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El silencio más impenetrable rodea las inmorales investigaciones de la CIA
Los horrores de la investigación en Guatemala y la hipocresía estadounidense
Stephen Soldz
CounterPunch
7 de octubre de 2010
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Según altos funcionarios estadounidenses, abusar
de las personas sin su permiso en aras de una investigación es algo horrible,
realmente horrible. De hecho, es tan horrible que ha sido necesario que pidan
perdón dos funcionarias del gabinete presidencial. Es decir, los abusos se
perpetraron hace tanto tiempo que los investigadores que los llevaron a cabo ya
no están entre nosotros para exigirles responsabilidades y hay un gobierno
extranjero amigo que es probable que se sienta indignado por los abusos. Sin
embargo, los funcionarios estadounidenses habían guardado hasta ahora un
silencio total sobre una investigación espantosa e inmoral dirigida en el
pasado siglo por investigadores del gobierno de EEUU.
Hace poco, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la Secretaria de
Sanidad y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, se deshicieron en disculpas por un estudio que había dirigido el Servicio de Sanidad Pública
estadounidense y en el que casi 700 presos y soldados en Guatemala fueron, sin
su conocimiento, deliberadamente infectados con sífilis y otras enfermedades de
transmisión sexual para comprobar si la penicilina podía impedir la infección.
Mediante un comunicado, las dos Secretarias del gabinete expresaron su
indignación por “tan reprobable investigación”. De hecho, tan afectado está el
gobierno estadounidense que, al parecer, el Presidente Obama va a llamar al
presidente guatemalteco para pedir de nuevo perdón.
Esta investigación violó los principios éticos fundamentales que se supone
tienen que guiar cualquier investigación hecha con seres humanos
–“investigación a partir de sujetos humanos”, según la jerga profesional- desde
la II Guerra Mundial. Esos principios quedaron plasmados a nivel internacional
en el Código de Nuremberg, que contiene los fundamentos jurídicos desarrollados
para los juicios celebrados contra los médicos alemanes que dirigieron
horrendos experimentos en los campos de concentración nazis, y el número uno de
esos principios es el del consentimiento informado:
“Es absolutamente imprescindible que el sujeto humano dé su consentimiento
voluntario. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal
para dar su consentimiento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de
ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza,
fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener
suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le
capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento
requiere que antes de que el sujeto de experimentación acepte una decisión
afirmativa, debe conocer la naturaleza, duración y fines del experimento, el
método y los medios con los que será realizado; todos los inconvenientes y
riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos sobre su salud y
persona que pueden posiblemente originarse de su participación en el
experimento…”
Un poco más adelante, el Código de Nuremberg afirma la obligación de los
investigadores médicos de minimizar los daños provenientes de los
procedimientos de la experimentación:
“El experimento debe ser realizado de forma tal que se evite todo
sufrimiento físico y mental innecesario y cualquier daño.”
“No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que
lleve a creer que puede sobrevenir muerte o daño que produzca incapacitación,
excepto, quizás, en aquellos experimentos en que los médicos experimentales
sirven también como sujetos.”
El estudio realizado en Guatemala violó gravemente ambos principios y
merece el más absoluto oprobio. Más que consentimiento informado, el objetivo
del estudio era ocultar deliberadamente el objeto, medios y fines del mismo a
los infectados. Se infectó a aquellas personas con enfermedades peligrosas, a
menudo letales. Esa investigación fue terrible, condenable, incluso espantosa,
y nunca debió de considerarse y mucho menos llevarse a cabo. Me complace que
haya pasado poco tiempo desde que la historiadora Susan M. Reverby, del
Wellesley College, revelara los abusos en un documento que está a punto de
publicarse –del que se puede disponer ya en la página en Internet de Reberby-, para que los funcionarios del gobierno
estadounidense lo condenaran a gritos.
Pero el gobierno de EEUU no necesita mirar hacia atrás casi 65 años para
encontrar horrendas investigaciones realizadas por sus investigadores. En junio
de 2010, la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por su siglas
en inglés) publicó un informe: “Experiments in Torture: Human Subject Research and Experimentation in the ‘Enhanced’
Interrogation Program”, que documentaba la investigación y experimentación
llevadas a cabo en el presente siglo por los médicos y psicólogos de la CIA en
relación con las técnicas abusivas utilizadas como parte del programa de
torturas con técnicas mejoradas de interrogatorio.
