El hiper-presidencialismo en los Estados Unidos: cuando la república peligra
David Swanson
22/11/09
Desde la elección de George Washington, el poder presidencial en los Estados Unidos se ha extendido mucho
más allá de lo previsto en la constitución y de lo que en el fondo exige un
gobierno de, por y para el pueblo. Esta expansión, especialmente visible tras
la segunda guerra mundial, se disparó durante la co-presidencia de G. W. Bush y
Dick Cheney.
La concentración de poder que Bush consiguió a costa del Congreso, los tribunales,
los estados y nosotros mismos, el pueblo, ha remitido, en ámbitos concretos, a
partir de la llegada de Obama. En otros, en cambio, se ha agudizado. El patrón
común, en todo caso, es la consolidación, cuando no la expansión, de los
poderes presidenciales, y la conformación de un legado que quedará a
disposición de presidentes futuros. Así las cosas, no es difícil entrever
escenarios pocos halagüeños derivados de un poder presidencial que se acerca,
cada vez más, al poder absoluto.
Los medios de comunicación no parecen demasiado interesados en esta historia. A lo
sumo abordan la cuestión de manera superficial, hablan de los diversos “zares”
nombrados por Obama o publican artículos sobre la importancia de reformular o
de enmendar aspectos marginales de la Ley patriótica (Patriot Act).
La desidia del Congreso es, si cabe, todavía mayor.
Nada de esto sorprende, ya que los tres poderes de gobierno han sido
reemplazados por el poder de los dos grandes partidos. Así, medio Congreso
elige como líder a un presidente que supuestamente debería ejecutar su
voluntad. Y la otra mitad de congresistas se resigna con frecuencia a obedecer
a unos “líderes” partidarios cuyo interés primordial es elegir uno de los suyos
como próximo presidente. Ambos partidos, en el fondo, ven al poder presidencial
como algo de lo que pueden servirse en el presente o bien en el futuro, cuando
su propio candidato resulte elegido. La disputa de fondo, en definitiva, gira
en torno a la herencia de esta suerte de presidencia imperial, no a su
limitación.
En un contexto así, los proyectos orientados a la creación de comisiones que
investiguen los abusos presidenciales, a la introducción de controles
jurisdiccionales a los secretos de estado, a la limitación del recurso a las declaraciones
presidenciales interpretativas de leyes o a la posibilidad de requerir informes
clasificados al ejecutivo, no parecen ser una prioridad para ninguno de los
grandes partidos.
Actualmente, la vieja idea de controlar los abusos del ejecutivo o de disposiciones
normativas existentes a través de órdenes de comparecencia en el Congreso o del
propio juicio político se ha convertido en Washington en algo escandaloso e
inadmisible. El Congreso sentó en el banquillo a un juez que había acosado a
sus empleados, pero Jay Bybee, que firmó memorándums secretos en los que se
proponía legalizar la guerra de agresión y la tortura, goza de un puesto
vitalicio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito gracias, precisamente,
a su paso por el poder ejecutivo (y a la complicidad de
Fox News en relación con su posible enjuiciamiento).
En abril, el Senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado,
exigió la comparecencia de Bybee. Pero el juez se negó, al igual que muchos de
sus antiguos colegas de la administración Bush entre 2007 y 2008. Lo más
probable es que Leahy no esté dispuesto a emitir una orden que incluso el nuevo
Departamento de Justicia podría negarse a ejecutar. El Departamento actual, de
hecho, permitió que el Consejo de la Casa Blanca negociara el cumplimiento
parcial de una orden del Comité Judicial de la Cámara de Representantes
impulsada por el ex consejero presidencial, Karl Rove. Y si Leahy se parece a
la mayoría de miembros del Congreso, ni siquiera considerará la posibilidad de
recurrir a la policía del Capitolio para ejecutar la orden, algo que el Comité
no ha hecho en 75 años.
