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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

¡NO MAS!
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Se forran el bolsillo con muertos

JEREMY SCAHILL

[edición de The Nation del 15 de octubre del 2007)

Están llamándolo el “domingo sangriento de Bagdad.” El 16 de septiembre un convoy del Departamento de Estado, fuertemente armado y escoltado por la compañía Blackwater USA, iba a gran velocidad en el sentido opuesto por una carretera cerca de la plaza Nisour en el atestado barrio Mansour de la capital de Irak. La policía iraquí buscaba cómo bloquear el tráfico y darle paso al convoy. En esa situación caótica, un vehículo iraquí entró en la plaza y supuestamente no obedeció con suficiente rapidez las repetidas instrucciones de la policía. Los agentes de Blackwater, protegiendo a su cliente estadounidense, un alto funcionario del Departamento de Estado, abrieron fuego al vehículo, matando al conductor. Según los testigos, las tropas de Blackwater luego lanzaron algún tipo de granada al coche, que estalló en llamas. Pero los pasajeros del vehículo no era una secta pequeña de Al Qaeda en Mesopotamia ni del Ejército Mahdi, los “insurgentes armados” que Blackwater dijo haber matado en el informe oficial sobre el incidente. Era una familia iraquí --un hombre, una mujer y un niño-- y aparentemente su crimen fue asustarse durante una situación de tráfico caótica. Los testigos dijeron que los cuerpos de la madre y del niño se fundieron abrazados por las llamas que envolvieron al vehículo.

Se escucharon disparos en la plaza Nisour mientras la gente huía a protegerse. Los testigos describieron una escena horripilante en que los agentes de Blackwater disparaban indiscriminadamente. El total de iraquíes muertos podría ser veintiocho y los doctores dijeron que esa cifra podría aumentar, ya que unas víctimas continúan en un estado crítico. Un portavoz de Blackwater dijo que sus agentes “actuaron apropiada y legalmente” y “defendieron heroicamente la vida de americanos en una zona de guerra.” La versión de Blackwater se la disputan enérgicamente el gobierno Iraquí, que dice que tiene cintas grabadas que comprueban que los disparos no se provocaron, y los sobrevivientes también. “Vi a mujeres y niños que saltaron de los vehículos y se arrastraban por la carretera para escapar del ataque” --dijo Hassan Jabar Salman, un abogado iraquí que recibió cuatro disparos en la espalda durante el incidente. “Pero continuaban disparando y mataron a muchos. Vi a un niño de alrededor de 10 años que saltó de un microbús por pánico; le dispararon en la cabeza. Su madre le gritaba. Saltó para seguirle y la mataron también.”

Salman dijo que iba detrás del convoy de Blackwater cuando éste se detuvo. Los testigos dijeron que oyeron algo como una explosión en la distancia, pero que fue demasiado lejos para considerarla una amenaza. Salman dijo que los agentes de Blackwater le ordenaron dar la vuelta y salir de ahí. Un poco después, comenzaron los disparos. Preguntó: “¿Por qué abrieron fuego? No lo sé. Nadie – repito nadie – les disparó a ellos. Los forasteros nos dijeron que volviéramos para atrás y yo me iba a mi coche y por eso no había ninguna razón para disparar.” En total, añadió, su vehículo recibió doce impactos de bala, incluyendo cuatro disparos que le penetraron la espalda.

Los disparos en la plaza Nisour han colocado a las fuerzas militares privadas en Irak – y específicamente las de Blackwater – en las portadas de los periódicos de todo el mundo, pero ese incidente está lejos de ser una novedad para la compañía. Lo que es nuevo es la respuesta tajante del gobierno iraquí. El ministro del interior de Irak anunció dentro de 24 horas del incidente que iba a expulsar Blackwater del país; el primer ministro Nuri al-Maliki denunció que su conducta fue “criminal.”

Al día siguiente, el Departamento de Estado ordenó que todos los funcionarios estadounidenses no militares permanecieran en la Zona Verde, y se suspendieron todos los convoyes diplomáticos. El gobierno iraquí, actuando como si estuviera en control del país, anunció que iba a iniciar procedimientos criminales contra los agentes de Blackwater responsables por los asesinatos. “No permitiremos que asesinen a los iraquíes a sangre fría,” dijo Maliki. “Hay tensión e ira entre los iraquíes, incluyendo el gobierno, a raíz de ese crimen.”

