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Una madre guatemalteca podría perder la custodia de su hija porque es estadounidense

Miriam Jordan
The New York Times.es
27 de noviembre de 2018


Yeisvi es una niña estadounidense que permanece en una casa de acogida mientras su madre, Vilma Carrillo, apela una orden de deportación. Credit Foto familiar

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Vilma Carrillo formaba parte del grupo de mujeres migrantes que en julio fueron trasladadas a Texas desde un centro de detención en Georgia para que se reunieran con sus hijos, a quienes habían separado de ellas como parte de las drásticas medidas del gobierno de Donald Trump en la frontera.

Durante los siguientes días, vio que los funcionarios de migración llamaban a una madre tras otra y las llevaban a ver a sus hijos.

“A mí nunca me llamaron”, afirmó Carrillo.

Con el corazón hecho trizas, esta mujer guatemalteca de 38 años fue llevada de regreso al centro de detención de Georgia sin su hija de 11 años, Yeisvi. “A las demás les devolvieron a sus hijos, a mí me dejaron con mi desconsuelo”, señaló. No ha visto a su hija desde que las separaron en mayo, pero hablan por teléfono dos veces a la semana.

Carrillo ha quedado atrapada en la confluencia de varias políticas del gobierno de Donald Trump que tienen por objetivo dificultar a los migrantes centroamericanos establecerse en Estados Unidos. Su caso es más grave que lo que han enfrentado otras miles de familias de migrantes: debido a que su hija tiene la nacionalidad estadounidense, le han dicho a Carrillo que tal vez pierda la custodia de la niña.

Irónicamente, una causa de su problema es la razón por la que Carrillo emprendió el peligroso viaje para volver a traer a su hija a Estados Unidos. Carrillo quiso reingresar al país con una solicitud de asilo, en la que relata los años en que fue golpeada por su marido en Guatemala.

La solicitud de asilo le fue negada debido a que a principios de año el gobierno de Donald Trump descartó la violencia doméstica como fundamento legal para conceder refugio. De acuerdo con los abogados de inmigración, incluso si Carrillo aceptara irse a Guatemala, la ciudadanía estadounidense de su hija podría propiciar que las autoridades de Estados Unidos decidieran que es demasiado arriesgado dejar que regrese debido los informes de violencia familiar.

El hecho de que Yeisvi sea ciudadana estadounidense crea otro problema: aunque las familias de migrantes pueden quedarse juntas en centros de detención familiar en los casos en que el tribunal falle en contra de permitir su liberación bajo fianza u otras restricciones, es ilegal mantener a un ciudadano estadounidense en estos centros.

Ahora, más de seis meses después de que las separaron, Yeisvi sigue estando en un hogar de atención temporal y Carrillo aún está detenida, en proceso de apelar una orden de deportación.

“Vilma supuso que el hecho de que su hija fuera estadounidense la protegería. Sin embargo, se encuentra en una zona incierta y podría terminar perdiendo a Yeisvi”, comentó Shana Tabak, directora ejecutiva del Centro de Justicia Tahirih, una organización sin fines de lucro con sede en Atlanta que ofrece servicios legales a las inmigrantes que sobreviven a la violencia de género. Tabak es una de los abogados que representan a Carrillo.

Se han devuelto unos 2500 menores a sus padres desde que un juez federal ordenó al gobierno que reuniera a las familias que habían sido separadas en la frontera suroeste debido a la política de tolerancia cero.

No obstante, ahora que el año ya casi llega a su fin, aproximadamente cien niños migrantes siguen separados de sus padres. Cerca de la mitad permanecen en refugios u hogares temporales debido a que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual presentó una demanda judicial contra las separaciones, y el gobierno no se ponen de acuerdo sobre si se debe proceder a la reunificación. Algunos de los padres han cometido delitos, como conducir bajo los efectos de alguna sustancia, lo que según el gobierno los descalifica para tener la custodia de sus hijos.

