La Corte Suprema dejó que Ashcroft se escapara del anzuelo
Una y otra vez el gobierno de Obama,
los tribunales y el Congreso no sólo han fallado en hacer que los funcionarios del régimen de Bush sean imputados por sus
crímenes, sino que en realidad han "legalizado" los delitos o no realizaron
ninguna investigación real sobre ellos. |
Kenneth J. Theisen
3 de junio de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
24 de junio de 2011
El 31 de mayo 2011, la Corte Suprema de los EE.UU.permitió que el Fiscal General John Ashcroft, uno de los más feroces
criminales del régimen de Bush, escapara de la responsabilidad legal porel arresto injusto y la detención deun ciudadano de los
EE.UU.bajo la ley detestigo material federal.
La American Civil Liberties Union (ACLU) había presentado una demanda contra Ashcroft en 2005 en
nombre de Abdullah al-Kidd, un ciudadano de los EE.UU. que fue arrestado indebidamente y detenido
abusivamente en 2003 como testigo material en un caso de Visa. La demanda de la ACLU establece que
la detención de al-Kidd fue parte de un modelo pre-textual de un patrón de arrestos de testigos
materiales que se produjeron después del 11 de septiembre, en virtud de una política nacional instituida por
Ashcroft. La ley fue utilizada como una "excusa legal" para detener a muchas personas
que de otra manera no podían ser arrestadas. Al-Kidd fue sólo una de las muchas víctimas de este abuso de la ley
por el gobierno de EE.UU. bajo la dirección de Ashcroft. La Cuarta Enmienda prohíbe la detención de
presuntos delincuentes sin causa probable, pero Ashcroft y otros funcionarios del régimen de Bush utilizaron
la ley de testigos materiales para eludir el requisito de causa probable y la Constitución.
La Ley Federal de Testigos Materiales de EE.UU. ley permite detener a un testigo
cuyo testimonio creen los fiscales que es fundamental en un proceso penal si se
considera que el testigo no atestiguará voluntariamente. Al-Kidd fue arrestado y detenido
aparentemente por lo que había declarar como testigo en el juicio de Sami Omar al-Hussayen,
quien asistió a la misma universidad que al-Kidd y fue acusado de fraude de visa. Sin
embargo, a pesar de no haber sido llamado nunca a testificar en el caso ni acusado
de delito alguno, al-Kidd fue detenido durante 16 días, lo trasladaron a tres centros
federales de detención aislados en tres estados diferentes y fue atropellado al obligarlo a permanecer
desnudo y al encadenarle manos y pies.
En la decisión del tribunal ningún miembro de la Corte Suprema sostuvo que el uso del gobierno
de la Ley de testigos esenciales era legal en todo el caso de al-Kidd. Además cuatro de los
jueces por separado, escribieron que tenían verdaderas preguntas sobre el uso de la ley en su arresto
y detención. Sin embargo, el tribunal sostuvo que Ashcroft quien estaba a cargo de la utilización
abusiva de la ley no puede ser considerado legalmente responsable de sus actos.
Lee Gelernt, director adjunto del Proyecto de de Derechos de Inmigrantes de
la ACLU declaró: "Infortunadamente, la Corte permitió que el
Fiscal General Ashcroft escapara del anzuelo, pero la mitad de los jueces que participaron en
la decisión de hoy expresan interrogantes acerca de cómo el gobierno utilizó la Ley de
testigos esenciales en todo el caso de al-Kidd. Nuestra esperanza es que estas preguntas
conducirán a un serio examen sobre el avance del uso de la ley como una herramienta para la detención preventiva."
No hay que contar con ninguno de tales exámenes serios. Una y otra vez el gobierno de Obama,
los tribunales y el Congreso no sólo han fallado en hacer que los funcionarios del régimen de Bush sean imputados por sus
crímenes, sino que en realidad han "legalizado" los delitos o no realizaron
ninguna investigación real sobre ellos. La reciente aprobación de la extensión de la Ley Patriota
es sólo uno de los muchos ejemplos de esto. No cerrar Guantánamo es otro. Las guerras ilegales
han continuado y se han expandido. La vigilancia masiva, las entregas extraordinarias, las detenciones
ilegales y por tiempo indefinido, torturas, asesinatos, etc. todos ellos constituyen
ahora la política oficial del gobierno de Obama.
Los abusos y crímenes del régimen de Bush y su permanencia bajo la administración
de Obama no van a ser detenidos por ninguna acción oficial del gobierno de
EE.UU. Sólo un movimiento masivo de millones de personas puede poner fin a estos crímenes y que
los responsables sean imputados y rindan cuentas de ellos. Esta última decisión judicial
es sólo un ejemplo más de que el sistema continúa "legalizando" losc rímenes y abusos.
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