Tirando a Blackwater por el water
Jeremy Scahill
The Nation
28 de agosto de 2009
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Blackwater, la compañía de mercenarios privados propiedad
de Erik Prince, ha vuelto a constituirse en centro de la atención pública ante
una serie de revelaciones asombrosas sobre su papel en los programas secretos
de EEUU. Desde al menos el año 2002, Blackwater está trabajando en Afganistán y
Pakistán para la CIA con contratos “negros”. El 19 de agosto, el New York
Times revelaba que la compañía era, de hecho, la pieza central de un
programa de asesinatos de la CIA que supuestamente Dick Cheney ordenó perpetrar
ocultándoselo al Congreso. El documento informaba que Blackwater continúa
ocupando un papel esencial en la ampliada guerra aérea en Pakistán y
Afganistán, donde se encarga de equipar y armar los aviones teledirigidos.
Estas revelaciones son continuación de las acusaciones –efectuadas bajo
juramento por ex empleados de Blackwater- de que Prince asesinó o facilitó el asesinato
de potenciales informantes del gobierno y que “se consideraba a sí mismo como
una especie de cruzado cristiano que tenía encomendada la tarea de eliminar la
fe islámica y los musulmanes del planeta”.
Además, Blackwater está siendo investigada por el Departamento de Justicia por una
serie de posibles delitos, que van desde contrabando de armas a homicidios, y
también por el del Tesoro por posible evasión de impuestos. Asimismo, está
teniendo que hacer frente a demandas en los tribunales federales por
acusaciones de crímenes de guerra y asesinatos extrajudiciales. Dos de sus
hombres han sido declarados culpables de la acusación de contrabando de armas;
otro, culpable del homicidio de un civil iraquí sin que mediara provocación, y
otros cinco han sido acusados de crímenes similares. El ejército estadounidense
está investigando la matanza de civiles perpetrada por Blackwater en Afganistán
el pasado mes de mayo, y están apareciendo informes de que la compañía puede
estar también implicada en el programa de entregas extraordinarias.
Pero, a pesar de todos esos estigmas, la administración Obama continúa manteniendo a
Blackwater en la nómina del gobierno. En Afganistán y Pakistán, Blackwater
sigue trabajando para la CIA, para el Departamento de Estado y para el de
Defensa por la friolera de cientos de millones de dólares, y su continuada
presencia es un indicador de lo muy atrincheradas que están las corporaciones
privadas en la maquinaria bélica estadounidense. EEUU está desplegando
actualmente en Afganistán más fuerzas privadas (74.000) que soldados de
uniforme (57.000). Aunque la mayoría de esos contratistas no van armados, un
número considerable de ellos sí lleva armas y sus filas siguen creciendo. Un
censo reciente del Departamento de Defensa informaba que el 30 de junio, los
contratistas armados en Afganistán del Departamento de Defensa habían aumentado
en un 20% respecto al primer trimestre de 2009.
Con la excepción de unos pocos congresistas, especialmente los representantes Henry
Waxman y Jan Schakowsky, el Congreso ha permitido que la utilización de
contratistas militares privados quede en gran medida sin control. Pero las
recientes revelaciones acerca de las actividades secretas de Blackwater puede
que finalmente fuercen al Congreso a tomar cartas en el asunto. Al menos,
debería exigir a la administración Obama que revele todos los contratos
federales firmados en el pasado y en la actualidad con todas las compañías y
filiales de Prince, incluidas las que están registradas en el exterior.
El Congreso puede asumir la iniciativa de Schakowsky y preguntarle a la administración
Obama por qué sigue trabajando con Blackwater. Schakowsky le ha pedido a la
Secretaria de Estado Hillary Clinton y al Secretario de Defensa Robert Gates
que revisen todos los contratos existentes con la compañía y que no concedan
ninguno más a sus muchas filiales. Los comités de inteligencia del Congreso
deberían también llevar a cabo una amplia investigación sobre las implicaciones
de Blackwater en el programa de asesinatos de la CIA. ¿Están implicados los
operativos de Blackwater en los últimos asesinatos? ¿Quién aprobó que la
compañía se implicara en ellos? ¿Se notificó al Congreso? ¿Hasta qué nivel de
la cadena de mando llegó la relación secreta con la compañía? ¿Actuaba también
Blackwater en suelo estadounidense? ¿Qué papel, si es que tuvo alguno, jugó
Blackwater en el transporte secreto de prisioneros?
