La Administración Obama Continúa encubriendo torturas de Bush en Abu Ghraib
Kenneth J. Theisen
1 de junio de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
24 de junio de 2011
La Administración Obama ha vuelto a tomar una postura destinada a encubrir
los crímenes del régimen de Bush.
El 27 de mayo de 2011 en un escrito de amigo de la corte (amicus curiae),
el Procurador General EE.UU., Neal Katyal, en representación
de Obama, notificó a la Corte Suprema que no admitiera una demanda de 2004 que establece
que los empleados contratistas de la corporación militar CACI de los Estados
Unidos y de Titan (ahora Servicios L-3) participaron en la tortura y otros
actos atroces e ilegales perpetrados contra detenidos iraquíes, cuando eran
empleados para suministrar servicios de interrogatorio y como intérpretes,
respectivamente, en Abu Ghraib y otros centros de detención en Irak. El caso es
Haidar Saleh Muhsin, et al. v. Titan Corporation, et al.
La demanda fue presentada por cerca de 250 civiles torturados y gravemente dañados
en la infame prisión de Abu Ghraib en Irak por los contratistas acusados, según
el equipo legal de los detenidos.
Esta demanda fue presentada bajo el"Alien Tort
Statute". Según los demandantes, los acusados ometieron violaciones de las leyes estatales, federales
e internacionales, incluso tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, crímenes de guerra, crímenes contra la
humanidad, contratación y supervisión negligentes, y asalto sexual y agresión.
Los demandantes afirman que fueron víctimas de violación y amenazas de
violación y otras formas de asalto sexual, obligados a ver a un familiar
mientras era torturado y abusado con tanta ferocidad y sadismo que murió; declaran
que sufrieron repetidas palizas, incluso con cadenas, botas y otros objetos y
que los sometieron a desnudez forzada, uso de capuchas y los mantuvieron en aislamiento,
les orinaron encima, los humillaron, y les impedían hacer sus oraciones y de cumplir sus prácticas
religiosas. Los demandantes buscan compensación por daños contra los acusados.
Susan L. Burke, Abogada de los demandantes, declaró: "Se debe permitir
que este litigio contribuya a la verdadera historia de Abu Ghraib. Estos
hombres inocentes fueron torturados con demencia por las empresas de EE.UU. que
se beneficiaron de su miseria. Estos hombres acudieron a los tribunales de EE.UU.
gracias a nuestras leyes, como lo han hecho por generaciones, se debe permitir
que sus demandas sean escuchadas aquí”.
Los abogados de los detenidos alegaron que la Corte Suprema los EE.UU. debe conocer
el caso debido a una anterior decisión de apelación de septiembre 2009, que desestimó la demanda
en una decisión 2-1,dio al cuerpo de demandados incluso más protección que la que disfrutan los
soldados de EE.UU. y que constituye extralimitación judicial. El escrito de los demandantes sostuvo
además que las investigaciones militares habían encontrado que los contratistas participaron en las
torturas de Abu Ghraib. En octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia invitó al Fiscal General
en funciones a presentar un escrito en este caso, expresando las opiniones del gobierno de EE.UU.
Katherine Gallagher, Abogada Principal en el Centro de Derechos
Constitucionales dijo: "El escrito de la Administración Obama reconoce
las graves deficiencias en la decisión del tribunal inferior que el costo
de las víctimas de Abu Ghraib su día en corte, pero en última instancia, dice
que la justicia para las víctimas de tortura no vale la pena tiempo
de la Corte Suprema. Los sobrevivientes de la tortura tienen derecho a
que sus demandas contra corporaciones de EE.UU. sean escuchadas en el
fondo de un tribunal de EE.UU.”
En este caso, las dos empresas demandadas son sólo dos de las muchas compañías contratadas para
ayudar al gobierno de EE.UU. en sus crímenes de guerra, en la Guerra de Irak y otras aventuras colonialistas.
Estas empresas realizaron cientos de miles de millones en ganancias y siguen haciéndolo en las guerras
imperialistas de EE.UU.
El gobierno de Obama, al igual que el régimen de Bush, ha hecho todo lo que está a su alcance para
proteger a sus socios corporativos en la delincuencia. Anteriormente, el gobierno se salió del
camino para proteger a las empresas de telecomunicaciones de las demandas por su cooperación en el
espionaje masivo a los estadounidenses en una ampliación de la ley FISA. En otro ejemplo, el gobierno bajo
Obama pidió a un tribunal que desestime una demanda contra la compañía aérea que participó en secuestros
de rendidos bajo condiciones extraordinarias. Este último "consejo" a la Corte Suprema de Justicia
es parte integrante de la política de gobierno.
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