alimentados a la fuerza y después se les golpea.
Binyam no había visto ni presenciado esto antes. En Guantánamo Bay hay una
huelga masiva de hambre y las cifras están creciendo; las cosas están
empeorando.
Es tan grave que no hay suficientes sillas donde amarrarles y obligarles a tomar
alimento durante un período de dos o tres horas para que lo digieran a través
de un tubo. Como no hay suficientes sillas, los guardias están teniendo que
alimentarles ellos mismos a la fuerza por turnos. Binyam se sintió aterrado
tras contemplar cómo golpeaban a un prisionero cercano a él y decidió que no
iba a resistirse. Pensó: “No quiero que me golpeen, me hieran o me maten”. Dada
la situación de su salud, un mal golpe hubiera resultado fatal.
La teniente coronel Bradley añadió que el relato de Mohamed sobre la “salvaje paliza”
soportada por un compañero fue el “primer relato que había recibido
personalmente de un detenido físicamente atacado en Guantánamo”.
En efecto, aunque el relato de la teniente coronel Bradley indica que la crisis en
Guantánamo es de tal gravedad que las discusiones en curso sobre el
cumplimiento de las Convenciones de Ginebra debería sustituirse por una
intervención urgente para atender las quejas de los prisioneros (empezando por
aliviar el aislamiento crónico en que se mantiene a la mayor parte de los
prisioneros), la situación en Guantánamo se ha encontrado un decidido silencio
por parte del Pentágono y la Casa Blanca.
¿Será realmente necesario que se produzca otra muerte en Guantánamo –la sexta- para
que haya una inmediata respuesta?
Andy Worthington es un historiador británico y autor de “The Guantánamo Files: The Stories
of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison”, (publicado por Pluto Press).
Su página en Internet es: www.andyworthington.co.uk.
Puede contactarse con él en: andy@andyworthington.co.uk
Enlace con texto original:
http://www.counterpunch.org/worthington02112009.html
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