Pero deshacerse de Blackwater no será fácil. Cuatro días después de retirarla de servicio, Blackwater estaba de nuevo en las calles de Irak. Después de todo, Blackwater no es una compañia de seguridad cualquiera en Irak; es la compañía mercenaria más importante de la ocupación estadounidense. Asumió ese papel durante el verano del 2003 después de recibir un contrato de $27 millones para proteger al embajador Paul Bremer, el primer director del Gobierno Provisional de Coalición. Desde entonces, ha protegido la vida de todo embajador, de John Negroponte a Ryan Crocker. También protege a la secretaria del Estado Condolezza Rice y a las delegaciones del Congreso cuando viajan al país. Desde el contrato original, el Departamento del Estado le ha dado más de $700 millones en contratos para la “seguridad diplomática” en Irak.

La influencia política que tiene Blackwater en Estados Unidos ha sido una pieza clave de su éxito. El dueño es Erik Prince, un solitario derechista evangélico cristiano que ha sido uno de los principales financieros de las campañas de George W. Bush y sus aliados. Los directores más altos de la compañía incluyen a J. Cofer Black, el ex funcionario de la CIA que estuvo a cargo del programa de rendición extraordinaria y dirigió la búsqueda de Osama bin Laden después del 11 de septiembre (y que actualmente es el asesor principal en cuestiones del antiterrorismo del candidato republicano a la presidencia Mitt Romney), y Joseph Schmitz, quien fue inspector general del Pentágono bajo el mando de Donald Rumsfeld.

Blackwater está tan metida en el aparato estadounidense en Irak que el incidente de la plaza Nisour ha provocado una crisis tanto práctica como política para la ocupación. Ahora que el nombre de Blackwater se conoce (y se odia) en todo Irak, los guardaespaldas pueden convertirse en blanco de ataque de la resistencia y quizás correr más peligro que los funcionarios que deben proteger. Esto hará que su trabajo sea mucho más difícil. Pero más allá de esas preocupaciones de seguridad están las preocupaciones políticas, ya que la presencia de Blackwater en las calles de Irak unos días después de que Maliki exigiera su expulsión queda como un símbolo contundente de la falta de soberanía iraquí.

Estados Unidos le ha estado presionando mucho a Maliki para que retractara su demanda inicial. Rice le llamó inmediatamente para ofrecer profusas disculpas, pero también enfatizó públicamente “la necesidad de proteger a nuestros diplomáticos”. Unos días después, Tahseen Sheikhly, un representante del gobierno de Maliki, declaró: “Si expulsamos inmediatamente a esta compañía, habrá un vacío de seguridad que creará un desequilibrio muy grande en la seguridad del país.” Después de la carnicería del 16 de septiembre, esa declaración es un poco difícil de comprender.

Maliki aceptó postergar su decisión final sobre Blackwater hasta la conclusión de una investigación estadounidense-iraquí sobre el incidente. Si al final accede a Washington y decide tolerar la presencia de Blackwater, las consecuencias políticas serán muy graves. Entre los que exigen la expulsión de la compañía está Muqtada al-Sadr. Una capitulación de parte de Maliki podría debilitar su tenue dominación del gobierno y reforzar la percepción generalizada de que es simplemente un títere de la ocupación estadounidense. Claramente consciente de eso, Maliki dijo, en su visita a EEUU una semana después del incidente, que la situación “es un desafío muy grave a la soberanía de Irak” que “no debe aceptarse.”

En Bagdad hay una determinación muy grande para llevar a la justicia a los autores de la matanza de la plaza Nisour. Un equipo de investigación iraquí compuesto de funcionarios de los ministerios del Interior, Seguridad Nacional y de Defensa dijeron en un reporte preliminar que “el asesinato a sangre fría de ciudadanos en la zona de Nisour de parte de Blackwater se considera una acción terrorista contra civiles como cualquier otra operación terrorista.” Pero los investigadores iraquíes dicen que han recibido escasa o ninguna información del gobierno estadounidense y que se les negó hablar con los agentes de Blackwater involucrados. Un funcionario estadounidense dio la impresión de menospreciar la validez de la investigación iraquí cuando le dijo al New York Times: “Sólo tenemos la investigación conjunta con los iraquíes.”

Aún así, los iraquíes anunciaron su intención de presentar cargos criminales contra los agentes involucrados, y el informe añadió: “Los criminales se presentarán ante el sistema de justicia iraquí.” Abdul Sattar Ghafour Bairaqdar, miembro del Supremo Consejo Judicial de Irak, el tribunal más alto del país, dijo recientemente: “La compañía está sujeta a las leyes de Irak, el crimen se cometió en territorio iraquí y el sistema judicial de Irak es responsable por este caso.”

