Wikileaks y el silencio de Obama
Editorial
La Jornada
25 de octubre de 2010
Ayer, el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, reconoció la necesidad
de investigar los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas occidentales
que invadieron, destruyeron y ocuparon Irak, y que fueron revelados dos días
antes por el portal Wikileaks, el cual dio a conocer cientos de miles
de informes militares que documentan masacres, asesinatos, torturas y otro
sinfín de atropellos cometidos por los agresores occidentales.
Tal reconocimiento se suma a los señalamientos de la Relatoría de la ONU
sobre la Tortura, Amnistía Internacional y otras instancias internacionales de
derechos humanos, y contrasta con las destempladas y equívocas reacciones del
gobierno estadounidense: la secretaria de Estado del gabinete de Barack Obama,
Hillary Clinton, ha reaccionado a las revelaciones como si trabajara para el ex
presidente George W. Bush, responsable principal del genocidio perpetrado en
Irak: caracterizando la difusión de los documentos militares por Wikileaks
como un peligro para las vidas de estadounidenses y sus aliados y amenazan con
perseguir judicialmente a cualquier publicación que amenace nuestra seguridad o
la seguridad nacional de aquellos con los que trabajamos. Por su parte, Dave
Lapan, vocero del Departamento de Defensa, dijo que la difusión de los archivos
podía implicar una amenaza para (nuestros) soldados o para los iraquíes que han
colaborado con nosotros.
El actual mandatario estadounidense ha guardado hasta ahora un silencio
injustificable, habida cuenta de la gravedad de las revelaciones: en efecto,
los informes dados a conocer por Wikileaks obligan a ver la incursión
militar estadounidense en Irak desde la perspectiva que el poder público de
Washington siempre ha negado: la de un exterminio deliberado, programado y
sostenido de iraquíes por varios métodos: desde el asesinato de combatientes
que ya se habían rendido hasta la tortura masiva en las cárceles controladas
por el Pentágono, pasando por la eliminación de sospechosos en puestos de
control.
Para mayor vergüenza, los papeles del Pentágono documentan la negativa a
investigar los atropellos cometidos por las fuerzas propias y por sus
subordinados locales, y reflejan una política de ocultamiento de información por
parte de las autoridades estadounidenses e inglesas, las cuales, durante más de
un lustro, habían venido sosteniendo que carecían de cifras sobre las bajas
colaterales, es decir, los no combatientes muertos en el contexto de la
invasión y la ocupación del infortunado país árabe. La información divulgada,
sin embargo, muestra que los gobiernos de Washington y Londres poseían datos
precisos que arrojan un total de más de 100 mil muertes causadas desde el
inicio de la agresión bélica (2003) hasta 2009, y que más de 60 por ciento de
ellas corresponden a civiles no combatientes.
Ante tales evidencias, los actuales gobiernos de Washington, Londres y
Madrid tendrían que emprender sendas investigaciones de los principales
responsables políticos de la carnicería perpetrada en Irak por sus fuerzas
militares –a las que se sumaron las de otras potencias menores e incluso las de
algunos países subdesarrollados– y procurar el castigo de los culpables de
acuerdo con las leyes nacionales e internacionales. De otra forma, se
ratificará la hipocresía de las potencias occidentales en materia de respeto a
la legalidad: defensoras del orden mundial y de los derechos humanos cuando los
atropellos son cometidos por otros gobiernos, y encubridoras de sus propios
criminales. Con esa doble moral, y por crímenes menos graves y numerosos que
los que cometió el gobierno de Bush en Irak, Estados Unidos y sus aliados
europeos han llevado a diversos ex gobernantes y políticos de países pequeños
ante tribunales de guerra y los han ejecutado o condenado a severas penas de
cárcel. Paradójicamente, tal fue el caso del propio Saddam Hussein y de buena
parte de sus colaboradores.
En lo inmediato, quien debe dar el primer paso es Barack Obama. Si en el
círculo que lo rodea aún quedase un vestigio de intención renovadora, la Casa
Blanca tendría que cambiar de enfoque ante la evidencia del genocidio en Irak
y, en vez de condenar la difusión de los documentos que lo prueban, acusar
penalmente a George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice y demás involucrados
en esa barbarie.
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