Restauran respaldo legal a inmigrantes
Tendrán derecho a abogado quienes enfrenten proceso de deportación
Los inmigrantes que enfrentan una posible deportación de Estados Unidos volverán a contar con el derecho a ser asesorados
por un abogado calificado, gracias a la resolución anunciada ayer por el
Departamento de Justicia (DOJ) que revierte la prohibición, implementada por el
gobierno de George W. Bush.
Eric Holder, titular del DOJ, dijo que la orden emitida por su antecesor, Michael
Mukasey, será anulada, y que la dependencia a su cargo determinará si es
preciso elaborar una nueva norma en este sentido.
El 7 de enero pasado, durante los últimos días de la administración de George W.
Bush, Mukasey emitió una decisión en la cual se señala que la Constitución no
otorga a un candidato a la deportación el derecho de apelar argumentando que su
abogado no hizo bien su trabajo.
"La integridad de los procesos de inmigración depende en parte de la posibilidad de
establecer quejas por la ayuda poco eficiente de quien está otorgando
asesoría", dijo el procurador Holder, quien consideró que Mukasey no dio
oportunidad a que existiera un debate público sobre el tema. "Es importante
que el pueblo estadounidense tenga la oportunidad de participar en la
formulación de los procedimientos correspondientes a esta área", señaló.
Tan pronto se dio a conocer la información, las organizaciones activistas que
habían protestado por esta medida celebraron la decisión del nuevo gobierno.
"Dado el alto índice de fraude y asistencia inefectiva que sufre la comunidad
inmigrante a manos de abogados y notarios inescrupulosos, celebramos la
decisión del procurador general Holder porque restaura el debido proceso para
los inmigrantes que confrontan la deportación por errores de un abogado
inepto", comentó Angélica Salas, directora de la Coalición pro Derechos
Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA).
"La posibilidad de reconsiderar un caso significa la diferencia entre separar
injustamente a una familia con la deportación, o tener una segunda oportunidad
de permanecer en el país libres de miedo", agregó Salas, quien describió
la orden dada por Mukasey como "una bofetada a la Constitución que aboga
por el respeto a los derechos de todo ser humano, sin importar si está a punto
de ser deportado o no".
Representantes de la American Immigration Law Foundation (AILF) aseguraron que la decisión de
último minuto del gobierno de Bush afectó a miles de personas que ahora
enfrentan consecuencias que les afectarán de por vida, y consideraron que la
decisión del procurador restablecerá la legalidad para las víctimas de asesoría
fraudulenta.
AILF fue una de las 130 organizaciones que en febrero de 2009 solicitaron a Holder
tomar medidas sobre este tema. "Nos sentimos muy alentados al ver que el
procurador general Holder valora la importancia de los derechos de los
inmigrantes en los procesos de deportación", comentó la directora del
Centro de Acción Legal de AILF, Nadine Wettstein, quien aseguró que la decisión
de Mukasey, de haber prevalecido, habría dado por resultado años de confusión
entre las cortes federales y de inmigración.
Charles Kuck, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración,
calificó la medida como "el principio de la restauración del proceso
adecuado en el sistema de inmigración", y dijo que la decisión de Holder
"reconoce que no se puede tratar a los inmigrantes de manera diferente a
nosotros mismos, si es que esperamos recibir los mismos beneficios que otorga
la Constitución".
La decisión emitida en enero pasado establece que la Constitución no otorga a
alguien que enfrenta un proceso de deportación el derecho a que su caso se
reabra con base en un trabajo deficiente por parte de su abogado, y anula dos
precedentes judiciales (Matter of Lozada, 19 I&N Dec. 637 BIA 1988, y
Matter of Assaad 23 I&N Dec. 553 BIA 2003) que habían servido como base
para que los casos de inmigración pudieran ser apelados debido a las inconsistencias
de la defensa.
En el documento se señala que los extranjeros en proceso de deportación tienen
derecho a la defensa, pero no a expensas del gobierno, y que de acuerdo con la
Sexta Enmienda de la Constitución no tienen el derecho de defensor público
porque no se trata de asuntos criminales, ya que los casos de inmigración son
de naturaleza civil.
Aunque en otro apartado también se señala que los funcionarios del DOJ pueden ejercer
su discrecionalidad para reabrir casos de este tipo cuando lo consideren conveniente,
los grupos activistas pro inmigrantes cuestionaron la decisión desde el
principio, argumentando que los inmigrantes enfrentando una deportación son
particularmente susceptibles a ser víctimas de fraudes de este tipo.
La decisión de Mukasey se dio tras haberse registrado una serie de casos en los
cuales los inmigrantes que habían recibido una orden de deportación pedían la
reapertura de sus casos por haber contado con una asesoría legal deficiente;
sin embargo, las cortes de inmigración no cuentan hasta el momento con un
seguimiento de cuántos inmigrantes buscan reabrir su caso en estas condiciones.
Con información de agencias
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