Desafortunadamente, las cosas no son tan sencillas.

El 27 de junio del 2004, un día antes de que Paul Bremer se escabullara de Bagdad, emitió un decreto conocido como la Orden 17, que les da impunidad amplia a los contratistas privados que trabajan para EEUU en Irak y efectivamente prohíbe que el gobierno iraquí los enjuicie en los tribunales iraquíes. La fecha de ese decreto da para pensar, ya que Bremer estaba saliendo del país a raíz de una supuesta “transferencia de soberanía” al gobierno de Irak.

Un poco después de la matanza de Nisour, Maliki dijo que quería cambiar la Orden 17 y permitir que los tribunales iraquíes enjuicien a los contratistas por actividades criminales. Es posible también que el parlamento iraquí apruebe una ley que la anula. Michael Ratner, presidente del Centro pro Derechos Constitucionales, caracteriza la Orden 17 como una clara violación de la soberanía iraquí, pero señala que contiene una disposición que le permite a EEUU suspender la inmunidad de individuos. Ratner dijo: “Como primer paso, Irak podría pedir que el gobierno de EEUU suspenda la inmunidad de los individuos involucrados en los asesinatos” --admitió que tal decisión estadounidense es poco probable-- “ya que podría asustar a otros contratistas privados”. Dijo también que dicha inmunidad es parte de la estrategia de Washington de usar compañías privadas como Blackwater para impedir ataques de la resistencia contra las fuerzas de ocupación. “Nada de eso es por casualidad; su propósito es brutalizar y sembrar terror en la población iraquí – por eso están de nuevo en las calles.”

Robert Baer, ex agente de la CIA, dice que la solución más fácil para EEUU sería revocar la Orden 17. Preguntó: “Y nosotros, ¿permitimos que los agentes privados de seguridad de la embajada iraquí manejan a toda velocidad por las calles de Washington o Nueva York, apuntando las metralletas por las ventanillas, para prevenir los secuestros de coches? Efectivamente, eso haría cerrar a las compañías privadas de seguridad. No hay ninguna razón porque el Departamento del Estado no pueda proveer su propia seguridad.” Añadió que los agentes de seguridad del Departamento del Estado gozan de inmunidad diplomática, pero en el caso de algún tiroteo dudoso, el gobierno de Irak tendría la opción, de acuerdo a la convención de Viena, de expulsar a los autores del crimen.

La discusión sobre la Orden 17 es importante pero en la práctica puede ser un caso perdido, ya que es difícil imaginar que el gobierno de EEUU permita el procesamiento en tribunales iraquíes de fuerzas de seguridad privadas estadounidenses. Representantes de la industria dicen que en las situaciones donde supuestamente los contratistas hayan cometido algún crimen o actuado de manera indebida, Washington les ha dicho que deben sacar de Irak inmediatamente a los individuos involucrados. Hace poco, un contratista le dijo al Washington Post: “Desde un principio, siempre nos dijeron que si por alguna razón algo pasara y los iraquíes querían juzgarnos, nos esconderían en un coche a medianoche para sacarnos del país.”

Eso es precisamente lo que pasó tras un incidente en la Nochebuena, cuando un agente de Blackwater fuera de servicio supuestamente disparó y mató al guardaespaldas iraquí del vicepresidente Adil Abdul-Mahdi dentro de la Zona Verde. Los funcionarios de Blackwater confirmaron que al agente se le sacó del país a toda prisa para su protección y según órdenes de Washington. Los funcionarios iraquíes calificaron la muerte de un “homicidio”.

Blackwater dice que le despidió al contratista, pero todavía no se le ha acusado públicamente de ningún crimen. El representante Dennis Kucinich, del comité para la Supervisión y la Reforma del Gobierno, sugirió que “existe la posibilidad de que los altos funcionarios (de Blackwater) sean cómplices por ayudarle a escapar de la justicia a una persona que cometió un homicidio.” Según un memorándum de la embajada estadounidense a la secretaria de Estado Rice después del homicidio, Abdul-Mahdi intentó callar la noticia porque consideraba que “los iraquíes no iban a comprender por qué un extranjero pudiera matar a un iraquí y regresar impune a su país.”

Aunque se puede debatir si o no se debe procesar a fuerzas privadas en tribunales iraquíes, existen mecanismos legales para procesarlas en los tribunales estadounidenses por los crímenes cometidos en Irak. Sin embargo, para eso el Departamento de Justicia de Bush tendría que presentar las acusaciones, y eso no ha pasado. Los contratistas estadounidenses tienen un lema: ”Lo que aquí pasa, aquí se queda.”