La investigación debe incluir también el testimonio bajo juramento de antiguo
altos oficiales de la CIA que fueron después contratados o pagados por
Blackwater. Entre estos están Alvin “Buzzy” Krongard, el ex número tres de la
agencia, que fue quien le dio a Blackwater el primer contrato de la CIA,
incorporándose más tarde a la junta de la compañía, y J. Cofer Black, el ex
director de la unidad de contraterrorismo de la CIA, que dirigió el programa de
asesinatos. Black se convirtió después en el vicepresidente de Blackwater y
dirigió las denominadas Total Intelligence Solutions, la CIA privada de
Prince. Las Total Intelligence han sido simultáneamente utilizadas por
el gobierno de EEUU, gobiernos extranjeros y compañías privadas, un acuerdo que
puede haber creado diversos conflictos de intereses que los comités de
inteligencia del Senado y del Congreso están obligados a investigar. El Congreso
debería también averiguar si la seguridad nacional está comprometida en el
momento en que los conocimientos, los contactos y el acceso de antiguos altos
funcionarios de la CIA como Black y Krongard se ofertan en el mercado abierto.
John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha cuestionado que
Blackwater utilizara la autorización del Departamento de Estado como tapadera
para reunir información para los asesinatos selectivos. Kerry debería celebrar
vistas en las que Hillary Clinton y Condoleeza Rice deberían ser obligadas a
testificar sobre la materia. Los comités de supervisión deberían probar las
acusaciones de que Blackwater estuvo implicada en el contrabando de armas y en
los asesinatos extrajudiciales en Iraq, mientras los comités que se ocupan de
los asuntos militares deberían investigar el impacto que las acciones de
Blackwater han tenido en Iraq en la seguridad de las tropas estadounidenses. Un
activo inestimable para esas investigaciones podría ser la comisión para los
contratos en tiempo de guerra, establecida por los Senadores Jim Webb y Claire
McCaskill. Finalmente, el Departamento de Justicia debería probar las
acusaciones de asesinato, contrabando y otros delitos contra Prince y sus
ejecutivos.
Con todas estas historias, Blackwater se ha probado a sí misma que es como una especie de
juego del whack-a-mole [*]: que reaparece una y otra vez. A pesar de que
el gobierno iraquí proscribió a la compañía, sus operativos siguen allí dos
años después de que se produjera la masacre de la Plaza Nisour de septiembre de
2007, en la que mataron a tiros a diecisiete civiles iraquíes. Esta resistencia
significa que la investigación de la compañía debe ser global y debe estar
coordinada.
Por último, es un error pensar que Blackwater es el único problema. En Iraq, por ejemplo,
la administración Obama está sustituyendo a Blackwater con la contratista
privada Triple Canopy, que, además de contratar a algunos de los hombres de
Blackwater, tiene su propio y cuestionable historial, que incluye acusaciones
de disparar a civiles y alquilar soldados de países con una historial de abusos
de los derechos humanos. Blackwater no es más que una de las frutas del árbol
podrido de las subcontratas militares. Es fundamental que el Congreso se enfrente
a los profundos vínculos entre los beneficios de las corporaciones en las
guerras estadounidenses y las letales operaciones secretas.
N. de la T.:
[*] Whack-a-mole, su traducción literal sería la de “atízale al topo”, se designa así a uno
de los juegos típicos para niños que hay en las ferias y en el que tienes que
golpear con una maza a los topos que salen de los agujeros para volverlos a
meter dentro.
Enlace con texto original:
www.thenation.com/doc/20090914/scahill
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