Todo el poder al presidente
Cualquier descripción realistas de los actuales poderes presidenciales en los Estados
Unidos debería incluir facultades crecientes para elaborar leyes, para hacer la
guerra, para gastar dinero, para asegurar la impunidad de ciertos crímenes,
para actuar en secreto, para espiar sin garantías, para detener sin cargos e
incluso para torturar. Es el Congreso, en efecto, quien todavía elabora las
leyes. Pero éstas pueden reescribirse a partir de declaraciones interpretativas
del presidente, esto es, a través de declaraciones en las que el presidente
hace explícito su propósito de vulnerar determinadas disposiciones de la ley
que le compete sancionar. Ni el Congreso ni el presidente Obama han impugnado
buena parte de las extensas declaraciones interpretativas firmadas por Bush con
el objeto de alterar el sentido de las leyes. De hecho, Obama ha anunciado que
sus colaboradores revisarán las declaraciones interpretativas de su predecesor
sólo en la medida en que sea estrictamente necesario.
Puede que esta política tranquilice a aquéllos que imaginan que la administración
Obama siempre acertará a la hora de mantener o rechazar una declaración
interpretativa de Bush. Lo grave, sin embargo, de esta decisión, es que
mantiene incólume el poder presidencial de interpretar, rehacer o alterar el
contenido de nuevas leyes. Obama, de hecho, ya ha emitido sus propias
declaraciones interpretativas.
Otra manera que tienen los presidentes de determinar la política nacional en estos
tiempos son las órdenes ejecutivas, lo que les permite gobernar el país desde
la Casa Blanca y prescindir de diferentes órganos encabezados por funcionarios
que cuentan con el aval del Congreso. Los presidentes también determinan la
agenda legislativa del Congreso, sin que sus miembros o el público en general
manifiesten mayor oposición a lo que es una auténtica perversión de nuestro
sistema constitucional.
Y luego están los informes secretos. A través de ellos, los abogados de Bush en el
Departamento de Justicia “legalizaron” con diligencia numerosos actos ilegales,
incluyendo las guerras de agresión y la tortura. A despecho de los años de tira
y afloja entre la Casa Blanca y el Congreso respecto de la prohibición de la
tortura, la complicidad con su práctica ya era un delito en el derecho penal
estadounidense bajo la Ley Contra la Tortura, que autorizó la entrada en vigor
de la Convención contra la Tortura firmada por el presidente Ronald Reagan.
Lo peor de todo es que, con independencia de lo estipulado legalmente, fueron los
informes secretos del Departamento de Justicia los que tuvieron la última
palabra en la materia. Obama ha ordenado a este Departamento no perseguir a los
más altos responsables de la elaboración de estos informes. Al mismo tiempo, ha
admitido que se considerará –es difícil saber si seriamente o no- la
persecución de un grupo de funcionarios de bajo rango que se extralimitaron en
la ejecución de las políticas esbozadas en los mismos. Esta decisión implica
conferir inmunidad a criminales prominentes y revertir el principio defendido
por los Estados Unidos en los juicios de Nüremberg, con arreglo al cual era
necesario comenzar por los máximos responsables. Pero sobre todo, sienta un
peligroso precedente de cara al futuro. Si un presidente puede legalizar un
crimen a través del informe de un abogado del Departamento de Justicia ¿cómo no
ver en ello un avance hacia el poder absoluto?
Quienes deciden ir a la guerra, hoy, son los presidentes y no el Congreso, previa
consulta, o no, del informe de Jay Bybee sobre el asunto. Deciden ir a la
guerra sin que haya una declaración de guerra del Congreso, y se sirven para
ello de leyes vagas que permiten aparentar la aquiescencia del Congreso, aunque
luego actúen por fuera de dichas reglas. Más allá de su ilegalidad (y de su
inconstitucionalidad), estas guerras suelen dar lugar a ocupaciones permanente
que incluyen la construcción de gigantescas bases militares desde las cuales es
posible iniciar nuevas guerras. A lo largo de este proceso, los soldados suelen
ser reemplazados por mercenarios que, en su calidad de “contratados privados”,
acaban actuando más lejos aún del control legal del Congreso.
Para invadir Irak, el presidente Bush desvió dinero afectado a otros propósitos.
También se auto-otorgó el poder de transferir dinero a “presupuestos en negro”,
sin otro visto bueno que el de unos pocos miembros del Congreso, y de usarlo
para operaciones secretas con el consentimiento de algunos de sus funcionarios.
