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ICE da el OK para detener a mujeres embarazadas


Hay docenas de mujeres detenidas y embarazadas en los centros de detención de personas indocumentadas en espera de proceso. (John Gibbins / San Diego Union-Tribune)

Kate Morrissey
Hoy San Diego
30 de marzo de 2018

Las mujeres embarazadas que tienen casos en el tribunal de inmigración tienen más probabilidades de ser detenidas después de un cambio de política anunciado el jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Bajo la vieja política, a menos que hubiera circunstancias extraordinarias o un requisito de detención obligatoria, las mujeres embarazadas generalmente no estarían bajo custodia. Ahora, las inmigrantes embarazadas serán tratadas como cualquier otra persona bajo custodia de ICE. Bajo la administración Trump, eso significa que es probable que sean detenidas.

"Para alinearse mejor con la orden ejecutiva del presidente, ICE ha puesto fin a la presunción de liberación para todas las detenidas embarazadas", dijo Lauren Mack, portavoz de ICE. "En cambio, al igual que con todos los detenidos, excepto en los casos de detención obligatoria, ICE completará una determinación de custodia caso por caso teniendo en cuenta los factores especiales.

"Esto no significa que todas las extranjeras embarazadas serán detenidas; solo aquellas cuya detención es necesaria para efectuar la expulsión, así como aquellas que se consideran un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad", dijo. "En general, en ausencia de circunstancias extraordinarias, ICE no detendrá a una mujer embarazada durante el tercer trimestre del embarazo".

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que Mack citó, dice: "No podemos ejecutar fielmente las leyes de inmigración de los Estados Unidos si exceptuamos las clases o categorías de extranjeros extraíbles de la posible aplicación".

ICE tiene la autoridad para liberar a las personas de la custodia, lo que se conoce como libertad condicional, y puede exigir que esos inmigrantes usen monitores de tobillo o sigan otros programas de seguimiento para asegurarse de que se presenten ante el tribunal. Bajo la administración de Trump, el ICE en general se ha negado a dejar a la gente fuera de la detención hasta que los jueces de inmigración decidan liberarlos durante las audiencias de fianza.

Defensores de los derechos humanos y abogados de inmigración criticaron la nueva política.

Annaluisa Padilla, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, calificó la nueva política como "una atroz ofensa a los derechos humanos".

"Esto es preocupante dada la visión excepcionalmente estrecha de discreción de la actual administración cuando se trata de inmigrantes", dijo Padilla. "La detención crea serios riesgos para la salud, y muchas mujeres tienen necesidades médicas que normalmente no se pueden abordar en un entorno de detención".

En una pregunta frecuente creada para abordar el cambio de política en el sitio web de ICE, ICE respondió a las preocupaciones de derechos humanos.

"ICE ejerce su autoridad de detención civil de conformidad con la ley, y todos los detenidos reciben servicios de salud necesarios y adecuados, alimentos y atención", dijo el sitio web."Las instalaciones de detención de ICE continuarán brindando atención y educación prenatal en el sitio, así como acceso remoto a especialistas para mujeres embarazadas que permanecen bajo custodia".

A nivel nacional, 35 mujeres embarazadas estaban bajo custodia de ICE hasta el 20 de marzo, según Danielle Bennett, otra vocera de ICE.

En San Diego, los abogados de inmigración observaron este cambio de política en la práctica antes de que se anunciara oficialmente.

El año pasado, varias mujeres embarazadas detenidas en el Centro de Detenciones de Otay Mesa se adelantaron para expresar sus preocupaciones sobre la atención brindada mientras estaban bajo custodia y se les preguntó por qué aún no habían sido liberadas según la política vigente en ese momento.

María Solís, que había vivido con su familia en Oceanside durante años, estaba embarazada de su cuarto hijo cuando fue arrestada por ICE en camino al trabajo. Tenía un historial de embarazos difíciles y le preocupaba que estar en el centro de detención la hiciera abortar.

Ella dijo que un médico del establecimiento le dijo: "Si tiene un aborto espontáneo aquí, no es culpa nuestra, y no hay nada que podamos hacer al respecto".

Solís aceptó renunciar a su solicitud de asilo en un tribunal de inmigración porque ya no quería someter a su hijo por nacer a las condiciones de detención. Ella anticipó que ICE la deportaría a México.

En un movimiento sorpresa por oficiales de inmigración, Solís fue liberada por orden de supervisión. Ella tiene una solicitud de visa U pendiente, que proporciona tarjetas de residencia a las víctimas de delitos que cooperan con la policía.

Debido a su caso, otras mujeres embarazadas comenzaron a hablar, y varios grupos de defensa presentaron una queja con el Departamento de Seguridad Nacional sobre el tratamiento de las mujeres embarazadas en detención.

Sandra Mejía Galicias, una solicitante de asilo de 23 años de El Salvador, fue una de las mujeres inspiradas por Solís para hablar. Ella también dijo la instalación no brindó la atención adecuada a las mujeres embarazadas.

"Si me dolía la cabeza o sentía que tenía un ataque cardiaco, me decían: 'Bebe más agua'", dijo Mejía Galicias al Union-Tribune el otoño pasado. Fue liberada en noviembre, alrededor del comienzo de su tercer trimestre.

Cuando se le preguntó acerca de los reclamos de las mujeres, ICE respondió que recibieron atención médica oportuna y apropiada, y dijo que el Centro de Detenciones de Otay Mesa, operado por CoreCivic una empresa con fines de lucro, ha aprobado las inspecciones para los estándares de detención.

La nueva política aún requiere que los centros de detención notifiquen a ICE si el personal descubre que una mujer bajo custodia está embarazada. Si un establecimiento no puede proporcionar atención médica adecuada para la condición de la mujer, ICE la transferirá a otra instalación.


 

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