Torturas de la CIA: ¿Es peor investigar a medias que no hacerlo en absoluto?
- El proceso puede llevar a la protección de los torturadores que obraron de buena fe
- La semirresponsabilidad da pie a que se vuelvan a utilizar torturas como método
DAHLIA LITHWICK* (SLATE)
27-08-2009
La publicación el pasado lunes de un informe del inspector general de la CIA y la
noticia simultánea de que el fiscal general de EEUU, Eric Holder, ha encargado
al fiscal federal John Durham investigar cerca de una docena de casos en que
miembros de la CIA infringieron la ley al torturar a prisioneros ha dividido al
país en dos facciones claramente reconocibles. Los partidarios de la
tortura despiadada (ahora algunos incluso se jactan de ser justamente
eso) insisten en declarar que ésta funciona y que, en palabras de Dick Cheney,
quienes llevaron a cabo los interrogatorios "merecen nuestra gratitud
" y no "ser el blanco de investigaciones o acusaciones
políticas". Entre tanto, a la mayoría de quienes se oponen a la
tortura les indigna que la orden dada a Durham sea investigar tan sólo unos
cuantos casos deplorables sin que se vaya a examinar con lupa a los juristas y
políticos que sembraron un clima político donde obtener información
relevante para la seguridad del Estado llegó a ser más importante que cumplir
la ley. Como escribió la noche del pasado lunes Glenn Greenwald :
(EFE)
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La CIA amenazó a presos con taladradoras.
"Que nada de esto
ocurrió por accidente es un hecho manifiesto. Tal como se observa constantemente
en el informe de la CIA, todos estos métodos constituyeron severas desviaciones
de directrices (si no prácticas) que la CIA aplica desde hace mucho tiempo. Y
todo pasó porque los más altos funcionarios del gobierno de EEUU dijeron que
era permisible, que la protección que contemplaba la Convención de Ginebra era
'pintoresca', obsoleta e inaplicable y que estaba plenamente justificado que
EEUU hiciera lo que quiera que estuviera en su mano en nombre de la lucha
antiterrorista."
En cierto sentido es admirable que Holder esté luchando por seguir apelando a "la ley" ante la decisión
política de su jefe de dejar en paz a los torturadores y la insistencia de sus
detractores de que él solito está
llevando a Estados Unidos a ser menos seguro. Holder merece que un reconocimiento por el hecho de que
en sus declaraciones anunciando que designaba a un fiscal especial no se dignó
a abordar la cuestión de si la tortura 'funcionaba', puesto que para él
no se trataba, ni jamás se trató, de una cuestión legal.
Todo esto es muy loable: Holder está entregado a proteger la integridad de la legalidad vigente a pesar de la
fortísima presión política que empuja a ignorar el pasado y a aunar esfuerzos
para lograr un futuro más amable y moderado. Se niega a ser arrastrado
a una disquisición sin sentido sobre si las disposiciones legales tal vez cuenten
menos porque se haya demostrado que violarlas puede reportar algún beneficio.
Pero, por otra parte, Holder ha caído presa de la misma especie de pensamiento
legal mágico que impregna todo el informe de la CIA: la presunción de que, si
hay un informe legal, éste ha de ser legal.
Holder parte de la peligrosa idea de que la investigación de Durham ha de apoyarse en lo legalmente dispuesto en
los conocidos como informes de la tortura de la Oficina de Asesoramiento Legal
del Departamento de Justicia (tejido a partir de información mala y precedentes
aleatorios). Sugerir, como hizo ayer Holder, que "cualquiera que actuara
de buena fe y conforme a la orientación jurídica del Departamento de Justicia
de EEUU (OLC) en los interrogatorios a detenidos" quedaría impune es sugerir
que los funcionarios de la CIA de bajo rango y el personal contratado que
actuaron mal sobre el terreno son legalmente culpables mientras que aquellos
que dieron una mala orientación legal no lo son. En otras palabras,
ahora se está protegiendo a los torturadores que actuaron de buena fe.
Esto no sólo está mal: es vergonzoso. Ratifica el aspecto más dañino de toda la batalla legal
contra el terror: que todo está permitido si va acompañado de un informe.
Si tu mala conducta se ciñe a lo que pone en un documento con notas a pie de
página y justificaciones —incluso una vez consumados los hechos— puedes hacer
lo que te plazca. Que se interpongan acciones judiciales contra quienes
se descarriaron pasándose de la raya con las nuevas normas y no tener en cuenta
la culpabilidad de quienes se desviaron de la ley al crear dichas nuevas normas
significaría que, en Estados Unidos, un título en Derecho viene a ser lo mismo
que una defensa asegurada. El congresista republicano Jerry Nadler lo
explicó de la siguiente forma este mismo mes cuando advirtió que no tenía
ningún sentido procesar al tipo que cogió un cuarto de litro de agua para
torturar con la técnica de asfixia simulada y no al jurista que dijo que esta
práctica era legal si se empleaban 100 ml de agua. O miramos a ambas caras del
fracaso legal posterior al 11-S o a ninguna. La alternativa es buscar un chivo
expiatorio, como ocurrió tras lo de Abu Ghraib.
