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Señalan a policías de haber violado la Orden Especial 40

Inmigrantes aseguran haber sido maltratados tras un desaolojo de vendedores ambulantes

  • Isaías Alvarado |
  • 2009-04-04
  • | La Raza

Un operativo de desalojo plagado de supuestas agresiones físicas, donde se refirió a 16 indocumentados acusados de delitos menores a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ha puesto en el ojo del huracán al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), por haber ignorado la Orden Especial 40.


Constantina Fuentes (izq.) explica, junto con otros afectados, en qué consistieron las agresiones que aseguran haber sufrido tras el operativo de desalojo.[Foto: Isaías Alvarado/La Opinión]

Ayer, dos preguntas permanecían en el aire: ¿por qué un grupo de vendedores ambulantes arrestados por la policía angelina, que tiene prohibido cuestionar el estatus migratorio de algún sospechoso, terminó en manos de ICE?; y ¿porqué se agredió a ocho mujeres cuando se encontraban detenidas?

El pasado miércoles, un operativo para retirar a comerciantes irregulares apostados donde confluyen las avenidas Slauson y Vermont, en el sur de la ciudad, concluyó con la detención de 31 personas.

Lo que se salió del cauce fue que un detective de la estación 77 habría alertado a las autoridades migratorias sobre la presencia de 16 inmigrantes sin estatus legal, quienes efectuaron interrogatorios por teléfono.

Así se comprobó que los detenidos habían ingresado al país ilegalmente.

Cuando el caso se hizo público, jefes policiacos pidieron a ICE que no los deportara, pero sólo consiguieron una liberación temporal. Ahora hay 16 citas con un juez de migración para el próximo 14 de abril.

Preocupado por la violación de una orden vigente desde 1979, que busca ganar la confianza de los angelinos, el alcalde Antonio Villaraigosa aseguró: "Estamos investigando la situación".

De comprobarse la culpabilidad del o los agentes señalados, dijo el mandatario, "vamos a continuar la educación necesaria porque creemos que Los Ángeles es más seguro por el hecho de que la comunidad está cooperando con el LAPD".

A pocas horas de su liberación, aún con las secuelas del operativo en sus cuerpos, la mayoría de los detenidos se reunieron ayer en South Pasadena.

Ahí, ocho mujeres denunciaron haber sido víctimas de vejaciones por una policía del LAPD, que identificaron como una mujer de origen anglosajón; y haber sido empujadas o esposadas con brusquedad por agentes varones.

"En la revisión, una mujer me metió la mano dentro de la blusa y me empezó a tocar los senos y luego mi parte privada. Después lo volvió a hacer", mencionó María Elena Pérez, originaria de Nayarit, México, y quien vendía en ese lugar desde hace cuatro años.

Según el relato de Pérez, mientras permanecía con las manos atadas, una agente le abrió las piernas con tanta fuerza que le "tronó la cadera".

"La oficial me empezó a manosear los senos", contó por su parte doña Petronila Díaz, quien pese a notificar a los agentes que padecía de diabetes y se sentía mal, dijo, "no querían darme agua".

Antes de subir a las patrullas, empezaron las agresiones, reclamó Adriana García, quien aseguró haber permanecido esposada durante ocho horas. Incluso, así atendió el interrogatorio de ICE. "Me pusieron el teléfono en el oído", manifestó.

"Me aventaron para sentarme en el carro de policía y me volaron la uña", añadió.

Alba Rosa Mansie, originaria de Honduras, indicó que cuando la introdujeron en la camioneta la empujaron con tal fuerza que se golpeó el pecho. "Todavía tengo el moretón", aseguró.

Para María Rosas, ajustaron tanto las cintas de plástico que "mis manos se hincharon, ya no las sentía".

A Hilda Cayetano le pasó lo mismo. "Me apretaron muchísimo, traía las manos moradas, todavía tengo las señas", dijo mientras extendía las muñecas.

El abogado Luis Carrillo, representante legal de algunos de los detenidos, no descartó a La Opinión la posibilidad de entablar una demanda contra el LAPD, por las supuestas agresiones, como por el daño provocado al no cumplir la Orden Especial 40.

"Los obligaron a responder a las preguntas de ICE", indicó el litigante, quien dijo que pese al intento del LAPD por detener las deportaciones de sus defendidos, "el daño ya está hecho".

RECHAZO

La respuesta de organizaciones pro inmigrantes respecto a la falta de capacitación de algunos policías en esta metrópoli no se hizo esperar.

"Es preocupante que haya ocurrido una situación así, es devastador para las familias y para la política migratoria del LAPD", indicó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

"Envía un mensaje negativo a la comunidad, que necesita ser corregido y aclarado por el LAPD lo antes posible", abundó.

Desde 1979, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tiene claro que no se puede detener a un sospechoso sólo para investigar su estatus migratorio.

El año pasado, casi 10 mil agentes recibieron entrenamiento sobre cómo se debe aplicar esta política.

"Cuando descubrimos esta situación fue una gran preocupación para nosotros, porque tenemos comunicación con ICE reservada para delitos violentos, delincuentes peligrosos, pandilleros, pero no es una herramienta que usamos para resolver problemas menores", aclaró Sergio Díaz, subjefe del LAPD.

"Es posible que haya sido un contacto extraoficial", explicó sobre el actuar del detective que se comunicó con ICE.

"La base de todo esto es tratar de ganar y retener la confianza del público, esencialmente si la gente no confía en el departamento de policía y evita contacto por temor a que su asunto migratorio se complique no van a reportar los delitos, no van a denunciar a los delincuentes, no van a cooperar con la policía", dijo.

"Y el efecto es que la ciudad va a ser más peligrosa como resultado de esa falta de confianza", mencionó.

Por su parte, el alcalde Villaraigosa afirmó que su gobierno apoya la Orden Especial 40 "ciento diez por ciento".

"Si descubrimos que esos policías violaron esa orden, nos aseguraremos de que haya suficientes protecciones para que no vuelva a ocurrir", aseguró.


 

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