Una bomba silenciosa
Por Juan Gelman
23 de agosto de 2009
Pocos tal vez recuerden que Laura Bush ejerció de
feminista extrema cuando abogó por guerrear en Afganistán para terminar con “la
opresión de las mujeres” bajo los talibán. Hubo toda una campaña internacional
previa en favor de los derechos pisoteados de la mujer afgana y su “liberación”
fue uno de los argumentos que EE.UU. y sus aliados reiteraron para invadir
Afganistán el 7 de octubre de 2001. Como es notorio, el régimen talibán fue
derrocado en noviembre, y en diciembre se estableció un gobierno de transición
encabezado por Hamid Karzai, elegido presidente por el voto popular en 2004 y
tal vez reelecto en las elecciones del jueves pasado.
Era más que duro y humillante el estatuto de la mujer afgana bajo el
régimen talibán. Desde los 8 años tenían prohibido entrar en contacto con un
hombre, excepto que fuera un familiar. Las mujeres no debían andar solas por la
calle ni hablar en voz alta en público ni podían asomarse al balcón de su casa
ni estudiar ni trabajar ni andar en bicicleta o en motocicleta o en taxi con el
rostro descubierto, tenían que vestir burkas y de hecho vivían en arresto
domiciliario. El castigo a las que violaban estas normas era público y cruel. A
ocho años casi de tumbado el sistema, las cosas no han mejorado mucho.
Es cierto que algunas mujeres ocupan bancas en el Parlamento afgano y que
millones de niñas asisten ya a la escuela primaria. Pero las restricciones
aumentan para cursar la secundaria: sólo el 4 por ciento alcanza a terminarla.
“La violencia contra las mujeres es endémica, son amenazadas en público y
varias han sido asesinadas” (The Washington Post, 18.8.09). El “democrático”
Karzai ha empeorado esta condición.
El 27 de julio último, quizás aprovechando los estrépitos de la guerra,
puso una bomba silenciosa: la ley del estatuto personal chiíta, que faculta a
los chiítas hombres a privar a sus mujeres de alimentación y sustento si éstas
se niegan a obedecer sus demandas sexuales cuando las exijan. Los derechos de
custodia de los niños quedan en manos de los padres y los abuelos y ellas deben
pedir permiso a los maridos para trabajar. Las mujeres sólo pueden abandonar su
domicilio si existe “un motivo legal urgente”. Esta ley rige para la minoría
chiíta del país y viola el artículo 22 de la nueva Constitución afgana, que
declara que hombres y mujeres “tienen los mismos derechos y obligaciones ante
la ley”. También transgrede la Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que
Afganistán es Estado Parte. Y más, claro: reimpone un régimen hogareño que los
talibán aplaudirían a rabiar.
Karzai produjo un primer intento de promulgar estas regulaciones a
comienzos de abril de este año, pero la protesta internacional lo obligó a
prometer su modificación y, en efecto, se introdujeron algunas correcciones.
Más bien en su redacción: “Expertos en la ley islámica y activistas de derechos
humanos declaran que, aunque se ha cambiado el lenguaje de la ley anterior,
permanecen muchas de las disposiciones que alarmaron a los grupos pro derechos
de la mujer” (The Guardian, 15.8.09). Por ejemplo, la del tamkeen –señalada más
arriba– que califica de “desobediente” a la mujer que no muestra prontitud en
satisfacer el deseo sexual de su marido y que recibe entonces la penalidad
consecuente: no hay sexo, no hay comida.
El presidente afgano destinó esta movida a ganarse el apoyo electoral de
los chiítas ante el aumento alarmante de la popularidad de su contrincante más
cercano, Abdulá Abdulá, que pasó en dos meses del 7 al 26 por ciento de la
intención de voto. A pesar de sus promesas de mejorar la situación de las afganas,
Karzai optó por satisfacer a quienes piensan todavía que la mujer es un objeto
desechable. Durante la campaña electoral cortejó al ayatolá Mosheni, que se
considera a sí mismo el líder de los chiítas del país, y a otros dirigentes
musulmanes de línea dura. La consecuencia sería esta ley.
“Karzai ha cerrado el trato impensable de vender a las mujeres afganas a
cambio del apoyo de los fundamentalistas en las elecciones del 20 de agosto”,
señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (Reuters, 14.8.09).
“Se suponía que esta clase de leyes bárbaras –agregó–- había sido relegada al
pasado con el derrocamiento de los talibán en 2001.” Muchos críticos de la ley
han recibido amenazas de muerte que se cumplieron con Sitara Achkzai, una
prominente defensora de los derechos de la mujer que fue asesinada a balazos en
Kandahar (www.hrw.org, 15.4.09). Pero Occidente aún no ha reaccionado ante las
nuevas disposiciones. Tal vez porque Obama subrayó que la guerra en Afganistán
no sólo es justa, también es necesaria.
Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/contratapa/13-130439-2009-08-23.html
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