Rechazan acusaciones en contra del muro fronterizo
El Gobierno desacredita los estudios de un grupo de Texas sobre medio ambiente y propiedad
EFE
20 de octubre, 2008
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó
las acusaciones de un grupo universitario de Texas en contra del muro en la
frontera y dijo que son "imprecisas" y que la Agencia ha tomado
medidas para ayudar a los afectados.
"Todas esas acusaciones son imprecisas... no estamos construyendo un muro
en propiedades de las personas", dijo Angela de Rocha, portavoz de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), del DHS.
La portavoz se refirió a las acusaciones del Grupo de Trabajo de la Universidad
de Texas, que en junio pasado publicó un documento en contra de la construcción
del muro de 1,078 kilómetros en la frontera con México.
El grupo, integrado por profesores y estudiantes del recinto universitario en
Austin, quiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) investigue si el muro atropella los
derechos humanos internacionales.
Entre otras acusaciones, el Grupo alega que el muro viola el derecho a la
tenencia de propiedad y la protección bajo el derecho internacional, viola los
derechos de comunidades indígenas, y afectará la economía y el medio ambiente
en la zona.
La CIDH realizará una audiencia temática sobre el asunto el próximo 22 de
octubre. Representantes del Grupo de Trabajo asistirán a la audiencia, pero el
DHS no ha divulgado si tendrá representación en la misma.
Para la portavoz de la USCBP, las acusaciones del grupo universitario reflejan
que "no hizo su tarea" a la hora de recabar información sobre las
medidas que ha tomado el DHS en caso de que la construcción del muro afecte a
propietarios de terrenos en la zona.
De Rocha agregó que la construcción del muro se lleva a cabo en diversos tramos
de la frontera sur y depende en parte de la topografía en cada zona.
En algunos casos, el Gobierno ha ofrecido adquirir las propiedades afectadas a
precios del mercado, pagar los gastos de mudanza y ayudar a los propietarios a
encontrar vivienda provisional.
Al responder a las acusaciones del Grupo, de Rocha indicó, por ejemplo, que el
Gobierno ha invertido "millones" de dólares para estudiar el impacto
ecológico del muro, y ha negociado con los propietarios afectados por el
proyecto.
Además, el objetivo del muro es frenar la inmigración ilegal y las personas que
viven en ciudades fronterizas pueden entrar a EEUU por los puntos de control
establecidos y de esa forma realizar sus compras.
Según la portavoz, las autoridades federales han logrado contratos para la
construcción de 168 kilómetros de muro en Texas, de un total de 175 en ese
sector.
El presidente George W. Bush promulgó en 2006 una ley aprobada por el Congreso
que dio luz verde a la construcción del muro en varios tramos de la frontera
común de unos 3,100 kilómetros.
El proyecto ha chocado con la oposición de ecologistas, activistas
pro-inmigrantes, propietarios y de la región.
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