Seguridad y justicia enfrentadas en tribunal de EEUU
William Fisher
IPS
9 de septiembre de 2010
NUEVA YORK - Expertos legales consideran inusual la manera como un tribunal federal
de Estados Unidos rechazó por seis votos contra cinco la demanda presentada por
cinco hombres que denuncian haber sido torturados bajo el programa de
"entregas extraordinarias" de prisioneros de la CIA.
El hecho se apartó de la práctica tradicional al sugerir otras varias maneras de que las víctimas
obtengan justicia.
Algunos ven esto como una señal de hasta qué punto el Tribunal de Apelaciones
del Noveno Circuito, con sede en la occidental ciudad de San Francisco,
"quedó angustiado por el trato" que dicen haber recibido los
demandantes, según Mike Doyle, periodista experto en temas legales que trabaja
en McClatchy Newspapers.
En su blog, "Suits and Sentences" ("Demandas y
sentencias"), Doyle agrega que otro aspecto destacable de esta decisión
fue que los cinco denunciantes decidieran "publicar un apéndice de 58
páginas, detallando las evidencias públicamente disponibles".
Los cinco sospechosos de terrorismo fueron arrestados tras los atentados del 11
de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
La demanda fue objeto de litigios ante varios tribunales federales durante
años. Tras el rechazo del miércoles, ahora el caso avanza hacia la Corte
Suprema. Han pasado más de 50 años desde que el máximo órgano judicial federal
emitió por última vez un dictamen importante sobre el privilegio de los
secretos de Estado.
El texto acusa a la firma Jeppesen DataPlan, Inc., subsidiaria de Boeing, de
participar en el "programa de entregas extraordinarias" de
prisioneros del gobierno de George W. Bush (2001-2009). Bajo el mismo fueron
secuestrados sospechosos de terrorismo en un país y entregados a los servicios
de inteligencia en otro, donde fueron encarcelados, abusados y torturados.
La demanda denuncia que Jeppesen "participó a sabiendas en estas entregas
brindando servicios cruciales de planificación de vuelos y apoyo logístico a
los aviones y tripulaciones utilizadas por la CIA (Agencia Central de
Inteligencia de Estados Unidos) para hacer desaparecer por la fuerza a estos
cinco hombres en torturas, detenciones e interrogatorios".
Según informes citados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por
sus siglas en inglés), "Jeppesen tenía un conocimiento real de las
consecuencias de sus actividades. Un ex empleado de Jeppesen informó a la
revista The New Yorker que, en una reunión corporativa interna, un alto
funcionario de Jeppesen declaró: ‘Nosotros hacemos todos los vuelos de las
entregas extraordinarias; usted sabe, los vuelos de las torturas.
Enfrentémoslo: algunos de estos vuelos terminan de esa manera".
El gobierno de Bush intervino en el caso, reafirmando el privilegio de los
"secretos de Estado" en un intento por lograr que la demanda fuera
rechazada y por impedir que las evidencias --entre ellas algunas que ya eran de
dominio público-- llegaran a tribunales.
En abril de 2009, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del
Noveno Circuito, de alcance federal, dictaminó que el gobierno debía invocar el
privilegio de los secretos de Estado con respecto a evidencias específicas, no
a una demanda entera.
El gobierno de Barack Obama, siguiendo exactamente el mismo razonamiento legal
que su predecesor, apeló ese veredicto, y en diciembre la apelación fue
atendida por un panel integrado por los 11 jueces del Noveno Circuito. El
resultado fue la decisión del miércoles.
La ACLU considera que ese dictamen impide que se haga responsable al programa
ilegal e intenta que la Corte Suprema vuelva a evaluarlo.
La decisión de la mayoría, redactada por el juez Raymond Fisher, declara:
"Esta demanda requiere que abordemos el difícil equilibrio que la doctrina
de los secretos de Estado (impone) entre los principios fundamentales de
nuestra libertad --incluídas la justicia, la transparencia, la
responsabilidad-- y la seguridad nacional. Aunque como jueces nos esforzamos
por honrar todos estos principios, hay veces en que circunstancias
excepcionales crean un conflicto irreconciliable entre ellos".
Sin embargo, Fisher continuó: "Que el Poder Judicial pueda haber respetado
el reclamo de privilegios del Ejecutivo en interés de la seguridad nacional no
impide que el gobierno honre los principios fundamentales de la justicia".
La resolución también sugirió que el Congreso debería investigar las denuncias
de torturas, recordó a los demandantes que el órgano legislativo tiene la
potestad de aprobar proyectos de ley particulares que ayuden a individuos y
observó que también puede aprobar legislación reparatoria.
Ben Wizner, abogado de la ACLU que expuso el caso ante el Tribunal de
Apelaciones, dijo que la organización estaba decepcionada con el fallo.
"El mundo está mirando de cerca para ver si las víctimas de torturas
tienen alguna posibilidad de reparación en tribunales estadounidenses. Si la
respuesta es ‘no’, y se permite que esta decisión se mantenga, entonces los
jueces y fiscales extranjeros casi seguramente reforzarán sus propias
investigaciones penales sobre prácticas ilegales de Estados Unidos", dijo
a IPS.
"Hasta la fecha, ni una sola víctima del programa de torturas del gobierno
de Bush" fue llevado a la justicia, señaló.
"Eso convierte a éste en un día triste, no sólo para los sobrevivientes de
torturas, que buscan justicia en este caso, sino para todos los estadounidenses
a quienes les importa el imperio de la ley y la reputación de nuestra nación en
el mundo. Si esta decisión se mantiene, Estados Unidos habrá cerrado sus
tribunales a las víctimas de torturas, mientras brinda una completa inmunidad a
sus torturadores", agregó.
Otrora poco utilizada, la doctrina de los secretos de Estado se convirtió en
una táctica favorita del gobierno de Bush para impedir que sus casos de
seguridad nacional llegaran a tribunales.
Cuando Obama era senador, y luego como candidato a presidente, fue muy crítico
sobre este tema. Ahora, muchos creen que las acciones de su gobierno buscan
reafirmar una mayor autoridad del Poder Ejecutivo.
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