¿Va a cerrar Obama Guantánamo?
Carlos Sardiña
elgranjuego.periodismohumano.com
28 de mayo de 2010
Una de las primeras cosas que hizo Barack Obama tras asumir el cargo de presidente de
Estados Unidos en enero de 2009 fue firmar dos órdenes ejecutivas
para poner fin a los interrogatorios a los presos de Guantánamo, suspender
los juicios a sus prisioneros que ya se estaban celebrando y cerrar la prisión
en un “plazo inferior a un año”. Fue una decisión cargada de valor simbólico
que parecía anunciar un cambio de era. Un año y cuatro meses después, el penal
militar que el mismo Obama ha calificado de “agujero negro legal” continúa en
funcionamiento, en él siguen encerrados 181 prisioneros y el Gobierno
estadounidense pretende mantener
detenidos de forma indefinida y sin juicio a cuarenta y ocho de ellos.
Imagen del interior de Guantánamo tomada el pasado 30 de marzo (AP Photo/Brennan
Linsley). |
Es cierto que los planes de Obama para cerrar Guantánamo se han visto obstaculizados por la oposición del Senado y el Congreso pero,
como señalaba un informe elaborado por el Center for American Progress (un
think tank muy vinculado al actual gobierno), la Casa Blanca cometió todo tipo de errores
para cerrar la prisión: uno de los principales problemas fue que Obama no
liberó en Estados Unidos a algunos presos inocentes lo bastante rápido como
para evitar que se afianzase la fuerte oposición de muchos congresistas a esa
medida. Después, debido en parte a que el Gobierno no apoyó a los congresistas
partidarios de los traslados, se formó una mayoría en el Congreso que acabó
impidiéndolos.
Como consecuencia de ello, ciertos presos declarados inocentes pero que podrían
sufrir torturas o incluso ser asesinados en sus países de origen, están siendo
acogidos en terceros países, lo cual resulta enormemente complicado teniendo en
cuenta que Estados Unidos trata de convencer a los países de acogida de que son
completamente inofensivas unas personas que no acepta en su territorio por
supuestos motivos de seguridad. España ha decidido acoger a cinco de ellos y de
momento ha recibido a dos: un yemení y un palestino. De este último, cuyo
nombre es Walid Hijazi, se sabe,
entre otras cosas,
que arrastra un tremendo trauma por su estancia en Guantánamo, que vive
en un hotel de una capital de provincia desde que fue liberado en marzo y que,
pese a no haber ninguna acusación contra él, no puede salir de España y está
sometido a una vigilancia constante.
Ahora el Congreso de Estados Unidos podría bloquear la “solución” que había propuesto
Obama para cerrar el penal militar: trasladar a los presos detenidos
de forma indefinida a una prisión de alta seguridad en el estado de
Illinois. Es decir, simplemente, mover Guantánamo de lugar. Un comité del
Congreso especializado en temas de defensa aprobó el pasado miércoles una ley que prohíbe emplear dinero
del presupuesto de defensa previsto para 2011 en construir, comprar o modificar
cualquier instalación carcelaria dentro de territorio estadounidense para
albergar a presos de Guantánamo. Es más que probable que el Congreso apruebe
esa ley la semana que viene.
La decisión del Congreso supone un varapalo político para Obama, que hizo del cierre de
Guantánamo una de sus principales promesas, y probablemente lo retrase un año
más del previsto. Tal y como están las cosas, es posible que no llegue a cerrar
la prisión durante su primera legislatura, y quizá no lo haga nunca.
Pero teniendo en cuenta que los presos iban a estar sometidos a las
mismas condiciones en Illinois que en Guantánamo, la decisión del Congreso
carece hasta cierto punto de trascendencia. Dadas las circunstancias, no tiene
demasiada importancia la localización geográfica de la cárcel en la que están
encerrados unos presos a los que se sigue despojando de sus derechos
fundamentales.
Cuando firmó las órdenes ejecutivas para cerrar Guantánamo, Obama declaró que Estados Unidos
iba a “continuar la lucha contra la violencia y el terrorismo”, pero “de una
manera que sea consistente con nuestros valores e ideas” y que se negaba a
aceptar el falso dilema de escoger entre librar la “guerra contra el
terrorismo” y respetar los derechos humanos. Ahora ha presentado su nueva
estrategia de seguridad nacional y ha rechazado
explícitamente la noción de la “guerra contra el terrorismo” iniciada por Bush y ha declarado que
el enemigo es Al Qaeda y sus asociados.
Sin embargo, dadas las políticas de su primer año y medio en el gobierno, caben pocas dudas
de que se trata de un mero cambio semántico y de que Obama no ha sabido o no ha
querido rechazar el “falso dilema” entre la lucha antiterrorista y el respeto a
los derechos humanos. Como señalaba el periodista británico Andy Worthington en
una entrevista concedida a Periodismo Humano
el pasado mes de julio “la administración Obama no ha puesto en duda los
fundamentos de la ‘guerra contra el terrorismo’ de la administración Bush ” y
ha mantenido “demasiadas opciones sobre la mesa al presentar cinco posibles
procedimientos para los prisioneros de Guantánamo: excarcelación o traslado,
juicios en tribunales federales, juicios en una versión remozada de las
comisiones militares (los “juicios a terroristas” que puso en marcha Dick
Cheney en noviembre de 2001) y detención indefinida”.
Poco han cambiado las cosas desde entonces. Estos días en que trata de distanciarse
públicamente de la era Bush, la administración Obama ha hecho suyo uno de los instrumentos
fundamentales de la “guerra contra el terrorismo”: el derecho a mantener detenidos
indefinidamente en Afganistán a “combatientes enemigos” despojándoles del
derecho de habeas corpus. Como señala el prestigioso
abogado y blogger Glenn Greenwald, pese a que una
sentencia de 2008 dictaminó que era inconstitucional mantener detenidos a los
prisioneros sin un proceso judicial, la administración Bush, y ahora la de
Obama, han alegado que el precedente de aquella sentencia sólo era aplicable a
los casos de los detenidos en la prisión de Guantánamo, no a los que se
encontrasen en la prisión afgana de Bagram. El día 21, una corte de apelación
le dio la razón a Bush y a Obama cuando dictaminó [pdf] que los
prisioneros de Bagram, incluso los que habían sido
detenidos fuera de Afganistán, no tienen derecho a cuestionar la legitimidad de
su detención ante un tribunal federal estadounidense, ya que la sentencia de
2008 no es aplicable a prisiones que se hallan en zonas de guerra. Con o sin
Guantánamo, bajo el nombre de la “guerra contra el terrorismo” o no, con Obama
o con Bush, Estados Unidos sigue manteniendo agujeros negros en los que
la ley, simplemente, no existe.
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