La mayoría de la atención mediática surgida de los asesinatos del 16 de septiembre se centra en la crisis actual, pero no es una situación nueva. Sólo en los últimos 9 meses, agentes de Blackwater han estado involucrados en varios incidentes fatales que provocaron protestas del gobierno iraquí.

Está el incidente de Nochebuena y, después, en mayo, los agentes de Blackwater participaron en dos acciones mortales en un barrio de Bagdad cerca del Ministerio del Interior. En un incidente los agentes de Blackwater dispararon a un vehículo iraquí que, según ellos, se había aproximado demasiado al convoy, y mataron al conductor civil. Al igual que el incidente del 16 de septiembre, los testigos afirman que no se los provocó. En el subsiguiente caos, los agentes de Blackwater, según se dice, se negaron a dar sus nombres ni los detalles del incidente a los oficiales iraquíes, lo que provocó una confrontación tensa entre las fuerzas de Blackwater y las fuerzas iraquíes, las dos armadas con fusiles automáticos. Podría haber sido aún más sangriento si no fuera por la intervención de un convoy militar estadounidense que pasaba por ahí. Y un día antes, casi en el mismo barrio, los agentes de Blackwater se encontraron en medio de otra confrontación de casi una hora, entre las fuerzas militares estadounidenses y las iraquíes, con un saldo de al menos cuatro iraquíes muertos. Las fuentes estadounidenses dijeron que las fuerzas de Blackwater “cumplieron con su trabajo,” evitando que se mataran a los oficiales.

Los funcionarios iraquíes afirman que en solo un año, Blackwater se ha involucrado en seis incidentes mortales, incluyendo el del 16 de septiembre, con un saldo de diez iraquíes muertos. Un funcionario iraquí dice que Blackwater tiene “una trayectoria criminal”. Miremos, por ejemplo, el tiroteo del 4 de febrero que mató a Hana al-Ameedi, un periodista iraquí, cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores; otro el 7 de febrero en que murieron tres guardias a la entrada de las oficinas de televisión estatales; uno el 9 de septiembre en que cinco iraquíes murieron cerca de un edificio del gobierno de Bagdad; y un tiroteo el 12 de septiembre que dejó a cinco iraquíes heridos en el este de la ciudad.

Se informa que funcionarios de EEUU y de Irak discutieron la impunidad de Blackwater meses antes del incidente de septiembre. El ministro del Interior Hussein Kamal dijo: “Intentamos contactarle al gobierno estadounidense varias veces por vías administrativas y diplomáticas para protestar la implicación de Blackwater en repetidos incidentes que resultaron en la muerte de muchos iraquíes.” Sin embargo, Mirembe Nantongo, portavoz de la embajada estadounidense, dijo: “No tenemos en nuestros archivos ningún documento oficial en que nuestros colegas iraquíes soliciten clarificación de ningún incidente.” Esta afirmación la contradijo otro funcionario, Matthew Degn, hasta agosto el enlace con el ministro del Interior, que declaró al Washington Post que mucho antes del 16 de septiembre los funcionarios iraquíes les mandaron una serie de memorandos a Blackwater y a los altos funcionarios estadounidenses, y que estos rechazaron las peticiones de tomar acción. Dijo: “Tuvimos varias discusiones (con el gobierno de Irak) sobre su frustración con Blackwater, pero cada vez que (los iraquíes) le contactaron al gobierno (estadounidense), no se llevó a nada.”

La indignación del gobierno de Irak se podría entender incluso si el único incidente que implicaba a Blackwater fuera el de la plaza Nisour – y más aún si se tomaran en cuenta las acciones del año pasado. Pero se trata de un patrón de cuatro años que va mucho más allá de una sola compañía. El sistema de “seguridad privada”, que recibe miles de millones de dólares de los contribuyentes, no sólo continúa operando a pesar de los abundantes abusos, sino que ha prosperado. Blackwater y las otras compañías de esa calaña funcionan en un mercado de demanda, y, dado que las fuerzas armadas estadounidenses se han estirado al máximo, esa demanda va en aumento. Según la Oficina de Contabilidad del Gobierno, hay hasta 180 empresas mercenarias en Irak que emplean a decenas de miles de personas. Si no fuera por la ocupación y los fondos proporcionados continuamente para la guerra, esas compañías no estarían en el país.

