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3/28/2008
DDHH-EEUU: Académico palestino preso en huelga de hambre
Comentario de Ali Gharib
WASHINGTON, 27 mar (IPS) - El gobierno actuó injustamente al tratar el
caso del activista y académico palestino Sami Al-Arian, acusado de liderar un
grupo terrorista. A cinco años de su detención, está hace casi un mes en huelga
de hambre.
Al-Arian tomó la medida ante los intentos de un fiscal del nororiental estado
de Virginia de obligarlo a comparecer contra su voluntad como testigo de un
juicio en el que no es acusado.
Su negativa a testificar en la audiencia determinaría su permanencia en
prisión más allá del fin de su condena a 57 meses de cárcel, que se cumplirá el
11 de abril.
Desde el 3 de este mes, Al-Arian no ha probado bocado ni tomado los
medicamentos que le han prescripto. Ha perdido casi 14 kilogramos de peso.
Sus familiares y abogados lograron convencerlo de que tomara líquido la
semana pasada, cuando parecía padecer una deshidratación avanzada.
El miércoles, Al-Arian fue transferido a un hospital dependiente del sistema
del Buró de Prisiones, donde, según su defensa, es sometido a un "draconiano
protocolo para casos de huelga de hambre".
El jefe de sus abogados, Jonathon Turley, dijo que no tiene obligación de
testificar. Pero la negativa de Al-Arian a hablar puede llevar a los fiscales a
acusarlo de "desacato", lo cual le impediría abandonar la prisión en abril,
cuando complete su condena.
Según expertos en derechos humanos, la maniobra del fiscal equivale a una
política de detención indefinida de facto.
Luego de que Al-Arian pasara dos años y medio detenido, el gobierno no pudo
elevar una sola acusación en su contra, a pesar de que constituía uno de los
casos sobre terrorismo más destacados.
El reo fue calificado entonces por quien ocupaba el cargo de secretario de
Justicia (fiscal general), John Ashcroft, de líder de una organización palestina
violenta.
Al-Arian decidió librar a su familia de otro largo juicio al declararse
culpable de un cargo menor, el de asistencia a personas vinculadas con el grupo
palestino Jihad Islámica, incluido en la lista de organizaciones terroristas del
gobierno estadounidense en 1997.
Pero Al-Arian exigió, como condición para alcanzar un acuerdo extrajudicial,
su no comparecencia en audiencias por otros casos, para así evitar otros
sufrimientos a su familia.
"Advirtió que no quería cooperar con ninguna gestión para destruir a otros
individuos del modo en que su familia fue destruida por el gobierno", dijo a IPS
Turley, también profesor de Derecho de la Universidad George Washington.
Al-Arian, quien vive en Estados Unidos hace más de 30 años pero no es
ciudadanía de este país, pidió que el gobierno disponga su deportación inmediata
luego de su liberación, para evitar largos procedimientos migratorios que
prolonguen indebidamente su condena.
La fiscalía federal de un distrito del sudoriental estado de Florida aceptó
las demandas de Al-Arian, pero con una sentencia más larga.
Luego, una maniobra legal ensombreció lo que Al-Arian consideró un camino
allanado hacia el fin de su persecución y hacia la deportación.
Los acuerdos extrajudiciales, en Florida y otros estados, suelen contener
fórmulas repetidas que obligan a los acusados a cooperar en investigaciones del
gobierno. En rara ocasión se eliminan esas cláusulas y se incluyen convenios
explícitos de no cooperación.
El abogado Jack Fernández, también del equipo defensor de Al-Arian, dijo a
IPS que nunca vio en el distrito donde se acordó la declaración de culpabilidad
un acuerdo en ese sentido en que el acusado se vea librado de cooperar con la
fiscalía en otros casos.
El convenio quedaba plasmado en la eliminación de las cláusulas usuales, lo
cual dejaba implícita la no cooperación, explicó.
Luego del acuerdo, los abogados de Al-Arian pidieron una audiencia para
asegurarse de dejar claros los términos del acuerdo, pero un juez de Florida
rechazó la solicitud.
El acusado lo reiteró ante un tribunal de apelaciones, en el entendido de que
el rechazo antecedente "viola la práctica usual, no sólo en Florida sino en
otros estados" y le niega a Al-Arian el derecho al debido proceso.
El tribunal volvió a rechazar la audiencia, que ahora se procesa ante un
tribunal de alzada. Si esta solicitud fracasa, el siguiente paso será la Corte
Suprema de Justicia.
"Es muy inusual ver un caso en que los fiscales estén dispuestos a hacer
declaraciones bajo juramento y den evidencia sobre promesas que realizaron, pero
el tribunal no permitirá que esos compromisos queden plasmados en una audiencia
confirmatoria", dijo Turley.
La fiscalía del distrito que llegó al acuerdo con Al-Arian se negó a evacuar
las consultas de IPS.
No mucho después del acuerdo, el fiscal federal adjunto de Virginia convocó a
Al-Arian para que declarara en un juicio contra dos organizaciones caritativas
islámicas de ese estado, sospechosas de vínculos con el terrorismo.
Ahora, el Departamento de Justicia considera que, como el acuerdo no hace
mención explícita a compromiso alguno al respecto, la convocatoria está
justificada.
"El acuerdo es claro, no ambiguo y no garantiza a Al-Arian inmunidad para
futuras convocatorias judiciales", dijo el portavoz del Departamento de Justicia
Dean Boyd al diario The Washington Post. (FIN/2008)
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