Por eso es tan grave que el Departamento de Justicia estadounidense haya dejado una vez más de hacer
público otro informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPC), uno
que implicaba a quienes efectivamente torturaron, incluyendo a John Yoo y a
otros abogados del Departamento de Justicia, por violar los deberes que les
impone su código ético profesional al redactar los informes originales que
dieron base legal a la tortura. Al establecer una diferencia entre la
conducta de los miembros de alto rango de la CIA y quienes condujeron los
interrogatorios, el Departamento de Justicia de EEUU está perpetuando el mito
según el cual "cumplir órdenes nada más"
constituye una defensa legal e insulta a tantos y tantos miembros de la CIA que se
opusieron a las nuevas normas, rehusando participar en la cámara de los horrores que un puñado de superiores
había diseñado. Todo lo que se dice hoy sobre hundir a la CIA
investigando cómo se transgreden internamente las normas es ridículo. Ya se
intentó corromper un informe elaborado por el inspector general de la CIA con
afirmaciones inconsistentes de que las normas habían dejado de ser las normas.
(EFE)
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¿Se volverán a instaurar los principios de tortura de la era Bush?
El sistema legal estadounidense no va tan sólo de crimen y castigo. Es un conjunto de pautas para conducirnos en
el futuro y dar al resto del mundo un mensaje sobre nuestros valores. Este propuesto
régimen Holder-Durham de semirresponsabilidad —lamentamos todo este asunto de
las torturas pero no lo suficiente como para investigar a fondo cómo llegó a
suceder— es un arma de doble filo peligrosa: da paso a que se vuelvan a
instaurar los fundamentos para la tortura de la era Bush, por si volvieran a
hacer falta en el futuro, y permite aconsejar a nuestros aliados y enemigos
que, bajo circunstancias desesperadas, es plausible que hagan otro tanto.
Optar por ser responsable sólo a medias supone, llevando un poco más lejos el
mismo argumento, que la tortura es únicamente reprobable en parte. Ta-Nehisi Coates
sostiene que "realmente no alberga duda alguna de que podríamos comenzar a
torturar de nuevo (y, de hecho, lo haríamos) si se perpetrara otro ataque
terrorista." Si no desmontamos la base del régimen de la tortura, estará
en lo cierto.
El fiscal general Holder es lo suficientemente perspicaz como para saber que los fiscales especiales tienden a
destapar asuntos sucios y que incluso con la orden limitada que ha dado a
Durham, pronto se dará de cabezazos contra esa dura pared que constituyen los
informes de la tortura. Prácticamente cualquier investigación en torno
a si un prisionero fue sometido a asfixia simulada 'adecuadamente' se
enfrentará a la absurda pregunta de por qué Estados Unidos puso en práctica
esta tortura en primer lugar. O Durham pasa por el aro de Holder de
que cualquier cosa aprobada por los informes del Departamento de Justicia fue
legal per se o su investigación le llevará a formular las mismas
preguntas a las que acabará dando respuesta el propio informe del Departamento
de Justicia: ¿cómo conseguir información a cualquier precio se convirtió
en la respuesta legal en lugar de ser la pregunta legal?
Cuesta imaginar quién está más avergonzado: la CIA, el Departamento de Justicia, su Oficina de Asesoramiento
Legal o el presidente.
Cuesta imaginar quién está más hundido y avergonzado ahora: la CIA, el Departamento de Justicia o su Oficina
de Asesoramiento Legal o el presidente. Pero la transparencia y la falta de
responsabilidad son vergonzosas. Tal vez éste no sea un proceso que pudiera
dejar a nadie contento, pero sentirse bien no es el único objetivo.
Al presidente Obama le avergüenza tener que llamar a declarar sus propios empleados. Eric
Holder se avergüenza de tener que avergonzar a su jefe. A la CIA le avergüenza
que unos cuantos de sus funcionarios y agentes contratados se dejaran llevar ciegamente
por Dick Cheney hacia el lado oscuro. Y la mayoría de los
estadounidenses están avergonzados de leer que en los días más negros que
siguieron al 11-S, el gobierno amenazó a prisioneros con taladradoras y con
violar a familias para sonsacar información mala. Todo es vergonzoso.
Pero Estados Unidos va a tener que hacer las paces con su coqueteo con el
maltrato a prisioneros de alguna forma. Esto puede implicar lo que estamos
haciendo: airear nuestros trapos sucios por separado o designar a una comisión
o un fiscal especial para hacerlo bien. O puede tan solo quiera suponga sumarse
a Dick Cheney en su convencimiento de que las leyes contra la tortura están
ahora obsoletas. Pretender que estamos investigando y restringir un programa de
tortura no es tan distinto de pretender que no torturamos desde un principio.
*Artículo originalmente publicado en el medio
digital estadounidense Slate.
(Traducción: Carola Paredes)
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