A pesar de que este escándalo se debe a un sistema y no a una compañía o “unos malos individuos” en particular, Blackwater destaca por su importancia. No hace falta la competencia de otras compañías inglesas o estadounidenses en la región, pero esas compañías no han tenido el impacto en los acontecimientos de Irak que ha tenido la compañía de Carolina del Norte. El objetivo principal de Blackwater en Irak, y es muy eficaz en esto, es mantener vivos, a como dé lugar, a los oficiales estadounidenses más odiados de la ocupación. Ese objetivo ha favorecido acciones que ponen la vida de los estadounidenses en un plano infinitamente más alto que la de los civiles iraquíes, incluso en situaciones donde el único crimen iraquí es haber conducido demasiado cerca al convoy de una personalidad protegida por los guardias de Blackwater.

Las acciones de Blackwater no han encolerizado solamente al gobierno de Irak y la población civil. El coronel Thomas Hammes, que en un tiempo supervisó la creación de un nuevo ejército iraquí, describió sus encuentros con los guardias de Blackwater cuando llevaba a iraquíes en el vehículo: “A la fuerza nos hacían salir de la carretera. Nos amenazaban e intimidaban”. Añadió: “Estaban cumpliendo con su trabajo; hacían exactamente lo que se les paga por hacer y de la misma manera que se les paga por hacerlo, y estaban haciendo enemigos en cada vuelta por la ciudad.” Al final, Hammes concluyó: “Están dañando nuestro trabajo de contrainsurgencia.”

Al mismo tiempo que se informaba mundialmente sobre el incidente del 16 de septiembre en Bagdad, estalló en Estados Unidos otro escándalo relacionado a Blackwater. Se publicaron acusaciones de que ciertas armas que Blackwater llevó a Irak pudieran haber acabado en manos de los militantes curdos del PKK, que el Departamento del Estado ha declarado una “organización terrorista extranjera.” Una carta del representante Henry Waxman al inspector general del departamento de Estado Howard Krongard, fechada el 18 de septiembre, afirma que Krongard obstruyó una investigación federal para ver si Blackwater “pasaba armas a Irak de contrabando ilegal”. Waxman acusó a Krongard de operar de una manera partidista y de tener lazos muy estrechos con la administración de Bush*. Waxman citó un correo electrónico en julio en que Krongard les ordenó a sus empleados “parar INMEDIATAMENTE” su cooperación con el fiscal federal que investigaba Blackwater hasta que Krongard pudiera hablarle. Waxman dijo que las acciones de Krongard causaron un “retraso de varias semanas” y que con la asignación posterior de un enlace mediático en lugar de un investigador para ayudarle al fiscal, Krongrad “impidió el avance de la investigación.” Por su parte, Blackwater niega cualquier “asociación o complicidad en actividades ilegales de armas” y está cooperando con la investigación federal. Waxman ha anunciado que convocará una audiencia sobre el asunto en octubre.

Al igual que Krongard, el Departamento del Estado ha respondido a la creciente investigación de Blackwater con bloqueos y evasivas. De hecho, el abogado de Blackwater le dijo al Comité para la Supervisión y la Reforma del Gobierno, que preside Waxman, que el Departamento de Estado ordenó a la compañía “no divulgar ninguna información” sobre el contrato de seguridad en Irak sin una autorización escrita. Cuando Waxman protestó contra eso, el departamento especificó que esa restricción se aplicaba sólo a la información secreta. Waxman, por su parte, está buscando respuestas del jefe máximo: Mandó una carta al director ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, en que solicita que vaya a la audiencia. Waxman le dijo a Prince: “Por un lado, se examinará si la fuerte dependencia del gobierno en las compañías privadas de seguridad beneficia a los intereses estadounidenses en Irak. Por el otro, se examinará si las acciones específicas de su compañía han favorecido o impedido los esfuerzos estadounidenses.”

Esas son buenas preguntas. Pero es lamentable que al Congreso le costó cuatro años de la guerra más privatizada de la historia del país para levantarlas. La última vez que se le invitó a Prince a comparecer ante del Congreso, mandó a su abogado. Esta vez Waxman podría optar por aprovechar la autoridad de un citatorio. Como por fin les ha quedado claro a unos miembros del Congreso, con los contratos de guerra no sólo se juegan cuestiones del despilfarro de dinero de los contribuyentes. Se juegan la vida y la muerte. Y ese es un precio demasiado alto para dejar que Prince o sus amigotes lleven la batuta, y mucho menos que disparen otros tiros.

*Nota del traductor: El inspector general, aunque es parte del Departamento de Estado, tiene la autoridad de hacer investigaciones independientes relacionadas al trabajo del departamento.


 

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