Sistema judicial daña a migrantes
Reporta Amnistía Internacional serios abusos
en su contra
Cada año miles de inmigrantes son detenidos por autoridades federales en California, como en el resto del país,
sin tener acceso a un órgano judicial que determine la legalidad de su
detención, concluye un reporte de Amnistía Internacional (AI).
El informe "A la cárcel sin justicia: detención por motivos de inmigración en Estados Unidos" expone
que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha aprehendido a
muchos residentes legales, solicitantes de asilo, así como víctimas de tortura
y de trata de personas sin justificación.
En 2007, proveedores de servicios jurídicos de dicha organización sin fines de lucro identificaron a 322 personas
detenidas en todo el país que tenían la posibilidad jurídica de reclamar la
ciudadanía estadounidense.
Los delitos por los que las autoridades de inmigración pretenden expulsarlos no siempre ameritaron un proceso de
deportación, insiste el reporte de AI, hecho que cataloga como carente de una
base jurídica y arbitrario, según el derecho internacional.
En algunos casos un funcionario de inmigración es la instancia final que decide acerca de su detención. Para otros
ni siquiera se revisa el expediente, subraya AI.
"Las autoridades están encerrando sin el proceso debido a miles de seres humanos y recluyéndolos en un sistema
por el que resulta imposible circular sin el equivalente jurídico a un sistema
de navegación (GPS)", indicó Larry Cox, director ejecutivo de AI.
Aunque los jueces de inmigración tienen, en algunos casos, autoridad para liberar a inmigrantes por decisión
propia o con una fianza mínima de $1,500, el informe indica que cada vez hay
menos probabilidades de que lo hagan.
Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), en 2006 los jueces de inmigración decidieron no
fijar fianza en 14,750 casos. En 2007 esta cifra aumentó a 22,254, y en los
cinco primeros meses de 2008 ocurrió en 21,842 procesos.
La Corte Suprema determina que si una persona permanece detenida más de 90 días, el gobierno debe realizar una
revisión de la custodia para determinar si hay riesgo de que huya o si
representa una amenaza para la seguridad nacional. En cambio, si continúa ahí
seis meses después de haberse dictado la orden de deportación definitiva, debe
realizarse otra revisión de la detención.
Sin embargo, abogados de AI detectaron que no se llevan a cabo revisiones periódicas de la custodia.
Otras irregularidades documentadas en el reporte son falta de acceso a abogados, a bibliotecas y material jurídico;
carencia de servicios de traducción, de acceso a teléfonos, así como traslados
frecuentes a otros centros de detención que menoscaban su capacidad para
comunicarse con sus abogados y familiares.
Aunado a abusos físicos, incluso la colocación de cadenas en la cintura y grilletes, incluida la denegación de
atención médica. Al menos 74 detenidos han muerto bajo custodia en los últimos
cinco años.
Hasta el cierre de esta edición, voceros de la Oficina de Control e Inmigración y Aduanas no emitieron un
comunicado solicitado por este medio, en respuesta al informe de AI.
Manuel Herrera, profesor de la Universidad del Sur de California (USC), consideró que la actual administración
se encuentra en el proceso de cambiar el esquema migratorio del anterior
gobierno, encabezado por George W. Bush, hecho que comparó con un barco
"que es muy difícil darle otra dirección".
"Continuamos en un ambiente donde el término ‘ilegal alien’ da la impresión de que el detenido no es una persona,
entonces no se está viendo la humanidad de los migrantes", dijo el
catedrático. "Pero creo que estamos en un tiempo donde eso está
cambiando".
Amnistía Internacional pide al gobierno estadounidense que apruebe una legislación que establezca que la detención por
motivos de inmigración sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales.
Al tiempo que solicita garantizar que todas los migrantes y solicitantes de asilo tengan acceso a revisiones
individualizadas ante un órgano judicial y promulgar de normas de detención en
materia de derechos humanos aplicables a todos sus centros de detención.
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