Por supuesto, la existencia de fondos secretos reservados al presidente no son
nada nuevo, pero se han disparado de manera inconstitucional e
insostenible.
El 6 de octubre, los líderes de los dos partidos se reunieron con el presidente Obama y
,a través del líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, le hicieron saber
que podía finalizar, reducir, mantener o intensificar las operaciones militares
en Afganistán y Pakistán, si lo consideraba conveniente. La semana anterior, el
Senado había aceptado que el comandante Stanley Mc Chrystal no compareciera a
explicar el desarrollo de la guerra hasta tanto el presidente no determinara su
política militar, lo que por supuesto quería decir una política militar para
todos los norteamericanos. Dos días después, en un sorpresivo gesto de
disidencia, el presidente de la Comisión de Gasto Público de la Cámara de
Representantes, David Obey, emitió unas declaraciones en las que sugería que,
contra lo sostenido durante años, el Congreso tenía el poder de no financiar
estas guerras y, en consecuencia, de finalizarlas.
Cuando el declive de su presidencia era ya un hecho, G. W. Bush celebró, prescindiendo
de la ratificación del Senado, un tratado no oficial (al que llamó Acuerdo
sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas) con el gobierno del Irak ocupado por
los Estados Unidos que autorizaba tres años más de guerra. Desde entonces, el
ejército de los Estados Unidos no ha dejado de vulnerar los términos de dicho
documento. De hecho, los principales jefes militares de la operación han hecho
pública su intención de permanecer en Irak más allá de 2011, es decir, fuera de
los límites establecidos en la normativa. Este tratado, por su parte, ha
permitido a los nuevos ocupantes de la Casa Blanca fortalecer la ocupación
ilegal de Irak, que ya cuenta con 120.000 soldados estadounidenses y decenas de
miles de mercenarios contratados al efecto.
¿Ha entrado el Congreso en un declive imparable?
Cuando se temía que Bush pudiera absolver a sus subordinados por los crímenes que el mismo había autorizado, los
miembros del Congreso y los académicos llegaron a la conclusión mayoritaria de
que, en efecto, podía hacerlo. Pero tanto Bush como Obama han ido bastante más
allá. Con la cobertura otorgada por leyes como la de comisiones militares o la
de enmiendas a la Ley de Vigilancia del Servicio Exterior de Inteligencia,
consiguieron garantizar la impunidad de numerosos criminales sin siquiera dar a
conocer sus nombres o lo que habían hecho. El Departamento de Justicia de Obama
ha decidido comparecer o apelar en diversos tribunales con el objeto de
mantener en secreto los abusos de los funcionarios de gobierno y de las
corporaciones involucradas en torturas y en casos de espionaje ilícito.
Recientemente, el Departamento de Justicia ha sostenido que, en casos que
involucren la denegación de información a un tribunal o al público en general,
las empresas de telecomunicación deben ser consideradas como parte de la rama
ejecutiva del gobierno federal. Ya a comienzos de año, de hecho, el gobierno de
los Estados Unidos amenazó al británico con suspender los intercambios en
materia de inteligencia si revelaba pruebas sobre tortura.
El Presidente Obama anunció que sólo invocaría el derecho a ocultar información a los tribunales en caso de
que, según los abogados del Departamento de Justicia, estuvieran en juego
importantes “secretos de estado”. Esto podría considerarse un avance en
comparación con la gestión de Bush –algo no muy difícil de conseguir-, pero en
realidad se trata de una posición que no cede un ápice del poder que el
ejecutivo ha obtenido a costa de otras ramas de gobierno. De hecho, no es
casual que los abogados de Obama hayan invocado la existencia de “secretos de
estado” con el propósito, no ya de denegar información puntual sobre un tema,
sino de bloquear casos completos antes los tribunales.
Si bien el presidente actual se ha mostrado dispuesto a ceder modestos ámbitos competenciales reclamados por el
presidente anterior, ha mantenido una intransigencia cerril en lo que al poder
presidencial se refiere. A diferencia de Bush, por ejemplo, el presidente Obama
se comprometió a hacer pública la lista de visitas a la Casa Blanca. Esta
medida, sin embargo, dejaba fuera buena parte de las visitas ya registradas
–incluidas las de ejecutivos de compañías de seguros médicos- así como todas
aquellas que el propio presidente considerara peligrosas para la “seguridad
nacional”. En otros términos: se propone un cambio, modesto, pero se deja en
manos del presidente decidir qué listas pueden hacerse públicas.