Esos investigadores observaron las torturas a los prisioneros de la CIA en
los denominados “sitios negros” y registraron sus respuestas. Prestaron
especial atención a la posibilidad de que la tortura pudiera acabar con sus
vidas. A veces recomendaban determinados cambios en las técnicas de tortura,
como añadir sal al agua utilizada en la técnica de ahogamiento parcial conocida
como “ahogamiento simulado”, para impedir que se produjera la muerte por
desequilibrio inducido de electrolitos. Este cambio en el procedimiento
permitió sumergir muchas docenas de veces a los prisioneros mientras se les
impedía que escapasen hacia la muerte. Como el PHR sostuvo, la principal razón
de esta investigación, supuestamente relacionada con la seguridad, no era
proteger a los prisioneros sino proporcionar cobertura legal a los torturadores
y a quienes tomaban la decisión de torturar al permitirles afirmar que los
profesionales médicos estaban garantizando la seguridad de los prisioneros.
PHR informó de esos abusos en el informe sobre el comportamiento de sus
colegas del mes de junio (Soy uno de los autores de ese informe). Se notificó
por carta de los mismos a la Secretaria de Sanidad y Servicios Humanos Kathleen
Sebelius, abusos que violan la ética de los mismos principios de investigación
–consentimiento informado y minimización del daño- que en la investigación
guatemalteca. Pero, en vez de expresar su indignación ante tan “reprobable
investigación”, la Secretaria Sebelius guardó silencio, al igual que todos y
cada uno de los funcionarios del gobierno, además del portavoz de prensa de la
CIA, que negó nuestras afirmaciones sin presentar ni la más ligera sombra de
prueba. El departamento de la Secretaria Sebelius remitió una queja oficial
sobre la deshonesta investigación de la CIA a la… mismísima CIA, que había ya
negado públicamente las acusaciones. Hasta ahora, ninguna agencia del gobierno
se ha comprometido a investigar esos abusos de la CIA, perpetrados mucho más
recientemente que los horrores de Guatemala.
En respuesta a los antiguos abusos de hace sesenta años sobre el grupo de
guatemaltecos, las Secretarias de Estado y Sanidad anunciaron la creación de
una comisión que tratará de asegurar que todas las investigaciones a partir de
sujetos humanos llevadas a cabo por investigadores estadounidenses cumplan los
más altos estándares éticos. Como NBC News informó:
“Además de pedir perdón, EEUU está creando comisiones para asegurar que las
investigaciones médicas a partir de seres humanos por todo el planeta cumplan
‘rigurosos niveles de ética’. Los funcionarios estadounidenses están también
poniendo en marcha una serie de investigaciones para descubrir exactamente lo
ocurrido durante los experimentos.”
Si el objetivo de tales comisiones fuera realmente “asegurar que las
investigaciones…..”, no puede haber dobles raseros. Las mismas reglas deben
aplicarse a todos los investigadores, en todas partes y a todos los sujetos de
las investigaciones, quienquiera que puedan ser. La ética está para proteger a
los humillados y desamparados, no sólo a los que puedan merecerlo. Esos
investigadores que ayudan a la CIA o cualquier otra actividad secreta no pueden
jamás obtener patente de corso. Estamos en un momento muy importante: o se
investigan las inmorales e ilegales investigaciones de la CIA y se exigen
responsabilidades a sus autores o todo el sistema para impedir las
investigaciones sin ética que se ha venido desarrollando desde que el mundo fue
consciente de los horrores nazis, no será sino mera hipocresía. No podemos permitir
que eso suceda.
Stephen Soldz es
psicoanalista, psicólogo, investigador de la sanidad pública y forma parte del
cuerpo docente de la Boston Graduate
School of Psychoanalysis. Es editor del blog Psyche, Sciencie
and Society. Fue uno de los fundadores de la Coalición por una Psicología Ética, una de las
organizaciones que trabajan para cambiar la política de participación de la
Asociación Americana de Psicología en interrogatorios abusivos. Es Presidente
de Psychologists for Social
Responsibility [PsySR, por sus siglas en inglés] y asesor de Physicians for Human
Rights. Fue coautor del informe Experiments in Torture: Human Subject Research and Experimentation in the “Enhanced”
Interrogation Program del PHR.
Fuente:
http://www.counterpunch.org/soldz10042010.html
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