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La decisión significa que los ciudadanos pueden ser procesados por ofrecer ayuda de algún tipo a organizaciones terroristas
Según el Tribunal Supremo estadounidense, la ayuda no violenta a organizaciones prohibidas equivale a 'terrorismo'
Chris McGreal
The Guardian
10 de Julio de 2010
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El Tribunal Supremo estadounidense ha confirmado una ley
de gran alcance que permite procesar como terroristas a aquellos ciudadanos
estadounidenses que ofrezcan asesoramiento a organizaciones prohibidas,
incluyendo asesoramiento legal e información sobre resolución de conflictos.
El caso surgió a raíz del asesoramiento sobre derechos humanos dado por un grupo de
California a organizaciones kurdas y tamiles que están en la lista de
organizaciones terroristas de Estados Unidos.
El Tribunal Supremo confirmó el argumento del gobierno Obama de que incluso el
asesoramiento destinado a ser utilizado con propósitos pacíficos equivales a
“apoyo material” al terrorismo.
Esto incluye a un abogado que someta un expediente amicus curiae* en nombre de un
grupo prohibido o ayude a una organización proscrita a elevar una petición ante
organismos internacionales para poner fin a un conflicto violento.
“El Tribunal Supremo ha dictaminado que los abogados de derechos humanos que proporcionen
formación y asistencia en la resolución no violenta de disputas pueden ser
procesados como terroristas” afirmó David Cole, un profesor de derecho de la
Universidad de Georgetown que discutió el caso ante el tribunal. “En nombre de
la lucha contra el terrorismo, el tribunal ha afirmando que la Primera Enmienda
[sobre la libertad de expresión] permite al Congreso convertir en un crimen
luchar por la paz y los derechos humanos. Esto es un error”.
Este veredicto posiblemente complicará aún más el trabajo de los activistas que
apoyan causas polémicas, que ya ha conocido procesos extremadamente polémicos
en relación con otras formas de apoyo, como la colecta de fondos.
Activistas palestinos han sido procesados y encarcelados por recolectar fondos para grupos
sociales que trabajan en ámbitos como la vivienda y las ayudas sociales, y que
tienen relaciones con Hamás, que gobierna Gaza.
Ahora están expuestos a sufrir un proceso judicial los individuos y grupos que ofrezcan
asesoramiento legal u otro asesoramiento especializado a estos grupos.
El veredicto afectaba al [grupo] Proyecto Jurídico Humanitario de Los Ángeles, que
proporcionó formación en derechos humanos al Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK).
Este grupo argumentó en su defensa que el asesoramiento era no violento y que no promovía
los objetivos del PKK.
Uno de los demandados, Ralph Fertig, es un abogado retirado que trataba de ayudar al PKK a
atraer la atención de organismos internacionales sobre los derechos de los
kurdos.
El gobierno estadounidense afirmó que lo consideraba apoyo al terrorismo. Argumentó que
Fertig era libre para hablar en apoyo de los objetivos del PKK, pero no podía
proporcionarle asesoramiento.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán es una de las aproximadamente 30 organizaciones
incluidas en la lista de las organizaciones terroristas por el gobierno
estadounidense. Esta lista incluye a Hamás, Hizbolá y los Kemeres Rojos.
Una primera instancia había declarado la ley no aplicable por imprecisa sin ningún tipo de
reservas. Pero por una mayoría de 6-3 el Tribunal Supremo falló que el gobierno
tenía derecho a “prohibir que se proporcione apoyo material en la forma de
formación, asesoría experta, personal y servicios a grupos terroristas
extranjeros aun cuando quienes proporcionan este apoyo pretendan promover sólo
los fines no violentos de los grupos”.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó: “En el fondo, los demandados
solamente están en desacuerdo con el veredicto del Congreso y del ejecutivo de
que proporcionar apoyo material a determinada organización extranjera
considerada terrorista –aunque sea un apoyo aparentemente benigno– refuerza las
actividades terroristas de esta organización”.
Los jueces disidentes afirman que esta decisión “priva a los individuos que están ante
nosotros de la protección que exige la Primera Enmienda”.
En la audiencia los jueces habían discutido qué equivale a asesoramiento
especializado y si es un crimen enseñar a un terrorista a tocar la armónica.
Elena Kagan, que ahora es la persona nombrada por el gobierno Obama para el Tribunal
Supremo, fue quien defendió el caso del gobierno en febrero. “Hizbolá construye
bombas. Hizbolá también construye casas. Lo que ha decidido el Congreso es que
cuando se ayuda a Hizbolá a construir casas también se está ayudando a Hizbolá
a construir bombas. Esta es toda la teoría que sustenta la ley” declaró al
tribunal.
* N. de la t.: Amicus curiae, “amigo del tribunal”, es una expresión latina
utilizada para referirse a expedientes presentados por terceras personas ajenas
a un litigio las cuales ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto
de derecho u otro aspecto relacionado para colaborar con el tribunal en la
resolución de la materia objeto de proceso.
Fuente: http://www.guardian.co.uk/law/2010/jun/21/nonviolent-aid-banned-groups-terrorism/print
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