Yeisvi nació en 2006 en Vidalia, Georgia, tres años después de que sus padres cruzaron ilegalmente la frontera y se establecieron en la capital de la cebolla, donde trabajaban arduamente en los campos y los almacenes. En 2007, regresaron a su pueblo en Huehuetenango, Guatemala, para cuidar a la madre enferma de Carrillo.

Según Carrillo, unos años después, su esposo, Juan Bernardo, comenzó a maltratarla físicamente. Se intensificaron los golpes, las mordidas y otros tipos de violencia, afirmó. En una ocasión, le lanzó brasas de carbón, lo que provocó que su hija le suplicara: “No mates a mi mamá, por favor”, recordó ella. Le tiró cuatro dientes frontales, por lo que ahora usa dientes postizos.

En mayo, madre e hija huyeron hacia el norte con la idea de regresar a Vidalia, donde vive un hermano de Carrillo. Mencionó que tenía la esperanza de que el venir con su hija evitaría que las detuvieran.

Llegaron el 10 de mayo a la frontera de Arizona, donde los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revisaron sus documentos y vieron que la niña era ciudadana estadounidense.


Una madre y su hija que fueron reunificadas en julio en Phoenix, Arizona, después de cuatro meses separadas. Sin embargo, conforme se termina el año, más de cien niños migrantes permanecen separados de sus padres. Credit Victor J. Blue para The New York Times

“Dijeron que Yeisvi no podía quedarse conmigo”, recuerda la madre.

Unas horas más tarde, cuando un hombre y una mujer vinieron para llevarse a la niña, “Yeisvi se aferró a mí, llorando y gritando. Se la llevaron a la fuerza”, señaló Carrillo.

Como respuesta a los cuestionamientos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que “cuando llega a Estados Unidos un extranjero con un menor que es ciudadano estadounidense, se debe permitir la entrada del menor y se debe procesar al extranjero”.

Si no hay ningún familiar que se encuentre en Estados Unidos de manera legal para atender al menor, comentó la agencia, “Aduanas y Protección Fronteriza se comunica con los servicios de atención a la niñez estatales o locales para que le proporcionen un lugar adecuado”.

Rosa Fernández, quien atiende temporalmente a Yeisvi en su casa, comentó que la niña hablaba con frecuencia del sufrimiento de su madre. “Me conmueve lo mucho que desea estar con su mamá y protegerla del sufrimiento”, señaló Fernández.

Describió a Yeisvi como tranquila y positiva. Asiste a la escuela, come bien y en general va bien, afirmó Fernandez.

No obstante, durante sus seis meses en el hogar temporal, la niña se ha preguntado por qué su padre golpea a su madre, mencionó Fernandez. Según esta última, Yeisvi también ha comentado que la golpeaba a ella cuando trataba de intervenir para que dejara de maltratar a su madre. Carrillo ha mencionado que sería imposible escapar de su esposo si tuviera que regresar a Guatemala.

El 16 de agosto, Carrillo se presentó a una audiencia para obtener asilo ante un juez de inmigración, Earle Wilson. El intérprete hablaba un dialecto de una lengua indígena diferente al de ella, lo cual afectó el planteamiento de sus argumentos. También complicó las cosas que Carrillo no pudiera darle al juez su declaración para obtener asilo ni los documentos que describían la violencia de la que era objeto: estos estaban en una mochila que le quitaron las autoridades de inmigración cuando la procesaron en el centro de Georgia.

Su solicitud de asilo enfrentó un obstáculo tremendo en junio por la instrucción del entonces fiscal general Jeff Sessions de negar la posibilidad a quienes huían de violencia doméstica, brutalidad por parte de pandillas y otros tipos de violencia de buscar protección. La ACLU ha impugnado esa directriz en el tribunal federal, pero por el momento el dictamen está vigente. Wilson rechazó la solicitud de asilo de Carrillo y ordenó que se le expulsara del país.

Sus abogados apelaron, pero esto implica un proceso que podría tardar meses o incluso años, y también solicitaron que, mientras se resuelve, la liberen por razones humanitarias. Sin embargo, el 5 de noviembre esta solicitud también fue rechazada.


 

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