Esta administración ha hecho públicos, ciertamente, algunos de los informes secretos utilizados por el
Departamento de Justicia durante la era Bush para justificar la tortura. Y el
Departamento de Justicia, de hecho, ha resistido fieramente para que esto no
ocurriera, enmendando secciones significativas de estos documentos antes de que
se hicieran públicos. Bush exigió poder presidencial para detener personas sin cargos o sin el debido proceso, y lo
utilizó. Obama reclamó un poder similar en los Archivos Nacionales de
Washington, en abierta violación del derecho de habeas corpus consagrado en la
manoseada y maltrecha constitución de los Estados Unidos. El Director de la
CIA, Leon Panetta, y el consejero presidencial, David Axelrod, también han
dejado claro que el presidente aún ostenta el poder para autorizar “técnicas
duras de interrogatorios” aunque no lo utilice. De esta forma, la tortura ha
pasado de ser un crimen a convertirse en una política pública opcional. El mensaje
parece ser que si queremos parar temporalmente la tortura debemos votar por los
demócratas. Pero esto es adentrarse en terreno pantanoso.
Probablemente sea ingenuo esperar que los presidentes
resignen el poder acumulado por el ejecutivo. Pero ¿no sería lógico esperar que
el Congreso trabaje para recuperarlo, en beneficio de todos? Cuando Alberto
Gonzales renunció a su cargo de Fiscal General, lo hizo por un grupo creciente
de miembros del Congreso puso en marcha un proyecto en el que ordenaban al Comité
Judicial de la Cámara de Representantes investigar los fundamentos para un
juicio político. Una posición similar frente al actual juez Jay Bybee podría
ayudar a restaurar la autoridad del Congreso en otros ámbitos, así como a
presionar al Departamento de Justicia para que cumpla con la ley y haga pública
la información de que dispone, sin poder oponer a ello los “privilegios” del
ejecutivo. La información requerida en un juicio político debe ser
diligentemente producida, so pena de incurrir en otros delitos también
susceptibles de enjuiciamiento político.
Posiblemente haya muchos entre nosotros que consideren
al presidente actual un mejor tipo que
nuestro diputado local. Pero eso no quita que influir a un presidente, o
incluso a un senador, a través de la presión ejercida “desde abajo” es
infinitamente más difícil que influir en un diputado de la Cámara de
Representantes.
No pretendo con esto formular descubrimiento alguno.
Después de todo, ¿no esta la razón por la cual la constitución confía a la Cámara
poderes en materia impositiva o de juicio político? Su mayor cercanía a los
electores hace a este cuerpo, por naturaleza, más susceptible a la presión
democrática. Si queremos, por tanto, recuperar la capacidad de incidencia real
en la política nacional, nuestra mejor opción –admitiendo que se trataría de un
trabajo cuesta arriba- sería centrarnos en la persona que nos representa en la
Cámara.
La cuestión, sin embargo, está en presionar a cada uno
de estos representantes para que hagan algo que, como órgano, parecen tener
miedo de hacer: recuperar el poder que originariamente se les confirió, no en
beneficio de su partido, sino de su papel institucional, de la constitución que
juraron y de los propios soberanos de esta nación: nosotros el pueblo. Si esto
no ocurre, el legado de la era Obama, al igual que el de sus predecesores
inmediatos, no será sino la consolidación de una presidencia cada vez más
imperial y el deslizamiento, cada vez más pronunciado, de la república al
imperio.
David Swanson fue secretario de prensa de D. Kucinich en su
candidatura presidencial de 2004. Actualmente dirige la página electrónica AfterDowningStreet.org y
ha sido el impulsor de Impeachbybee.org. Recientemente,
ha publicado, Daybreak: Undoing the Imperial Presidency and Forming a More Perfect Union (Seven Stories Press).
Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello
tomdispatch.com, octubre 2009
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
