DERECHOS HUMANOS-EEUU: Un secreto a gritos
Publicado por IPS Noticias el 2 Junio, 2009
Análisis de William
Fisher
NUEVA YORK - El presidente Barack Obama dice que quiere acabar con la falta
de transparencia de las autoridades de Estados Unidos, pero los abogados de su
propio gobierno parecen contradecirlo al negarse a revelar datos sobre el uso de
intervenciones telefónicas.
También respaldaron las maniobras legales para impedir la difusión de
fotografías de abusos sufridos por prisioneros bajo custodia estadounidense en
Iraq y Afganistán..
La semana pasada, Obama anunció la formación de un grupo de trabajo que
analizará las políticas gubernamentales en materia de clasificación de
información.
Propuso, incluso, crear un Centro Nacional de Desclasificación para facilitar
la revelación pública de datos antes secretos. El presidente reafirmó al
realizar sus anuncios su compromiso de “operar con un grado de apertura sin
precedentes”.
Pero al día siguiente, abogados del Departamento de Justicia (fiscalía
general) anunciaron que desafiarían en la Corte Suprema de Justicia un fallo del
tribunal federal de apelaciones de Nueva York que ordenaba al gobierno hacer
públicas fotografías que documentan abusos contra sospechosos de terrorismo bajo
custodia estadounidense.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), había
presentado una demanda invocando la Ley de Libertad de Información (conocida por
sus siglas en inglés, FOIA), buscando obligar a su difusión.
Un juez federal accedió y ordenó al gobierno dar a conocer las fotos.
Obama señaló que cumpliría con el dictamen judicial, pero luego cambió de
opinión, pues, según él, la difusión de las imágenes podría poner en riesgo la
vida de soldados estadounidenses.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia dijo al tribunal que la
apelación formal con plazo al 9 de junio será innecesaria si el Congreso
legislativo aprueba rápidamente el proyecto de ley denominado de Protección de
Registros Fotográficos de Detenidos.
La iniciativa apoyada por la Casa Blanca fue aprobada por el Senado el 2 de
mayo. De sancionarse, prohibirá la difusión de fotografías tomadas entre el 11
de septiembre de 2001 y el 22 de enero último “relativas al trato de individuos
comprometidos, capturados o detenidos” por las fuerzas armadas estadounidenses
en operaciones realizadas en el exterior.
Además, “el secretario de Defensa y el presidente del Estado Mayor Conjunto
determinan que, de divulgarse, pondrían en peligro a personal militar” antes de
que se disponga la prohibición de su publicación.
El secretario de Justicia (fiscal general), Eric Holder, rescindió de pautas
incluidas en la FOIA durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009) y las
reemplazó por nuevas normas para preservar la difusión de datos sobre
operaciones del gobierno.
En el caso de las intervenciones telefónicas, abogados de una ahora extinta
organización saudita alegan que fueron víctimas de espionaje electrónico por
parte del gobierno.
Un juez federal ordenó al gobierno de Obama revelar documentos relativos a
esa acusación.
La intervención telefónica presuntamente se registró en el marco del
“programa de control de terroristas” lanzado por Bush luego de los atentados que
el 11 de septiembre de 2001 acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y
Washington.
Respondiendo a una consulta de un juez federal sobre si el gobierno debería
ser sancionado por “no obedecer las órdenes judiciales”, el Departamento de
Justicia se negó a difundir los documentos y pidió permiso al tribunal para
apelar su decisión.
Lo hizo invocando la separación de poderes, según escribió el asesor especial
de litigios del Departamento de Justicia, Anthony Coppolino, al juez federal
Vaughn Walker.
Un portavoz del Departamento dijo que las sanciones no eran justificadas
porque sólo el gobierno puede decidir si revelar o no documentos que considera
secretos de Estado.
La demanda fue presentada en la occidental ciudad de San Francisco por dos
abogados estadounidenses que alegan que sus llamadas telefónicas fueron
ilegalmente interceptadas por la Agencia Nacional de Seguridad en el gobierno de
Bush.
Los abogados representan a la Fundación Islámica Al-Haramain, a la que el
Departamento del Tesoro (ministerio de hacienda) atribuía vínculos con el
terrorismo.
Jon Eisenberg, representante legal de los dos abogados, dijo en ese momento
al juez Walker que el propósito de la demanda era definir la legalidad del
programa de escuchas telefónicas de la era de Bush, e incluso “las teorías
expansivas del poder presidencial” que guiaron su gestión.
Bush alegó que sus poderes de guerra le conferían la autoridad para escuchar
secretamente comunicaciones electrónicas de ciudadanos estadounidenses sin
mediar orden judicial.
“Los abogados del Departamento de Justicia repiten los mismos argumentos que
el juez Walker ya rechazó. Lo tratan como si fuera irrelevante”, dijo Eisenberg
a IPS.
La demanda de San Francisco se inició cuando el gobierno transmitió
accidentalmente documentos que mostraban que sus comunicaciones de ultramar con
miembros de Al-Haramain eran interceptadas sin autorización.
Los abogados demandantes fueron obligados a devolver los documentos por estar
catalogados como de máximo secreto.
En el caso de Al-Haramain, el Departamento del Tesoro concluyó que el grupo
estaba enviando dinero a terroristas en Chechenia y lo clausuró. Pero,
inadvertidamente, el gobierno de Bush dio a conocer un documento
clasificado.
Según los abogados, éste revelaba que las autoridades habían interceptado
llamadas telefónicas de la organización y de ellos mismos sin mediar una
orden.
Al-Haramain demandó al gobierno de Bush. Pero cuando el caso llegó a
tribunales en 2006, el gobierno invocó el “privilegio del secreto de Estado”,
argumentando que no se podría seguir adelante porque eso revelaría información
que comprometería a la seguridad nacional.
Pero el juez Walker rechazó los alegatos del gobierno, y dictaminó que el
presidente no podría invocar el privilegio de los secretos de Estado para
ocultar la evidencia y desestimar el caso.
Los abogados de Al-Haramain dijeron necesitar los documentos clasificados
para representar a sus clientes. También se mostraron sorprendidos de que el
gobierno de Obama defendiera con tanto fervor el mismo punto de vista del de
Bush.
“Yo preví que el Departamento de Justicia de Obama adoptaría un enfoque más
razonable para avanzar con este litigio sin poner en peligro la seguridad
nacional, lo que, según creo, puede hacerse fácilmente”, dijo Eisenberg a
IPS.
“Estoy anonadado de ver que el nuevo Departamento de Justicia de Obama
recorre el mismo camino” que durante el gobierno de Bush, agregó.
“Por ahora no estamos viendo ningún ‘cambio en el que podemos creer’ relativo
al abuso presidencial del privilegio de los secretos de Estado”, declaró, en
alusión al eslogan de la campaña electoral de Obama.
Bush dijo que ordenó secretamente a la Agencia Nacional de Seguridad realizar
escuchas telefónicas a ciudadanos presuntamente vinculados a terroristas porque
eso era “crítico para salvar vidas estadounidenses” y “consistente con el
derecho y la Constitución de Estados Unidos”.
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